Esto va de democracia

El título de este artículo y los lemas que del mismo se derivan los tomo prestados del documento que la plataforma Puertas Abiertas al Catalanismo presentó recientemente en el Colegio de Abogados de Barcelona. No pretendo plagiar sus ideas o propuestas. Si éste fuera mi interés, me imagino capaz de hacerlo con más disimulo. No, no es ésta mi intención. Sencillamente, sin complejo alguno y con descaro, pretendo asumir la letra y el espíritu de su proclama.

Me parece importante remarcar que, si bien el mencionado acto se convocó con el reclamo “Esto va de democracia”, el manifiesto presentado viene prologado por un enunciado tan diáfano como sugerente: “Contra la ley, no; solo con la ley, tampoco”. A esta máxima le sigue una frase que sintetiza la esencia del escrito presentado en sociedad: “No degrademos nuestras instituciones ni saltándonos el Estado de derecho ni bloqueando los cambios que son necesarios y posibles”.

El manifiesto tiene una doble intencionalidad: proclamar alto y claro que “ley y democracia no pueden ser presentados como términos contradictorios” y que “la veneración a la ley y su petrificación” no beneficia al bien común. Para hacer cumplir la ley está la Justicia; para adaptarla a los cambios sociales contamos con el Parlamento, y para la resolución de conflictos, como es el caso de la “cuestión catalana”, necesitamos la política. Y cuando ésta falta, como sucede ahora, el desequilibrio resultante esteriliza las posibles soluciones al conflicto.

En cuanto al respeto a la ley, el independentismo practica una continua perversión de conceptos y principios. Se confunde legalidad con legitimidad y se presenta la democracia como valor superior a la ley. Pues bien, no hay democracia sin respeto a la ley. Es más, lo que no es legal no es democrático. Puede haber Estados de derecho sin democracia, pero nunca democracias sin Estado de derecho. La arquitectura legal de nuestra democracia está diseñada en la Constitución. No existen legalidades en plural, y distintas, como pregona el independentismo para amparar sus acciones en una supuesta legalidad catalana. Existen marcos legales diversos, pero el catalán debe ajustarse al español, y éste, al europeo.

El Gobierno de España tiene que dar el primer paso al ser el más fuerte de los contendientes

¿Es mucho pedir, de quienes quieren construir un nuevo Estado, que dejen de enmarañar y muestren respeto por la ley? ¿No se dan cuenta de que la cultura de la desobediencia cupera —lógica y coherente en sus compañeros de navegación hacia Ítaca— es lo más corrosivo para cualquier Estado, nuevo o viejo, hecho o por hacer? ¿No son conscientes de que con ello pulverizan la legitimidad de sus propuestas ante la sociedad española y ante la comunidad internacional? Y todo por una razón muy clara: ¡No hay legitimidad sin legalidad!

¿No se percatan de que incluso cuando evocan el axioma de la Transición “de la ley a la ley”, olvidan que lo que se quería entonces evitar era cualquier indicio de ruptura institucional? ¿No recuerdan que la reforma de la ley franquista se hizo desde las mismas Cortes franquistas? Justo lo contrario de lo que ahora se pretende: ruptura y urdir ésta desde el Parlament de Catalunya y no desde las Cortes Generales.

El presidente Carles Puigdemont dicta hoy una conferencia en el Ayuntamiento de Madrid. No comparto las críticas a la alcaldesa Manuela Carmena. Permitir que alguien se exprese libremente forma parte de uno de los derechos básicos de nuestro Estado de derecho. Otra cosa sería coadyuvar a materializar objetivos que pudieran transgredir la legalidad. Sin embargo, sí creo criticable dicha conferencia por otras razones. Como de lo que hablamos es de democracia, ésta va mas allá del respeto al principio de legalidad. La democracia exige asimismo un respeto a sus propias formas. Y este respeto también escasea en el llamado “proceso”.

No es de recibo que para presentar el balance de su primer año de gobierno, el president Puigdemont sustituyera el Parlament de Catalunya por el patio de butacas del Teatro Romea de Barcelona. Allí anunció a los invitados que “empezaba una nueva era” y que todo estaba ya preparado para la constitución de la República catalana: la Ley de Transitoriedad Jurídica y las estructuras de Estado. Eso sí, sin entrar en detalles. Como la “astucia” exige no dar pistas a España, el Parlamento catalán no cuenta, y si sus señorías quieren saber algo de los planes del Gobierno —aunque sea poco—, que acudan de figurantes al teatro. El secretismo se impone a la transparencia. Y si para ello hay que reformar el Reglamento a golpe de mayoría, aunque ésta roce el larguero, se reforma y punto. ¿Democracia de baja intensidad? No. ¡Falta de democracia!

Solo con la ley no se resuelve el principal problema político que hoy tiene España. Ni la judicialización, ni el quietismo ofrecen esperanza

Hoy parece que conoceremos por boca de Puigdemont sus planes sobre el referéndum. Otra vez, los miembros del Parlament conocerán sus intenciones a través de los medios de comunicación. Se dialoga y se acuerda con la ANC y con Òmnium Cultural, pero no con la oposición. Un desprecio y una falta de respeto a la democracia parlamentaria. Aunque a veces pienso que para hacer comedia, mejor el teatro que el Parlament. En fin, nada debe sorprendernos de quienes están dispuestos a declarar unilateralmente la independencia con 72 escaños, cuando para aprobar una ley electoral se necesitan 90. Aunque es probable que lo que hoy se pretenda es ganar tiempo. ¡Qué fatalidad la de jugar con los tiempos en un tema de tanta trascendencia y que divide a la sociedad! A unos les sobra y dejan que pase, y a otros les falta y procuran ganarlo.

Pero solo con la ley no se resuelve el principal problema político que hoy tiene España. Ni el camino de la judicialización, ni el quietismo ofrecen esperanza alguna. Solo la propuesta política, el diálogo, la transacción y el pacto abren las puertas de la confianza. Alguien tiene que ser el primero en dejar de lado la negligencia. Y en este caso es el Gobierno de España el que tiene que dar el primer paso. Sencillamente, porque es el más fuerte de los contendientes.

“Contra la ley, no; solo con la ley, tampoco”. Las instituciones se degradan tanto vulnerando el Estado de derecho como impidiendo los cambios necesarios y posibles. Las instituciones políticas, y de éstas estamos hablando, también se degradan cuando se deja de hacer política. Y desgraciadamente es lo que está pasando. Aquí y allá.

Josep Antoni Duran i Lleida fue portavoz de Convèrgencia i Unió en el Congreso de los Diputados.