Reforma fiscal, ¿equidad o privilegios?
La reforma puede significar una oportunidad única, si se utiliza para combatir la desigualdad que hoy fractura la cohesión social de nuestro país. La clave sería hacerlo mediante el diseño de un sistema tributario eficiente, justo y redistributivo
Probablemente, el mensaje más contundente del Gobierno tras la celebración de la Convención Nacional del Partido Popular en Valladolid, haya sido la intención de bajar los impuestos a partir de 2015. Este anuncio se produce en un contexto de turbulencias internas del Partido Popular, donde las encuestas muestran resultados desfavorables y la contestación a los populares desde la derecha misma, podría provocar una fragmentación del centro-derecha en las próximas citas electorales. ¿Y qué impacto puede tener la reforma fiscal en este contexto? ¿Es un sólo un anticipo en clave electoral, una vuelta a los orígenes o fuegos artificiales? Aunque todavía no se ha concretado en qué consistirá la propuesta del Ejecutivo, parece evidente que es una medida destinada a recuperar a muchos de sus votantes descontentos y a visibilizar la acción del Gobierno, a través de una reforma del sistema fiscal que a día de hoy todos (Gobierno, oposición y ciudadanos) coinciden en considerar imprescindible.
Esta reforma podría significar una oportunidad única, si se utiliza para combatir la desigualdad que hoy fractura severamente la cohesión social de nuestro país. La clave sería hacerlo mediante el diseño de un sistema tributario eficiente, justo y redistributivo, que garantice la sostenibilidad de las políticas públicas esenciales para mantener la igualdad de oportunidades y el Estado de bienestar, esto es, la salud, la educación y la protección social; así como una proyección exterior solidaria. Pero también podría tratarse de un grave error político con un devastador impacto social, si en un contexto como el actual, donde la brecha entre ricos y pobres se profundiza aceleradamente, la reforma fiscal sirviera para consolidar los privilegios de determinados grupos de interés y no para garantizar los derechos sociales de la mayoría. La ciudadanía española, que lleva más de seis años soportando el impacto de la crisis y de las medidas adoptadas para su gestión, esperando sin éxito que quienes han tenido mayor responsabilidad en la debacle financiera rindan cuentas, no va a tolerar un paso más a favor de los intereses de las élites económicas del país.
Para que prospere con éxito, la reforma fiscal debería incorporar varios elementos irrenunciables: en primer lugar, capacidad redistributiva para garantizar la financiación suficiente de la cobertura social que evite la vía hacia la exclusión de muchas familias. En segundo término, progresividad. La eficiencia recaudatoria no puede ser el objetivo principal (o único), debe ir de la mano de la progresividad del diseño tributario en su conjunto. Esto significa que el sistema debe rediseñarse hacia un modelo en el que se grave más a la riqueza y el patrimonio, y no solamente al consumo y el salario, y que exija un mayor esfuerzo a quienes tienen más medios. Por último, la equidad debe ser un elemento esencial. Las aportaciones efectivas de los distintos actores económicos tienen que reflejar sus capacidades reales, sin aprovecharse de insuficiencias institucionales (en particular, de la falta de dotación de la Agencia Tributaria para combatir el gran fraude fiscal) ni de vacíos legislativos. La lucha contra la evasión y la elusión fiscal debe ser también una de las grandes prioridades de esta reforma, quizás incluso una de las primeras y sobre la que aún no parece convincente el compromiso del Gobierno. Las estimaciones realizadas tanto en España como desde la UE cifran en torno a 80.000 millones de euros el coste de la evasión fiscal en nuestro país, de los que el 70%, recae en grandes fortunas y grandes empresas1.
Un escenario de progresiva polarización social, en el que la riqueza de las 20 personas más ricas (77.000 millones de euros) es equivalente a la renta del 20% de las personas más pobres2; donde el 87% de los españoles consideran que los impuestos no se pagan de forma justa y donde ocho de cada diez españoles percibe que las decisiones políticas favorecen a los más ricos, es un terreno explosivo para una reforma fiscal que no garantice la equidad. El nuevo sistema tributario deberá contribuir a contener el empobrecimiento de las clases medias, ahogadas por la insoportable combinación de presión fiscal y recortes en los servicios sociales. La reforma fiscal debe defender que individuos y empresas tributen en función de su capacidad real, para garantizar una mejor y más efectiva política de inversión social.
Lo que está en juego en los próximos meses no es una mera bajada de impuestos, destinada a contentar a los votantes de uno u otro partido. Una reforma fiscal es un modelo de país. Y depende de cómo sea su orientación, estaremos construyendo una sociedad con futuro para todos o una democracia capturada por unos pocos.
1. Datos de GESTHA
2. Datos de multimillonarios obtenidos de Forbes, de Renta Nacional Bruta y distribución de la OECD, y contrastado con datos de la Agencia Española de Administración Tributaria.
Consuelo Lopez-Zuriaga, es Coordinadora de Relaciones Institucionales de Oxfam Intermón.
