Su empresa es un zombi (y aún no lo sabe)
Los expertos advierten del peligro de ignorar las alertas de una bancarrota inminente. La ley no ayuda a identificar estos indicios
Las alertas tempranas son una serie de indicadores que dan la voz de alarma cuando las cosas no van bien en una empresa. Son, en síntesis, los nubarrones que anuncian la llegada de una inminente bancarrota. Con todo lo que un estado de insolvencia implica. En primer lugar, las consecuencias más obvias y agobiantes: proveedores sin cobrar, clientes en la estacada y trabajadores sin sueldo. Y, en segundo término, las derivadas legales: contratos y compromisos que se amontonan, préstamos sin pagar e intereses que empiezan a correr.
Hay un momento clave, antes de que la bola de nieve se haga grande, en el que el empresario debe saber leer los síntomas y pedir ayuda. En este punto, una actitud kamikaze puede llevarle a una quiebra culpable. Lo que desencadena situaciones indeseables, por ejemplo, que el administrador sea condenado a pagar las deudas con su patrimonio: sus cuentas, su casa, su coche… Y, en los casos más graves, incluso enfrentar responsabilidades penales.
Si los números de un negocio no salen, o es fácil anticipar que esto ocurrirá en un futuro inmediato, el administrador puede intentar llegar a un acuerdo con sus acreedores, lo que se conoce como un plan reestructuración. Pero si las negociaciones no prosperan, es la hora de acudir a un juez y solicitar un concurso. La ley otorga un plazo de dos meses para hacerlo. En este punto, los expertos en insolvencia advierten de un fenómeno: hay pequeños negocios donde los emprendedores no cuentan con nociones financieras para detectar los síntomas de que la sociedad ya no es productiva. Bien por desconocimiento, o bien porque es difícil admitir que las cosas no van bien, el resultado puede derivar a un escenario altamente indeseable: actuar artificialmente en el mercado sin admitir que existen agujeros financieros. Lo que algunos analistas bautizan como empresas zombis.
“En enero de 2025 se empiezan a amortizar los préstamos ICO después de un periodo de dos años de carencia”, anticipa Patricia Hernández, abogada especialista en asesorar a empresas en insolvencia de Martín Molina Abogados y Economistas. Un hito que influirá en la viabilidad financiera de muchas sociedades con el agua al cuello.
Pero, ¿cómo detectar la amenaza de la bancarrota en este escenario? Los expertos consultados coinciden en que la ley es parca a la hora de explicar qué se entiende por empresa insolvente; o rizando el rizo, qué se debe entender por “insolvencia inminente”. “No existe una regulación específica que paute cuáles son estas alertas”, señala Hernández.
Los juristas, no obstante, dan algunas pautas. Un primer paso para anticiparse a los problemas financieros, apunta la experta, es utilizar una herramienta de autodiagnóstico. Como la que ofrece la web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, donde con un sencillo test el responsable de una mercantil puede hacerse una idea del estado de su salud financiera y si hay que intervenir al paciente. También el Colegio de Registradores, a petición de los administradores, puede emitir informes sobre la posición de riesgo de una sociedad.
Cuidado con la tesorería
Y hay otras señales. “A modo de ejemplo, un descenso de ingreso o de ventas continuado que sea persistente durante varios trimestres”, o un aumento “de los cobros y pagos pendientes” deberían “hacer saltar las alarmas”, agrega la letrada experta en quiebras.
Daniel Gómez, socio responsable de reestructuraciones e insolvencia del Selier Abogados, subraya que es importante tener siempre un ojo en las tensiones de la tesorería. “Hay que vigilar cuando la empresa no genera suficiente efectivo para cubrir los gastos”, remarca. El pasivo siempre debe estar bajo la lupa. Un indicio claro de que las cuentas no van bien es la tendencia a acudir a créditos para poder responder de otras deudas.
Los juristas creen que esta táctica es algo parecido a reparar la cubierta del barco con parches, cuando el negocio ya hace aguas. Hernández añade que es vital “tener una buena gestión financiera y de recobros”, así como “un plan de viabilidad sólido”, porque ello, en el futuro, ayudará para construir “una posición favorable en un hipotético acuerdo de reestructuración con acreedores”, una vía para escapar de las garras del concurso y salvar la viabilidad del negocio. Sebastián Crespo, socio director del área procesal de Devesa, coincide en que un diagnóstico temprano es vital “para poder tomar medidas a tiempo” y revivir empresas que en apariencia tienen un pie en la tumba.
Pero es importante tener presente que el calendario juega un papel vital en este encaje de bolillos. Las soluciones más comunes pasan por reducir los gastos, reestructurar la deuda a corto o largo plazo, ampliar el capital, cambiar los objetivos comerciales o reestructurar la plantilla, pero el abogado advierte que los resultados de estas intervenciones “no producen efectos de un día para otro”. Es decir, un administrador puede acometer a la desesperada un plan para reanimar un negocio que sin embargo esté ya condenado.
“En función de su tamaño cada empresa puede tener unas señales distintas”. Un indicativo claro de la bancarrota que se viene es la necesidad constante de endeudarse, “no para invertir, sino para pagar gastos corrientes, como los tributos, los seguros, los salarios o los proveedores”, coincide Crespo. Y advierte que, de no ejecutarse los mecanismos concursales en el momento preciso, cuando empiezan los primeros números rojos, o cuando estos son previsibles, esto “puede acarrear una responsabilidad al órgano de administración”. En definitiva, un concurso culpable que arrastre a los administradores a pagar el pufo de su propio bolsillo.
Ojo a las consecuencias
Declarar la quiebra de un negocio no es fácil. Ni en lo personal ni en lo jurídico. Pero, de no hacerlo, las consecuencias pueden ser nefastas. Este conflicto es de hecho una cuestión que da lugar a numerosos pleitos. En junio, un juez de León condenó a la administradora de una empresa que no dio la alarma de que el fondo de la entidad tenía un negativo de 155.000 euros, una cantidad que en pocos meses ascendió a 320.000 euros. El resultado: una condena de inhabilitación para administrar bienes de tres años y la obligación de pagar 261.000 euros de su propio bolsillo para responder frente a los acreedores.