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¿Se ha visto afectado por el cierre de Centros Ideal? Los expertos le aconsejan qué debe hacer para reclamar su dinero

La clausura repentina de la cadena de estética afecta a muchos clientes que habían financiado sus tratamientos o pagado por adelantado sesiones que no usarán

Centros Ideal
Un hombre camina delante de un establecimiento cerrado de Centros Ideal en el centro de Madrid.Álvaro García

Sonia Casado (Avilés, Asturias) le regaló a su marido un bono de una clínica estética Ideal, pero en la primera cita se encontró con que el establecimiento no estaba abierto. Tras una consulta rápida en internet, pensando que había un error en el horario, se encontraron con que la empresa había cerrado. “Mi marido se ha quedado sin regalo de Reyes y con un proceso judicial para reclamar el dinero”. La misma historia se repite en Sevilla: “Me enteré porque mi hija fue a una cita el día 3 de enero y se encontró con las puertas cerradas. […] Tampoco contestaban al teléfono y no recibimos ningún aviso”, explica Esperanza Guerra, que aún está pagando un bono por importe de 1.500 euros, para ella y su hija.

El consumidor final suele ser siempre el acreedor más débil cuando una empresa plantea un cierre de forma abrupta. Y en esa intuición profundiza Guerra: “No nos han dado plazos, pero sabemos por otros ejemplos que hemos visto, que la devolución del dinero suele tardar”. Burofax, concurso de acreedores, demandas colectivas… Casado explica que se ha ido sumergiendo en ese vocabulario jurídico desde que supo que debía reclamar el dinero. Los grupos de afectados han ido creando comunidades en algunas redes sociales y en WhatsApp, donde exponen sus dudas y mantienen la información actualizada.

Centros Ideal echó definitivamente la persiana el pasado diciembre dejando inconclusos muchos tratamientos ya pagados o financiados por medio de pequeños préstamos que algunos afectados siguen abonando. Además, el cierre deja 600 puestos de trabajo en el aire que se distribuían en las distintas empresas del grupo (Centros Ideal, Idealiño, Teambeauty SL, Artaco, Salud y Belleza SL, Dibea Estetic, CA Estética SL y Centros de Depilación Láser Ideal SL, entre otras).

La sociedad Centros de Depilación Láser Ideal estaba participada al 100% por Dibea Grupo Cristina Álvarez, sociedad matriz de grupo. En las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil de Madrid — ambas de 2021 — la filial registró un resultado negativo de algo más de 500.000 euros y la matriz perdió alrededor de 230.000 euros. En un comunicado publicado en su página web, la empresa explica que el cierre se debe a las dificultades económicas que llevan atravesando desde la pandemia y “muy especialmente” a la “restricción del crédito bancario”.

El modelo de Centros Ideal incluía tanto centros propios como franquiciados, aunque tras el bache de la pandemia el grupo incrementó su apuesta por los primeros, según explicaron a EL PAÍS en 2022, para tratar de recuperar su cifra de negocio. En 2019 su facturación total, incluyendo los franquiciados, rondaba los 50 millones de euros, pero en 2021 se había visto reducida hasta los 31,3 millones.

El problema para los usuarios surge cuando la clausura afecta a servicios que ya se han pagado y no han sido disfrutados. “Es crucial tener en cuenta que, si los servicios fueron financiados mediante crédito al consumo proporcionado por el propio centro de estética, tienen derecho a la suspensión de los pagos”, explican desde la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae). En ese proceso se encuentra Casado: “Ahora tengo que poner la denuncia en la policía y he mandado una carta certificada a la propia compañía para pedir que me devuelvan la parte que he pagado en efectivo”. Además, cuenta, está tratando de paralizar las cuotas mensuales, ya que una parte del tratamiento la había financiado con Cofidis.

El caso de Centros Ideal no es el único y existen otros precedentes en España como el de las clínicas dentales Dentix en 2020 o iDental en 2018. En ambos, el cierre también ocurrió de la noche a la mañana y dejó a muchos clientes sin tratamientos y con su dinero atrapado en un largo proceso judicial.

Desde Facua insisten en la “desprotección” de los consumidores en estos procesos. “Seguimos esperando desde el año 1984 el desarrollo de la Ley General para la Defensa de los Consumidores, de manera que cualquier negocio que se abre al público tenga la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil ante el riesgo de cierre. […] Si ese seguro obligatorio existiera, cuando una clínica como esta cierra, los consumidores podrían reclamar al seguro las devoluciones”, explica Rubén Sánchez. Además, apunta, “si una empresa cierra con un argumento de supuesta quiebra, va a ir a un concurso de acreedores y aquí los consumidores no son precisamente los primeros en cobrar”.

Diferentes opciones

Tanto expertos como asociaciones de consumidores aconsejan agotar las reclamaciones extrajudiciales —aunque no se obtenga respuesta de la compañía— antes de iniciar la vía penal y guardar siempre todos los documentos. Eva Rodríguez (Gijón, Asturias) cuenta que financió un tratamiento por valor de 1.200 euros y abonó otro en metálico de 300 euros. “Con la financiera no he tenido problemas, porque me van a reubicar en otro centro, pero de lo abonado en metálico no tengo recibo”. Es un dinero, dice, que da por perdido.

“Es muy frecuente que en los casos de cierres repentinos de empresas, las mismas acaben declarándose en una situación de concurso de acreedores”, explica Leticia Grande, abogada de Reclamadores.es. De hecho, a lo largo de 2022 estos procedimientos crecieron un 26% en España y afectaron a 9.189 empresas, según los últimos datos disponibles publicados por el Colegio General de Economistas. Una vez se inicia esta fase, explica Grande, se publica en el Boletín Oficial del Estado con un mes de plazo para que las personas o entidades acreedoras puedan reclamar. “De esta forma, todos los afectados podrán personarse en el mismo y defender sus derechos e intereses”. Aunque insiste, cada caso es diferente y es conveniente consultar a un especialista. “No puede ser igual el caso de una persona a la que le deban 50 euros, que otra a la que le deban 1.000 euros o tenga un crédito vinculado. Hay que analizar el perjuicio y las posibilidades de cada uno antes de meterse en un procedimiento judicial”, concluye.

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