El Gobierno gana margen para los Presupuestos pese al ajuste que exige Bruselas

El Gobierno ha conseguido ganar margen presupuestario para lo que queda de legislatura. Sobre todo para las cuentas públicas del año que viene, que aún está intentando negociar en el Congreso. Pese a que las nuevas reglas fiscales obligan a un ajuste, en un contexto en el que Francia e Italia están incumpliendo estos compromisos, el Ejecutivo ha negociado con Europa una cierta flexibilidad y no debería tener dificultades para cumplir el año que viene con las exigencias de disciplina presupuestaria. Ha logrado que los objetivos para 2025 sean más relajados y que los esfuerzos se pospongan para los ejercicios posteriores. Así lo ha constatado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en la evaluación que ha hecho del plan fiscal que el Gobierno presentó en Bruselas: “Para 2025 no sería necesario tomar medidas. Sí a partir de 2026 en adelante”, declaró Cristina Herrero, presidenta de la Airef.

En definitiva, el diseño de los Presupuestos del año que viene no tendrá el corsé asfixiante de los ajustes: prácticamente se podrá subir el gasto lo mismo que este año, un ejercicio en el que los desembolsos han crecido con fuerza por la inflación y por las comunidades, que han dispuesto de una liquidación muy elevada por los impuestos de hace dos años, superior a los 16.000 millones, y que se la están gastando.

La Comisión Europea exigía a España que el gasto solo aumentara un 2,8% anual en promedio durante los próximos siete años y un 3,2% en 2025. Y la Autoridad Fiscal calcula que, a políticas constantes, el gasto subirá el año que viene de forma inercial un 3,7%. Sin embargo, el Gobierno, con el equipo del ministro Carlos Cuerpo a la cabeza, ha logrado acordar con Bruselas que el gasto pueda elevarse el año que viene hasta el entorno del 5%, una vez se tiene en cuenta la retirada de las ayudas por la inflación o las medidas fiscales, que se netean y permiten gastar más.

Así que el margen extra que ha obtenido el Gobierno para los Presupuestos podría cifrarse en más de 11.000 millones sobre lo que reclamaba Bruselas de inicio. Y en más de 8.000 millones respecto a lo que gastaría el año que viene de forma inercial a políticas constantes. Esta última cifra es la cantidad que tiene el conjunto de las Administraciones para mejorar sus Presupuestos más allá de las actualizaciones con el IPC y los compromisos ya adquiridos. Gran parte de este colchón se tendrá que dedicar a políticas como vivienda y a satisfacer las demandas de los socios en las negociaciones presupuestarias. Y una vez se pacten estos Presupuestos, algo mucho más factible tras haber aprobado la reforma fiscal, la legislatura estaría encarrilada. Incluso se podrían prorrogar al año siguiente.

Cabe recordar que el Ejecutivo espera que el gasto que mide la Comisión crezca este año un 5,3% y la Autoridad Fiscal, un 4,1%. Entre 2014 y 2018, con el PP en La Moncloa y la economía en recuperación, en unos años en los que el ajuste fue gradual dejando atrás los recortes de la crisis financiera, avanzó un 2,5%. De modo que se permitiría un crecimiento del gasto bastante superior al de ese periodo de ajustes moderados y similar al de este año. Y ello con una liquidación de ingresos para las comunidades menor y teniendo que pagar menos por las actualizaciones a las que obliga la inflación por prestaciones, salarios y contratos. Un ejemplo: como explica Miguel Ángel García, investigador de Fedea, el año que viene el desembolso en pensiones subirá unos 11.000 millones de euros frente a los 13.000 que aumenta este año. Es decir, habría incluso un poco más de margen al tener que revalorizar menos las partidas por haberse moderado el IPC.

Los gastos por las inundaciones en Valencia no se tendrán en cuenta para valorar los ajustes. Se consideran una catástrofe natural sobrevenida que solo tiene un impacto temporal en las cuentas. Y como recuerda Raymond Torres, economista de Funcas, en algún momento se tendrá que confrontar en Europa cómo se casa esta necesaria consolidación fiscal tras la pandemia y la crisis inflacionaria con las inversiones que se precisan para la transición tecnológica y medioambiental. Todo ello en un momento en el que los alemanes, pese a la situación de su economía, no recurren a la deuda para intentar sacarla de la atonía.

El gasto computable

En el nuevo marco de reglas fiscales, el objetivo que se vigila es cuánto aumenta el gasto. La idea es que si este sube menos de lo que lo hacen los ingresos, entonces se estarán consiguiendo unos ahorros que bajarán la deuda. La principal variable que se usa para comprobar que se está cumpliendo con el plan de ajuste es el llamado gasto público computable: se resta al total de las partidas los fondos europeos y cofinanciados, los pagos de intereses y el desembolso en desempleo debido al ciclo económico. Y sobre todo: se pueden tener en cuenta las medidas de ingresos que se adopten, permitiendo ampliar el Presupuesto. O dicho de otro modo: si se suben los impuestos, se podrá gastar más. La Comisión calculó que el aumento del gasto computable para España no debería rebasar el 2,8% anual entre 2025 y 2031. Ese era el máximo en promedio. Pero España ha negociado tener más espacio por varias vías.

Por un lado, ha conseguido que ese tope del 2,8% en promedio se suba hasta una tasa de crecimiento anual del gasto del 3%. El Ministerio de Economía ha argumentado que dos factores harán que la deuda sea más sostenible: la positiva evolución de la población por los inmigrantes y las subidas de cotizaciones que se aplicarán por la reforma de pensiones. La Comisión ha aceptado que reducirán la necesidad de ajuste y, en consecuencia, ha permitido subir un poco este techo hasta el 3%.

Por otra parte, los ingresos públicos estructurales suelen ir en línea con la evolución del PIB potencial incluyendo los precios de producción, esto es, el llamado deflactor. Según el Gobierno, la economía crecerá el año que viene un 4,7% incorporando los precios. Y, por lo tanto, los ingresos avanzarán a ese ritmo. A su vez, para producir el ajuste, el gasto tiene que crecer un punto menos que los ingresos, es decir, un 3,7%. Gracias a unos precios altos se calculan unos ingresos más elevados y, por ende, un límite menos restrictivo para el gasto. Mientras que Funcas prevé un deflactor del 2,4% para el año que viene y del 2% para el siguiente, el Gobierno los ha estimado en el 2,7% y el 2,4%, respectivamente. De este modo se ha dado más espacio para el gasto. Si bien es cierto que en los últimos tiempos la recaudación ha crecido más que la economía con el rebote de la pandemia, la inflación y el afloramiento de economía sumergida.

Además, se podrán descontar como medidas de ingresos la retirada de las ayudas por la inflación, la no deflactación del IRPF y las subidas de cotizaciones. Según la Airef, la cifra asciende a 7.400 millones. Eso es un punto más de gasto presupuestario. De ahí que el gasto computable vaya a poder subir un 4,8% el año que viene. Si además se tiene en cuenta lo que se ha aprobado como reforma fiscal, todavía por valorar pero superior a los 3.000 millones, el gasto podrá subir algo más: en torno al 5%, un crecimiento similar al de este año. Lo cual implica unos Presupuestos sin grandes problemas para gestionarlos, salvo por las demandas que hagan los socios.

Procíclico

En todo caso, el mayor margen concedido para este año y el siguiente obligará a que más adelante se tenga que hacer un esfuerzo más exigente para cumplir con el límite del 3% en el promedio entre 2025 y 2031. En los últimos años del ajuste se proyectan incrementos del gasto que suponen un mayor sacrificio: en 2030 y 2031 solo se permite un 2,5% y un 2,4%, respectivamente, por debajo incluso de lo que crece la economía con los precios, lo que impide que se puedan actualizar todas las políticas con el crecimiento económico. Máxime cuando la mayor partida de todas, las pensiones, que supone una cuarta parte de todo el Presupuesto público, crece al 5% anual. La Autoridad Fiscal ha advertido de que, pese a lo que se pretendía, el ajuste está diseñado de manera procíclica, permitiendo más gasto cuando más crece la economía y menos cuando se espera que haya una menor actividad. Pero a largo plazo, como diría John Maynard Keynes, todos muertos.