El desafío de transformar la movilidad

Los datos son alarmantes. Una de cada cinco muertes anuales en el mundo se debe a la contaminación atmosférica. El transporte, que genera más del 25% de las emisiones de CO2, aporta el 70% de estos gases tóxicos desde las carreteras. Este sector es la principal fuente de óxidos de nitrógeno y la segunda de monóxido de carbono y partículas. Y las áreas urbanas contribuyen con el 23% de las emisiones de CO2 del transporte. Los datos son solo el reflejo de la huella que dejamos con nuestros desplazamientos, los cuales tienen su efecto en la salud y el medio ambiente, y están influenciados por diversos factores como la demografía, el uso del suelo y la economía local. Equilibrar la calidad de vida actual, la atracción de empresas, las inversiones con la reducción del tráfico en zonas sensibles y congestionadas son retos cruciales para el futuro.

Aunque la movilidad eléctrica es una realidad viable, tanto para particulares como para diversos sectores como la logística y el transporte, su avance aún no ha logrado cuajar. Para muestra un botón. La semana pasada, el presidente ejecutivo de Seat/Cupra, Wayne Griffiths, presentó su dimisión como presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), ante la “inacción del Gobierno en favor de la electrificación”. Es “un toque de atención” que se tiene que tener presente”, reconocía Jordi Hereu, el ministro de Industria y Turismo. “Es verdad que se han invertido miles de millones de euros [en la electrificación de la movilidad], pero no es menos cierto que los procesos son lentos y a menudo no casan bien con las demandas del sector privado”, dijo Daniel Toledo, subdirector de CincoDías, durante un evento organizado por EL PAÍS y Acciona bajo el título Movilidad sostenible: un eje de desarrollo para España y Europa.

El desafío de transformar la movilidad es monumental. No solo se trata de cambiar unidades de combustión por eléctricas, sino que implica redefinir el transporte público (ponerlo al alcance de todos), transfigurar las calles para darle más espacio a otro tipo de unidades como las bicicletas e invertir más en infraestructuras sostenibles. Esto abarca la creación de una red de puntos de recarga para vehículos eléctricos, el fomento de la intermodalidad que combine diversos medios de manera eficiente. En esencia, es un replanteamiento integral de cómo nos movemos. “Es necesario desarrollar y desplegar sistemas más limpios, eficientes y accesibles, que minimicen el impacto ambiental y maximicen los beneficios sociales”, destacó Paloma Aba Garrote, directora de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (Cinea), durante el encuentro celebrado en Madrid.

Inversiones

Con una inversión de 2.800 millones de euros a través del programa Horizon Europe, la Comisión Europea pretende apuntalar el reto de la movilidad y ampliar así su apuesta por el desarrollo de nuevas tecnologías, el despliegue de vehículos eléctricos y sistemas de transporte verdes, explicó Aba Garrote. “Los programas de investigación, innovación e infraestructuras representan una inversión significativa en el futuro de España y de la UE”. Cinea lidera iniciativas clave como 2Zero (Towards Zero-emission Road Transport) y CCAM (Cooperative, Connected and Automated Mobility) para avanzar hacia un transporte por carretera sin emisiones y mejorar la movilidad conectada y automatizada. Además, con el partenariado BAT4U busca establecer una cadena de valor sostenible para las baterías de electromovilidad.

Bajo la misión de ciudades inteligentes y neutras en carbono, Cinea impulsa, de igual forma, proyectos como Civitas, que demuestran soluciones sostenibles de movilidad urbana. En Madrid, el proyecto europeo Civitas Scale Up implementa algunas medidas como estaciones de recarga bidireccionales para vehículos eléctricos y cargadores en aparcamientos subterráneos. “Al apoyar el desarrollo de sistemas europeos de transporte más limpios, eficientes y accesibles, podemos crear una sociedad más sana”, aseguró Aba Garrote. Si bien el vehículo eléctrico es una parte importante de la solución, los expertos señalaron que no es la única.

Se necesita una combinación de diferentes modos de transporte, como el público, la bicicleta y el uso compartido de vehículos. Pero es la electrificación de las unidades particulares la que acapara una buena parte de las discusiones en el sector. Sobre todo por las ayudas que recibe, como el Programa Moves III, que finalizará el 31 de julio. “El Programa Moves III [con un presupuesto de 1.200 millones de euros] aún sigue vigente para quienes consideren adquirir un vehículo eléctrico”, aseveró Joan Groizard Payeras, director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que gestiona el proyecto. “Es evidente que la apuesta [del Gobierno] por el vehículo eléctrico ha sido fundamental desde 2018, quedando asegurada por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética”, recalcó. Pero el tema de la movilidad sostenible en España, según Groizard Payeras, ha sido objeto de un debate constante y a menudo polarizado en el ámbito político.

“A lo largo de las décadas, hemos visto cómo decisiones políticas han contradicho criterios técnicos fundamentales para la movilidad sostenible. Es frustrante ver cómo fondos europeos se devuelven o se rechazan debido a decisiones que, desde una perspectiva técnica, no parecen eficientes ni efectivas para el desplazamiento urbano”, resaltó. La movilidad es una preocupación creciente. Y, con frecuencia, las decisiones se toman no solo para alcanzar o mantener el poder, sino también para revertir políticas anteriores sin considerar el interés general, afirmó Álvaro Fernández Heredia, secretario general de Movilidad Sostenible. Un ejemplo claro fue la controversia en torno a Madrid Central, explicó Fernández Heredia, donde hubo promesas electorales de eliminarlo que luego se transformaron en cambios de nombre y expansión del área. “Hoy es 21 veces más grande”. Este tipo de inconsistencias no solo genera confusión entre los ciudadanos sobre decisiones como la compra de vehículos eléctricos, sino que también impacta negativamente en la inversión empresarial, agregó Cristina Martínez, directora financiera del área de Movilidad de Acciona.

“La seguridad jurídica es crucial para el desarrollo de tecnologías sostenibles y nuevas industrias, ya que las empresas necesitan un entorno estable para invertir en el largo plazo y crear empleos”, subrayó Martínez. Arturo Pérez de Lucia, director general Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), mencionó que la planificación estratégica a largo plazo choca con los cambios abruptos en las políticas y la polarización, pues afectan negativamente a la competitividad y a las inversiones para mantener la industria española a la vanguardia en un mercado global en evolución. “Los industriales no quieren que les cambien el paso constantemente”. Pero a pesar de ello, el experto confía en que de aquí a la próxima década, la movilidad en España esté descarbonizada, sea eficiente energéticamente hablando y universal.

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