El largo desierto después de los préstamos ICO
Las pymes más endeudadas tendrán problemas para conseguir nuevos créditos tras el fin de los estímulos
Hasta octubre, las líneas de avales del ICO han permitido que lleguen 132.578 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo en 1.122.726 operaciones, el 98% suscritas por pymes y autónomos. Todo para capear y digerir el shock pandémico. Aunque puede que haya nuevas prórrogas en el horizonte, está previsto que este potente analgésico deje de hacer efecto en marzo de 2022, cuando las empresas tengan que comenzar a devolver el principal de los préstamos.
Así que toca planificar el futuro, que pinta gris. Algunas medidas ya adoptadas, como la extensión de la devolución a 10 años de los préstamos con aval público —siempre que se cumplan unas condiciones— o la posibilidad de que se conviertan en préstamos participativos pueden ser la salvación para las pymes más tocadas, pero una buena salud financiera debe contemplar un horizonte donde habrá que lidiar con más endeudamiento y nuevas herramientas para conseguir liquidez.
Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, cree que será la banca, que corre el riesgo de quedarse con el 20% de las quitas de los préstamos avalados por el Gobierno, la que tenga la sartén por el mango en el futuro de muchas pymes: “Ahora la morosidad es baja, pero puede tener recorrido hasta superar el 7%, lo que muestra que parte del tejido al que está prestando está dañado y que la banca solo refinanciará a aquellas pymes donde el cobro sea factible”, dice.
Sanear los balances es una prioridad para seguir viviendo en el mercado porque, además, los altos precios de la energía complican las cosas. “Muchas pymes no pueden trasladar estos costes a sus precios, va a haber una criba tremenda”, valora Pedraza. Según Cepyme, la financiación en el primer semestre llegó a 146.860 millones de euros, el nivel más bajo para este periodo desde que se comenzaron a publicar datos, en el año 2010. Si la economía se acelera, las pequeñas y medianas empresas podrán generar sus propios recursos para pagar esas deudas, pero todavía estamos lejos de que eso suceda.
Jordi Solé, de la empresa de financiación Kreedit, comparte las preocupaciones de Pedraza: “Muchas están en pérdidas, y ese agujero no se suple con ingresos de la misma categoría. Va a haber muchísimas empresas que no van a poder devolver el capital porque no generarán cash flow para pagarlo”. Eso provoca un círculo vicioso cuando los bancos empiezan a endurecer las concesiones para dar nuevos créditos. “Quedan como opciones las subvenciones a fondo perdido o las aportaciones de socios que luego vendan su participación con plusvalías o reciban, a más largo plazo, dividendos”.
Porque un problema es que las pymes beben de las mismas fuentes. El crédito bancario (23%) es, junto a la financiación a través de proveedores (un 24%), el más utilizado por las pequeñas sociedades para financiar su capital circulante junto al ICO (22%), como reflejaba esta semana un informe de la agrupación de sociedades de garantía recíproca Cesgar. El leasing ha experimentado también un crecimiento (del 9,4% en 2019 al 12,5% actual), y otros productos como el factoring o el confirming han sido menos utilizados.
Hay otras alternativas a la financiación bancaria. Instrumentos como el crowdfunding o el crowdlending son cada día más usados, como refleja el estudio, aunque todavía son minoritarios. Entre las sociedades medianas, algunas se animan a recurrir al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), que este año lleva un 45% más de emisiones (9.132 millones de saldo vivo): “Numerosas compañías han trasladado su interés por incorporarse al mercado próximamente, por lo que consideramos que las cifras de crecimiento se van a mantener y cerraremos 2021 con un saldo vivo que rondará los 10.000 millones”, dicen desde el MARF.
Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), por su parte, han creado productos para pymes y autónomos. Su programa Aquisgrán ofrece préstamos de hasta 10 años con 2 de carencia a un tipo fijo del 1,6% anual sin otras imposiciones, como domiciliaciones, seguros o tarjetas, y compatibles con cualquier otra financiación. Organismos públicos o semipúblicos como Cofides y Cesce también ofrecen productos diseñados para pymes afectadas por la covid.
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