España recupera la inversión prepandemia a costa de un gasto público que sube un 40% entre 2019 y 2024

España ha logrado, al fin, recuperar el volumen de inversión que tenía antes de la pandemia, alcanzando el año pasado un total de 306.748 millones de euros en inversión bruta en términos nominales (es decir, sin descontar el efecto de la inflación). Pero este hito se sostiene sobre una estructura desigual: el 90% de esa cifra corresponde al sector privado, que, sin embargo, no ha logrado todavía superar las cifras previas a la crisis sanitaria. Es el gasto público el que ha dado el empujón decisivo en los últimos años, creciendo en términos reales un 40% entre 2019 y 2024 y compensando la tibieza de las empresas que, pese a representar la mayoría del desembolso total, continúan un 3,5% por debajo de los niveles de 2019. Así, el tirón de las administraciones públicas —alimentado por los fondos europeos— ha sido crucial para que el país haya conseguido recuperar la inyección de capital que perdió con la aparición de la Covid.

La radiografía que realiza este lunes la Fundación BBVA junto al Ivie en el informe, El stock de capital en España y sus comunidades autónomas 1995-2024, pone sobre la mesa no solo la recuperación parcial del dinamismo inversor, sino también las debilidades estructurales que arrastra la economía española. El dato de la inversión total por sí solo podría invitar al optimismo, pero el contexto es más complejo. El crecimiento se ha sostenido principalmente sobre los hombros del Estado, beneficiada en buena parte por los fondos europeos del programa Next Generation EU. Sin embargo, el sector privado sigue siendo el talón de Aquiles de la economía. El año pasado su aporte de capital cerró con un déficit equivalente a 8.200 millones de euros respecto al año previo a la crisis sanitaria. Al respecto, el documento insiste en que “pese a crecer un 1,7%, en términos reales en 2024, todavía no ha alcanzado la inversión real de 2019″. En ese entonces, el desembolso ascendió a 235.900 millones, mientras que el año pasado no llegó a los 228.000 millones de euros. Por lo tanto, todavía se sitúa un 3,5% por debajo.

Este diagnóstico coincide con las advertencias que economistas y analistas llevan tiempo subrayando: pese a que el país crece con fuerza, en clara atonía respecto al resto de Europa, las empresas siguen sin aportar todo el combustible que se esperaría dadas las actuales condiciones económicas. La desconfianza, la incertidumbre global y las dudas sobre la rentabilidad de ciertos proyectos han lastrado la toma de decisiones de inversión. Además, el problema no es solo cuantitativo, sino también cualitativo, pues el patrón inversor sigue muy vinculado al ladrillo y a sectores con baja incorporación tecnológica, mientras que las economías más competitivas apuestan de manera decidida por activos intangibles, innovación y capital humano.

El esfuerzo inversor —que mide la inversión total sobre el Producto Interior Bruto— también se sitúa por debajo de los niveles de 2019. En ese entonces rondaba el 24%, una tasa muy similar a la de las economías avanzadas. En contraste, el año pasado cerró en torno al 19%. Este retroceso muestra que, pese al volumen recuperado, la intensidad del impulso inversor no es todavía la deseada para sostener un crecimiento sólido y sostenido. Y es precisamente en las infraestructuras donde esta debilidad se hace más visible. Tras el golpe que supuso la crisis económica de 2008, la inversión en infraestructuras ha permanecido anclada en niveles bajos, con una caída acumulada que aún arrastra sus efectos.

Desde 2019, la inversión en este capítulo ha crecido un 34,7% en términos reales, pero sigue siendo un 17,6% inferior a la de 1995 y está un 63% por debajo del máximo de 2009. El informe insiste en que la brecha es consecuencia de la presión que sufrió el país en 2010 para reducir el déficit público. Por un decenio, la inyección de capital en este terreno estuvo estancado y fue hasta 2021 que se inició la recuperación. Aunque el peso de los agentes privados ―como ADIF, Puertos del Estado o sociedades concesionarias de autopistas de peaje―ha ido en aumento en los últimos 20 años, es la inversión pública la que impulsa esta recuperación.

El diagnóstico de las infraestructuras es claro: a pesar del repunte reciente, las dotaciones no son suficientes para revertir las pérdidas de capacidad acumuladas en el pasado. La inversión en infraestructuras hidráulicas, por ejemplo, ha sido una de las grandes damnificadas, ya que en 2024 sigue un 42% por debajo del nivel que tenía en 1995. Este desfase en áreas esenciales, como la gestión del agua, no es un detalle menor en un país que se enfrenta cada vez más a fenómenos climáticos extremos, como pueden ser las inundaciones.

La baja utilización de la capacidad instalada es otro síntoma de la ineficiencia que lastra a la economía. Según el informe, casi una quinta parte del capital acumulado en España —el 18,2%— no se estaba utilizando en 2023. Es decir, hay infraestructuras, edificios, maquinaria o equipos que no se ponen al servicio de la actividad productiva, lo que limita tanto la productividad como la generación de riqueza. Esta infrautilización del capital es más acusada en las manufacturas, donde el 23,1% del stock no se emplea, frente al 19,5% de la media de la UE. En los servicios, aunque la situación es mejor, España también se queda rezagada frente al promedio europeo.