Una reflexión sobre el alcance del ingreso mínimo vital

La tendencia hacia un mundo más polarizado inducida por el impacto de la globalización y, más importante aún, el cambio tecnológico, junto con las crisis mundiales más recientes (la crisis financiera y la pandemia de la covid-19), han fomentado una creciente preocupación por las desigualdades económicas y sociales. La necesidad de acciones públicas para garantizar niveles de vida mínimos se ha convertido en parte de la agenda política, no solo por los efectos a largo plazo de esas crisis, sino por la necesidad de brindar apoyo a los colectivos más perjudicados por la cuarta revolución industrial.

Una respuesta bastante extendida en Europa para garantizar un mínimo nivel de vida ha sido el diseño de los esquemas de rentas mínimas. En España, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) recientemente implementado tiene como objetivo garantizar un nivel mínimo de ingresos a todos los hogares. Para ello, en función del número de adultos y menores, el IMV fija un umbral por tipo de hogar que se entiende como la cantidad mínima de recursos económicos necesarios para cubrir las necesidades más básicas. En el momento del lanzamiento del IMV, en plena pandemia, el Gobierno identificó a unas 800.000 personas potencialmente receptoras de esta prestación. Después de más de un año desde su lanzamiento, los datos (de septiembre de 2021) del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) indican que se ha alcanzado dicha cobertura, tras la reciente aprobación de la prestación a 336.933 hogares.

Sin duda, esta prestación es hoy muy necesaria en España para la lucha contra la pobreza extrema. Aun así, su implementación parece ser claramente insuficiente. Los resultados del informe Foessa, coordinado por el investigador Luis Ayala y presentado el pasado 18 de enero, identifican en 2021 a más de 600.000 hogares en España sin ningún tipo de ingresos. Por otra parte, la última Encuesta de Condiciones de Vida disponible (de 2020) que utiliza información sobre los ingresos del año previo y, por tanto, no tiene en cuenta la pobreza sobrevenida por la pandemia, revela que en España habría casi tres millones de personas viviendo en hogares con ingresos por debajo del umbral del IMV. Esto corresponde a un 6% de la población, cifra que sin duda ha aumentado en los últimos años.

Considerando que el IMV está siendo percibido por unas 800.000 personas, esta prestación estaría llegando a menos de un tercio de las personas que no tienen ingresos suficientes para cubrir sus necesidades más básicas, y que, en consecuencia, al menos según el requisito de ingresos, son potenciales beneficiarias de la prestación.

Nos gustaría aprovechar este espacio para reflexionar sobre las causas que están detrás de este bajo alcance del IMV y que, sin duda, restan eficacia a esta política diseñada para paliar la pobreza en nuestro país. En primer lugar, el motivo que creemos más preocupante es que parte del colectivo de personas potencialmente beneficiarias no solicitan la prestación. De hecho, un reciente informe de Cáritas revela que un 57% de los hogares en pobreza extrema en 2021 no dispone de ninguna información sobre el IMV. Dicho con otras palabras, el IMV difícilmente podrá erradicar la pobreza si los hogares más vulnerables ni siquiera conocen su existencia. Otro dato que se desprende de este estudio es que, conociendo su existencia, hay un 11% de hogares en extrema pobreza que consideran no tener suficiente información para solicitarlo y otro 8% que dicen que creen no necesitarlo. En consecuencia, el gran desconocimiento que existe sobre esta prestación y cómo tramitarla por parte de los hogares potencialmente beneficiarios supone uno de los principales obstáculos para un buen funcionamiento de la ayuda.

En segundo lugar, la falta de agilidad por parte de la Administración Pública para resolver expedientes y acelerar la tramitación de la prestación también es crucial para una implantación eficaz. De hecho, según los datos del INSS, en septiembre de 2021 existían 18.000 expedientes pendientes de recibir información complementaria por parte del solicitante o de otra Administración.

Ante esta preocupante situación, es absolutamente necesario que la Administración Pública identifique a esos hogares que en determinados momentos no aparecen ni en los registros de Hacienda, ni en la Seguridad Social, ni en los Servicios Públicos de Empleo y que viven en situación de extrema pobreza. Posiblemente, el padrón es la herramienta más adecuada, pues es actualmente el registro más preciso de todos los hogares de nuestro país, independientemente de la situación laboral, social y legal de sus convivientes. Mediante la interoperabilidad de información proveniente de diferentes fuentes administrativas, la información del padrón debería poder cruzarse con otras bases de datos con el objetivo de identificar a los hogares en riesgo de exclusión social y laboral, es decir, aquellos donde sus miembros no tienen acceso al empleo y apenas reciben prestaciones.

Para ello es ineludible abordar la tan urgente modernización de la Administración Pública que nuestro país precisa. Si se consigue identificar a aquellos hogares con ingresos insuficientes que no han solicitado la prestación, sería posible mejorar el alcance del IMV de una manera activa. En este sentido, los sistemas de ventanilla única han sido recomendados en numerosas ocasiones. Además, esta necesitada modernización permitiría agilizar la resolución de expedientes y, por lo tanto, conseguir que esta ayuda de último recurso reduzca lo antes posible la situación de extrema vulnerabilidad de un gran número de hogares, así como quizás incentivar la tramitación de nuevas solicitudes.

Por último, como ya hemos repetido en anteriores artículos en este mismo espacio, es fundamental que esta medida venga acompañada de programas de educación, recualificación e inserción laboral que puedan ofrecer nuevas oportunidades a las personas beneficiaras, así como de incentivos al empleo y otras políticas sociales que eviten la cronificación en la situación de perceptores de la prestación.

Sara de la Rica y Lucía Gorjón, de la Fundación ISEAK.