El Gobierno planea revivir y centralizar las ayudas a los coches eléctricos dejando fuera de la gestión a las autonomías

El rechazo del decreto ómnibus en el Congreso el pasado miércoles supuso un duro golpe para pensionistas, usuarios del transporte público, beneficiarios del bono social energético y afectados por la dana. Pero, como señaló el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en ese mega real decreto había más medidas que han pasado desapercibidas y eran importantes, como la caída del Plan Moves III de ayuda a la compra de coches eléctricos e instalación de puntos de recarga, clave para dar un mínimo impulso a un mercado estancado. “Somos un daño colateral”, admiten con resignación fuentes del automóvil, que saben que la prioridad del Ejecutivo se centra en salvar las medidas de mayor impacto social del decreto. Fuentes consultadas señalan que el Moves III no podría volver a publicarse tal cual para su aprobación en un segundo intento, ya que al haber caído necesitaría reformularse obligatoriamente. Aprovechando esta circunstancia, el Gobierno está trabajando en lanzar un nuevo programa de ayudas a la compra de eléctricos que copiaría aspectos del Plan Renicia Auto+ para los que perdieron su vehículo en la dana, como que las ayudas las gestione directamente el Ejecutivo, dejando fuera a las comunidades autónomas, según confirman fuentes gubernamentales a EL PAÍS.

Centralizar las ayudas a la compra de los coches eléctricos e híbridos enchufables es una medida que el sector lleva pidiendo años. Anfac, la patronal nacional de automovilísticas, ha indicado en más de una ocasión que el Moves III no tenía un problema de fondos (más de 1.500 millones de euros), sino de gestión. Con el Moves III, los plazos para acceder a la subvención, que luego debía declararse en renta, rondaban una media de entre uno y dos años dependiendo de la comunidad autónoma en la que se encontrara el solicitante de la ayuda. Otra petición de las automovilísticas es, precisamente, que las ayudas sean directas (que se den en el momento de la compra), aunque esto es algo que depende de Hacienda y no está claro si saldrá adelante. No hay un calendario claro de cuándo podría aprobarse este nuevo programa de ayudas que sustituirá al Moves III.

Unas ayudas que caen en un momento sensible del sector

El automóvil puso el grito en el cielo cuando se conoció la caída del Moves III y la deducción del 15% en el IRPF hasta un máximo de 3.000 euros, ya que esto dejó a España en la misma situación que vive Alemania. Allí, una sentencia del Tribunal Constitucional hizo caer las ayudas a la compra a finales de 2023, lo que provocó que las ventas de vehículos eléctricos cayeran un 27,4% en 2024, haciendo que la locomotora industrial europea cediera el puesto de mayor mercado de vehículos eléctricos del Viejo Continente a Reino Unido. Todo ello en un momento, además, en el que los grandes del motor alemanes sufren la llegada de la competencia china y les está costando horrores el paso al coche eléctrico, especialmente a Volkswagen, que acordó con los sindicatos una reducción de plantilla de 35.000 personas hasta 2030 y una disminución de la capacidad de producción de las fábricas alemanas de 734.000 unidades anuales.

La caída del Moves III llega, además, en un momento especialmente inoportuno para el sector, apenas semanas después de que entrara en vigor la normativa europea CAFE, que endurece el objetivo de emisiones por kilómetro de los vehículos nuevos, pasando de los 115,1 gramos a 93,6 gramos de CO2. Para cumplir y no verse obligados a pagar multas (ACEA, patronal europea del automóvil, cifra en 15.000 millones la factura para el sector), los fabricantes deberían aumentar su media de ventas de eléctricos en Europa hasta el 22%. Esto supone un salto de más de ocho puntos porcentuales respecto a cómo cerraron el año pasado, una marca que el sector considera inalcanzable sin fuertes incentivos a la compra.

Otro posible camino para el motor es la creación de alianzas temporales o pools, en las que los fabricantes que no cumplen contabilicen sus emisiones de forma conjunta con los que sí cumplen, como Tesla o Volvo. Stellantis, Ford, Toyota, Mazda y Subaru ya han informado a la Comisión Europea de su intención de formar un pool con Tesla, gracias al cual la automovilística de Elon Musk podría embolsarse unos 1.000 millones por vender sus derechos de emisiones. Volvo también sacará tajada en un pool con Mercedes-Benz.

El último camino posible para evitar las multas sería el de reducir la producción de vehículos de combustión o directamente paralizar las plantas de este tipo, un escenario que podría afectar de lleno a un país como España donde el 91% de la producción son coches de combustión. “El sector de la automoción está comprometido con la reducción de emisiones y con el tránsito hacia la electromovilidad. Pero si en España, como segundo fabricante de automóviles, se paralizan las ventas de eléctricos, los fabricantes tendrán más problemas para conseguir dichos objetivos de reducción de emisiones y se verán abocados a pagar unas multas por exceso de CO2, que pueden penalizar a la producción española y al empleo de nuestras fábricas. Y si se tradujese en una pérdida de ventas en todo el mercado, la afectación para los concesionarios también sería elevada y con consecuencias para el empleo”, advirtieron la semana pasada Anfac y Faconauto, patronal que representa a los concesionarios, tras conocerse la caída del decreto ómnibus.