Corrupción deportiva ‘online’

Quien piense que el mejor método para aislarse del torrente de noticias sobre corrupción está en las páginas deportivas, se equivoca. Hay futbolistas que dejan la sesión de entrenamiento para acudir a declarar a la Fiscalía Anticorrupción donde la autoridad no viste de corto. La sospecha de que los partidos de fútbol se compran y se venden no es una novedad, pero ahora aparece un elemento diferencial: la apuesta online.

Hasta hace no mucho tiempo, la compraventa de un partido de fútbol en España estaba condicionada por un beneficio deportivo: el ganador obtenía una clasificación o evitaba un descenso de categoría. En el precio no influía otro factor. Ninguna de las escasas denuncias presentadas alrededor de ese mundo subterráneo prosperó por varios motivos: por un lado, la compraventa de partidos no estaba contemplada como delito en el Código Penal y, por el otro, nadie se atrevió (tampoco las instancias deportivas pusieron mucho empeño) a romper el código de silencio que rodeaba estos episodios. No hay noticias de un arrepentido confeso.

Lo más parecido a un hecho probatorio apareció en unas intervenciones telefónicas realizadas al empresario Enrique Ortiz durante la Operación Brugal, sobre la corrupción urbanística. Ortiz era el dueño del Hércules y, entre charla y charla, confesaba a sus interlocutores que los partidos de Segunda División se compraban y que su jugador de confianza, el capitán Totte, le aseguraba cómo proceder. Estas conversaciones no pudieron ser judicializadas y ahí acabó una gran oportunidad para llevar ante un tribunal hechos sospechosos desde hacía décadas.

Pero la irrupción de la industria de las apuestas deportivas por Internet, capaz de mover 200.000 millones de euros anuales, agravó el panorama y trajo consigo un nuevo ingrediente: el beneficio económico. Conocer de antemano el resultado de un partido facilitaba sustanciosas ganancias a mucha gente e introducía nuevos actores: la compra ya no era decisión exclusiva de un directivo movido por razones deportivas, ahora entraban en liza intereses de terceros, entre organizaciones delictivas y, por qué no decirlo, los propios futbolistas. Los amaños se generalizaron y el problema se convirtió en un asunto global.

Desde entonces, se sabe de cientos de partidos bajo sospecha en Europa y de cerca de medio centenar de investigaciones en más de 25 países. El caso Bochum, destapado en Alemania en 2009, fue el ejemplo paradigmático: 232 partidos bajo sospecha. También afectaba a España. Paralelamente, Interpol abría una oficina en Asia dedicada a investigar casos en las denominadas apuestas asiáticas, donde el grado de control es mínimo.

Entre los múltiples casos conocidos hasta la fecha no hay partidos relevantes que afecten a los grandes clubes del continente. Los afectados son clubes de segundo nivel o de categorías inferiores. Y eso tiene su explicación: cuanto más baja el escalafón, más débiles son sus actores. Una encuesta realizada por el sindicato internacional de futbolistas (Fifpro), entre jugadores de los países más afectados (denominado Libro negro) evidenció un dato: el 55% de los que reconocían haber sido tentados no cobraban puntualmente su sueldo. Estamos hablando de categorías donde una sencilla apuesta ganadora puede significar un premio equivalente a varias mensualidades.

Desde que hay apuestas, el número de partidos sospechosos en España se ha multiplicado y supera la docena de casos. Algunos son tan llamativos como la existencia de una apuesta de 50.000 euros por un partido Real Sociedad-Granada de la Liga femenina. O la suma de 750.000 euros a favor de que hubiera más de dos goles en el partido Rácing de Santander-Hércules, que finalmente acabó en 3-0. Este encuentro ha provocado una reciente demanda en la Audiencia Nacional. Si el juez la admite a trámite, volveremos a ver a futbolistas desfilando entre abogados y fiscales, una escena costumbrista en estos tiempos que corren.