Estados Unidos propone al juez medidas radicales para romper el monopolio de Google

La cruzada contra las prácticas monopolísticas ilegales de las grandes tecnológicas vivió este miércoles un hito destacado en los tribunales estadounidenses. Los fiscales del Departamento de Justicia y de los Estados que demandaron a Google y lograron que un juez declarase que había abusado de su posición dominante en el mercado de las búsquedas por internet solicitan una amplia batería de remedios que supondría un terremoto para la compañía que dirige Sundar Pichai. La resolución propuesta obligaría a Google a vender su navegador Chrome, a aislar su sistema operativo Android, a convertirse en licenciatario de sus búsquedas para rivales y a eliminar acuerdos preferenciales como los que tiene con Apple. La compañía, además, quedaría sometida a una estricta supervisión durante una década.

En conjunto, las decenas de medidas propuestas en el caso Estados Unidos contra Google supondrían la intervención más drástica en una compañía tecnológica desde que otro juzgado ordenó en 2000 la partición de Microsoft, en una resolución que luego fue anulada por tribunales superiores. No se espera que el juez Amit Mehta dicte una resolución hasta agosto del año próximo que, en todo caso, sería recurrible.

El Departamento de Justicia ya había anticipado en octubre que se planteaba medidas drásticas, entre ellas la partición de la compañía. El aspecto más destacado de la resolución propuesta es la venta de Chrome: “Google debe desinvertir rápida y completamente en Chrome, a un comprador aprobado por los demandantes a su entera discreción, sujeto a los términos que el tribunal y los demandantes aprueben. Google no podrá lanzar ningún otro navegador de Google durante la vigencia de la presente sentencia definitiva sin la aprobación del tribunal”, dice la medida propuesta.

El objetivo proclamado es liberar a los mercados en situación de monopolio de las prácticas excluyentes de Google y abrirlos a la competencia. Los fiscales sostienen que la venta de Chrome es necesaria para “detener permanentemente el control de Google sobre este punto de acceso de búsqueda crítico y permitir a los motores de búsqueda rivales la capacidad de acceder al navegador que para muchos usuarios es una puerta de entrada a Internet”.

Con esos argumentos, además de exigir a Google que se desprenda de su navegador Chrome, la resolución también prohibiría a la empresa que proporcione a sus productos de búsqueda acceso preferente a productos o servicios relacionados que posea o controle, como Android. Con respecto a este sistema operativo para móviles, las opciones serían dos: venderlo o aislarlo del buscador.

Así, Google no debería proporcionarse a sí mismo un acceso preferente a Android o a aplicaciones o datos propiedad de Google en comparación con el que proporciona a todos los demás buscadores y productos de IA. Tampoco debería utilizar su propiedad y control de Android, o de cualquier otro producto o servicio de Google, para utilizarlo como ventaja en favor de su buscador. De hecho, la resolución impondría un examen al cabo de cinco años y si no ha aumentado la competencia en las búsquedas, se podría obligar a Google a vender también Android.

Ruptura con Apple

La resolución propuesta, que el juez puede adoptar en todo o en parte o rechazar, tiene un apartado especial dedicado a Apple: “Google no debe ofrecer ni proporcionar nada de valor a Apple, ni ofrecer condiciones comerciales, que de algún modo desincentiven económicamente a Apple para competir o entrar en los mercados de motores de búsqueda generales o de anuncios de texto para búsquedas”.

Ese es uno de los aspectos clave que se discutieron en el juicio: los acuerdos por los que Google paga miles de millones de dólares para ser el buscador por defecto de los iPhone, iPad y Mac al emplear su navegador Safari. En la práctica, Apple renunciaba a desarrollar su buscador, pero se lleva un buen pellizco, del orden de los 20.000 millones de dólares anuales, por el tráfico que dirige a Google. De aprobarse esta parte de la resolución, lo que parece muy probable, el principal perjudicado a corto plazo sería Apple más que Google.

En general, aunque haya una cláusula específica sobre Apple, también se proscriben otros acuerdos por los que Google es el buscador por defecto en otros dispositivos. El catálogo de medidas es muy amplio. Los fiscales quieren que se prohíba a Google suscribir ningún contrato o acuerdo para asegurarse licencias de datos de ningún editor, sitio web o creador de contenidos, que otorgue al buscador la exclusividad o que restrinja la capacidad del editor para llegar a acuerdos con otro desarrollador de motores de búsqueda o de productos de inteligencia artificial.

La compañía tampoco podría condicionar el acceso a Play Store o a cualquier otro producto de Google a un acuerdo de distribución del buscador. Google tampoco debería agrupar, vincular o condicionar de cualquier otro modo el buscador con ningún otro producto de Google. La resolución también prohibiría acuerdos de compartición de ingresos por consultas de Google, clics en anuncios y similares.

Cesión masiva de datos y búsquedas

La propuesta del Departamento de Justicia también implicaría que Google tuviese que ceder sus datos de forma masiva y a un coste marginal, para así eliminar barreras de entrada a competidores. Además, se prohibiría a Google utilizar y conservar para sí misma aquellos datos que no pueda proporcionar a los competidores cualificados por motivos de privacidad o seguridad.

No solo eso: Google también tendría que convertirse en proveedor de búsquedas para terceros, es decir, sindicar y licenciar su contenido, de modo que otros buscadores puedan utilizarse con la misma calidad y fiabilidad de Google. Se convertiría en una especie de mayorista de las búsquedas. Cualquier competidor cualificado podría tener una licencia por 10 años para usar su motor de búsqueda como sustrato, del mismo modo, salvando las distancias, que los operadores virtuales de telefonía usan las redes de las compañías que han invertido en ellas. También debería acceder a acuerdos de sindicación de los anuncios de texto de las búsquedas, aunque en este caso por un año.

Además, se obligaría a Google a un ejercicio de transparencia, de mostrar las tripas de su negocio publicitario. Para cada anuncio de texto de búsqueda publicado o en el que se haya hecho clic, Google debe poner a disposición de los anunciantes, a nivel de anuncio individual para el periodo de 18 meses anterior, datos que muestren la consulta, la palabra clave desencadenante, el coste por clic (CPC), el posicionamiento, el valor de vida útil y cualquier otra métrica necesaria para que el anunciante evalúe el rendimiento de su anuncio.

Desinversiones y adquisiciones

Por si eso fuera poco, la política de participaciones y de adquisiciones de la compañía quedará también condicionada. Si se aprobase la resolución, Google tendría un mes para identificar qué participaciones tiene en potenciales competidores, incluidas empresas de inteligencia artificial que podrían competir en el mercado de las búsquedas. “En un plazo de seis meses, Google deberá desprenderse de cualquier participación de este tipo y abstenerse inmediatamente de tomar cualquier medida que pudiera desalentar o desincentivar a dicha empresa a desarrollar productos o servicios que compitan con los motores de búsqueda o los Anuncios de Texto en Búsquedas de Google, los interrumpan o los desintermedien”, dice el texto.

En sentido contrario, Google no podrá, salvo consentimiento previo por escrito de los demandantes, adquirir ninguna participación en ninguna empresa o llegar a acuerdos de asociación o colaboración, incluido cualquier acuerdo de marketing o ventas, con ninguna empresa que compita con Google en las búsquedas.

Las medidas impuestas tendrían una duración de 10 años, aunque si los competidores conquistan una cuota de mercado en las búsquedas superior al 50% y la empresa lleva cinco años obedeciendo las condiciones, podría pedir que se dé por cumplida la sentencia.

Google tendrá la oportunidad de presentar en diciembre sus propias alegaciones sobre los remedios a adoptar. El Departamento de Justicia puede complementar su posición en marzo. Luego, habrá una vista oral de dos semanas en abril. La demanda contra Google fue presentada por el Departamento de Justicia durante el primer mandato de Donald Trump. Fue llevada a juicio durante la presidencia de Biden y llegará a su conclusión de nuevo con Trump en el poder.

La compañía ha expresado su disgusto con las medidas solicitadas a través de un comunicado: “La exagerada propuesta del Departamento de Justicia va mucho más allá de la decisión del Tribunal. Rompería una serie de productos de Google ―incluso más allá de las búsquedas― que la gente ama y encuentra útiles en su vida cotidiana”, escribió Kent Walker, director jurídico de la compañía.

Según Walker, la propuesta del Departamento de Justicia “pondría en peligro la seguridad y privacidad de millones de estadounidenses, y socavaría la calidad de los productos que la gente adora, al forzar la venta de Chrome y potencialmente de Android”. Indica que exigiría la divulgación a empresas extranjeras y nacionales desconocidas no solo de las innovaciones y resultados de Google, sino, también de las consultas de búsqueda personales de los estadounidenses.

Google asegura que, de aprobarse la resolución propuesta, tendría que enfriar su inversión en inteligencia artificial. También dice que la decisión perjudicaría a servicios innovadores, como Firefox de Mozilla, cuyo negocio depende de cobrar a Google por el posicionamiento en las búsquedas. También indica que no ella se limitaría deliberadamente la capacidad de los usuarios para acceder a la Búsqueda de Google y se impondría “la microgestión gubernamental” de las búsquedas de Google y otras tecnologías mediante el nombramiento de un comité técnico con un enorme poder.