Violencia contra los profesores: de la agresión física a la presión psicológica

“Eran las 9.10 y abrí la puerta porque insistían mucho, pero le dije a una madre que no podía pasar a la escuela. No me dio más palabra, me agarró del cuello, me arañó y me zarandeó mientras me insultaba. Yo no salía de mi asombro porque no la conocía de nada, pero tras alejarse volvió y me agarró otra vez del cuello hasta que un joven se interpuso y la frenó. Me hice pipí encima”.

La profesora de infantil Elena (nombre ficticio) relata con tristeza la agresión que sufrió hace cinco años en una escuela de Granada. Denunció y el juez condenó a su agresora a un año de prisión y 1.200 euros de multa, pero durante dos meses Elena acudió a una psicóloga para aliviar su sentimiento de culpa y padeció amenazas continuadas que hoy le impelen a preservar su identidad.

En el curso 2018-2019 ―el último completo presencial― se contabilizaron 39.675 agresiones físicas y verbales a los docentes de siete autonomías. A pesar de que una decena de regiones (el resto) y el Ministerio de Educación y Formación Profesional carecen de datos que midan la evolución de la violencia en las aulas españolas, sí se observa una leve tendencia al alza en dos regiones con datos precisos registrados: la Comunidad Valenciana pasó de 1.192 agresiones a 1.600 entre 2017 y 2019, y Andalucía de 30.748 a 33.745 en ese mismo periodo.

La pandemia, la educación a distancia y las normas de prevención de la covid que impiden a los padres entrar a los centros han reducido las agresiones físicas y aumentado las psicológicas. “En una hora y media un mismo padre te puede escribir seis correos con tono agresivo. Los padres te acosan por correo o teléfono porque los exámenes son muy difíciles o las notas no son las adecuadas. Lo que subyace, aparte de la falta de respeto hacia los funcionarios, es la presión para modificar notas para futuras carreras”, censura Laura Sequera, coordinadora estatal del Defensor del Profesor del sindicato Anpe. Entre las 1.594 actuaciones de este servicio, el ciberacoso de padres a docentes subió del 2% (31 casos) al 5% (79 casos) entre el curso 2018/2019 y el último curso, confinamiento incluido. Sin embargo, las agresiones físicas permanecen: el último episodio relevante fue un ataque a puñetazos de tres alumnos a un profesor a las puertas del instituto Heliches en Olivares (Sevilla) hace dos meses.

“Antaño la agresión no se veía como una microcriminalidad, pero lo es. No exagero al decir que los profesores son héroes y al formar a futuros ciudadanos, deberíamos cuidarlos y protegerlos más. Un niño que recibe tacos y enseña los dientes en su barrio reproduce ese comportamiento en clase, porque en el entorno escolar se da todo lo que se da en la calle”, opina José María Hernández-Carrillo, abogado que ha defendido a decenas de docentes víctimas de ataques durante 20 años. Para este letrado, el error clave es considerar los ataques como residuales y evitar recopilarlos, una excusa esgrimida por varias comunidades para eludir remitir datos a este diario. “He visto profesores que aguantan mucho, pero llega un momento en que piden el cambio de destino”, añade.

El Ministerio de Educación considera que el clima escolar es “positivo, en líneas generales” y el pasado noviembre reactivó el Observatorio de la Convivencia Escolar, destinado a reducir la violencia y mejorar el clima de entendimiento en la comunidad educativa. Pero este foro llevaba nueve años inactivo y solo se reunió tres veces desde su creación en 2007, lo que denota la dejadez de anteriores gobiernos.

Desde 2015 agredir a un profesor sale más caro, porque el delito de atentado es contra una autoridad y puede acarrear hasta cuatro años de cárcel, pero esta medida no parece un factor de peso que haya frenado los ataques. “La violencia es un fenómeno muy complejo, muy popular y que llama la atención. Influyen factores psicológicos individuales y de grupo que son relevantes, al margen de que alguien piense que la profesión de maestro está poco prestigiada. Qué cosas tan nefastas debe tener el alumno en su cabeza para desafiar al profesor como autoridad”, reflexiona Rosario Ortega, catedrática emérita de Psicología de la Educación en la Universidad de Córdoba. En Andalucía, más del 30% de los docentes de centros públicos sufre cada año una agresión de algún tipo, según la Junta, y de las 33.745 agresiones registradas en el curso 2018-2019, 12.683 fueron físicas. “La sociedad no tiene claro los límites a la autoridad y el respeto”, censura la viceconsejera de Educación andaluza, Carmen Castillo.

En la leve subida de agresiones en las comunidades con más registros y el aparente deterioro de la convivencia pesa también la mayor sensibilidad por parte de los docentes ante los incidentes, y que los mecanismos de denuncia de las administraciones están más engrasados. En Cataluña, por ejemplo, la Generalitat solo contabiliza los ataques que se derivan en procedimientos penales en los juzgados, y estos se mantienen estables ―sobre la veintena al año― en la última década. El sindicato Anpe dispone de un Defensor del Profesor, cuyos casos atendidos se han estancado en torno a 2.100 denunciados al año.

“El problema de las agresiones de padres viene porque el progenitor piensa en el niño como una propiedad, como antiguamente la mujer era propiedad del hombre, es un mito arrastrado. Los profesores en cambio han captado que los niños no son propiedad de nadie y aplican una educación asertiva y empática”, ensalza la socióloga Myriam Fernández, del Colegio Profesional de Ciencia Política, Sociología y Relaciones Internacionales de Madrid. Y sobre los ataques de alumnos, critica: “El profesor se ha convertido en un burócrata que rellena expedientes y fichas continuamente, lo que le resta tiempo a la educación en valores”.

Los expertos inciden en que el problema no es de seguridad pública, sino un reflejo de falta de educación en las familias y de recursos, ratio y metodologías en el aula, que provocan que el alumno se aburra en clase y desafíe la autoridad del docente. “Este curso la convivencia es sustancialmente mejor al haber un problema de ámbito mayor como es la pandemia, la bajada de ratio y las medidas de distancia social que evita conflictos, varios directores me lo han relatado”, subraya José María Pérez, inspector y vicepresidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (Usie) en Andalucía.

Si tras la llegada de la democracia la administración intentó erradicar la violencia de ciertos maestros hacia sus alumnos, más tarde los esfuerzos se centraron en las agresiones entre los estudiantes. El ataque hacia los docentes carece de estudios científicos rigurosos, según Ortega, experta en violencia en las aulas.

En 2015 un alumno de 13 años mató a un profesor armado con una ballesta y un machete en un instituto de Barcelona. Al día siguiente, el ministerio en manos de José Ignacio Wert convocó un grupo de trabajo para revisar los protocolos de convivencia de las autonomías, pero la urgencia cayó en saco roto y no se tradujo en medidas concretas. “Las agresiones a profesores ocurren con la suficiente frecuencia como para advertirnos de que no son una sucesión de hechos aislados, sino un fenómeno relevante que requiere de soluciones organizadas”, concluye el letrado Hernández-Carrillo, que atiende los casos del sindicato Comisiones Obreras.

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