La Seguridad Social ya negocia con las comunidades para reforzar el papel de las mutuas en las bajas laborales

Las palabras con las que la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, abrió la puerta a crear bajas laborales “flexibles” han supuesto un terremoto en el debate laboral. Esas declaraciones, el pasado 3 de octubre, han agitado la conversación sobre las incapacidad temporal en España, en cifras récord. Pero el asunto ya estaba en la mesa de la Seguridad Social antes: uno de los puntos más importantes de la última reforma de pensiones, suscrita con sindicatos y patronales, es una estrategia para acortar la duración de las bajas traumatológicas. La idea consiste en dar más peso a las mutuas en esos procesos, en colaboración con las comunidades. El ministerio ya ha puesto en marcha reuniones con las autonomías para explicarles el plan y, según las opiniones recabadas por este periódico, la mayoría de territorios que han reflexionado sobre el asunto se pronuncian a favor.

El lunes 30 de septiembre se celebraron los primeros encuentros entre representantes del ministerio y de algunas consejerías de sanidad autonómicas. Es decir, solo 12 días después de que Ejecutivo, sindicatos y patronales firmaran el pacto en La Moncloa. En su punto siete, titulado “medidas para mejorar la gestión de la incapacidad temporal y favorecer la recuperación de los trabajadores”, el acuerdo se propone “impulsar un mejor aprovechamiento de los medios asistenciales de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social en los procesos traumatológicos, acelerando los diagnósticos y los tratamientos”.

Ello se articulará, según especifica el texto, mediante “la celebración de convenios de colaboración a suscribir entre la Consejería de Sanidad de cada una de las Comunidades Autónomas, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social [...] por los que las mutuas ponen a disposición sus recursos humanos y materiales con el fin de mejorar la salud de las personas trabajadoras y evitar la prolongación innecesaria de los procesos”.

La reflexión de los firmantes es que las mutuas, que se financian con recursos públicos pese a ser entidades privadas, están desaprovechadas y son especialistas en las dolencias traumatológicas. A la vez la sanidad pública está saturada, de manera que la tardanza en abordar algunos tratamientos alarga innecesariamente algunas bajas, lo que repercute en un alza de los índices de incapacidad temporal.

En diciembre de 2023 España registró un récord de 849.535 personas en listas de espera quirúrgicas. Es casi el doble que hace 20 años, cuando había 9,78 personas en esta situación por cada 1.000 habitantes. Hoy son 18,11, también el máximo notificado. Además, es altísima la proporción de aquellos que llevan más de seis meses esperando, un 24%, un dato solo superado por el anómalo 27% de 2020 y que triplica el de principios de siglo (8%). Completa esta foto tan poco favorecedora la espera media, 128 días en 2023, uno de los peores registros de la serie y también en niveles muy superiores a los de hace 20 años (77) o una década atrás (98).

España gasta un 1,4% de su PIB en prestaciones por incapacidad temporal, dos décimas más que la media comunitaria. Además del atasco de la sanidad pública, los expertos apuntan al envejecimiento de la fuerza laboral como el principal motivo que explica el aumento de las bajas. Hoy los trabajadores mayores de 50 años son el 35% del total, mientras que hace 20 años eran el 19,6%.

Las autonomías, en la misma línea

Cuesta imaginar que haya problemas en el desarrollo del plan, dado que en la mayoría de comunidades gobierna el PP, que ha suscrito a menudo el discurso crítico de la patronal sobre el absentismo. Este periódico se ha puesto en contacto con las consejerías de sanidad de todos los territorios para conocer su predisposición ante el acuerdo del Gobierno central con los representantes de sindicatos y empresarios. Las gobernadas por el PSOE son lógicamente las más proclives, pero otras también ven con buenos ojos la idea y ninguna la ha rechazado abiertamente. Siete no han respondido.

Una de las autonomías en que gobiernan los socialistas es Asturias. “Estamos de acuerdo con ese planteamiento y nuestra intención es firmar ese convenio”, indican desde el Gobierno asturiano. Es más, en un pacto propio con sindicatos y patronales regionales “también se recoge este planteamiento cuando se aborda la incapacidad temporal de los trabajadores”. Otra región en que gobierna el PSOE es Navarra: “Estamos estudiando la documentación y la mejor forma de articularlo atendiendo a las particularidades de nuestra comunidad. Nuestra postura es que, todo lo que ayude y favorezca la atención de nuestros pacientes será bienvenido”.

El Gobierno socialista de Castilla-La Mancha indica que ya se han reunido con el ministerio. “Consideramos que esta cooperación podría redundar en una recuperación más rápida de los trabajadores y en mayores opciones de tratamiento. Ahora estamos revisando el borrador de convenio para ordenar y decidir esta cuestión”. Desde la Generalitat de Cataluña, cuyas riendas acaba de tomar el socialista Salvador Illa, dicen que esta cuestión todavía se está estudiando.

En Aragón (PP) también se manifiestan a favor, básicamente, porque ya están en ello: “Aquí está puesta en marcha esta iniciativa de forma transversal entre las consejerías de Economía, de Sanidad, sindicatos y mutuas. Si el ministerio va por esa línea, bienvenido sea”. Es una respuesta parecida a la de la Xunta de Galicia, también gobernada por el PP. Indica que el 5 de agosto ya se firmó un acuerdo que profundiza en la misma idea. “Galicia está mejorando la colaboración fijando un protocolo que mejore y haga eficaz la intervención de las mutuas en la realización de pruebas diagnósticas cuando la situación de incapacidad se prolongue a consecuencia de demora en la práctica de estas pruebas”, explican desde el Ejecutivo de Alfonso Rueda.

“La Conselleria de Sanidad”, dicen desde la Generalitat valenciana (PP), “ve insuficiente el convenio”. “En la Comunidad Valenciana estamos trabajando en un marco de colaboración más amplio con las mutuas para mejorar la calidad asistencial de los pacientes”, agregan. Cantabria (PP) dice lo mismo: “Nosotros ya teníamos en marcha la negociación del convenio mucho antes que el ministerio comenzase a gestionarlo”.

En términos generales, ninguna se opone a la filosofía del plan. La Rioja (PP), por ejemplo, señala que está pendiente de una reunión con el ministerio “para adoptar una postura”. Y Murcia (PP) también indica que lo está valorando. Andalucía, Madrid, Canarias, Baleares, Castilla y León, País Vasco y Extremadura no han dado respuesta a la petición de este periódico.

Un acuerdo complejo

Este planteamiento deriva del último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que firmaron sindicatos y patronales en mayo de 2023. El punto que trataba la incapacidad temporal, según fuentes conocedoras de aquella negociación, fue el último que se incorporó al texto. Dice así: “Las organizaciones empresariales y sindicales firmantes de este acuerdo manifestamos nuestra preocupación por los indicadores de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes”.

Para los sindicatos fue un paso difícil, dado el empeño habitual de la patronal en sembrar dudas sobre el origen del absentismo. Lo hicieron suscribiendo, además, que parte de la solución pase por las mutuas, que tan mala fama tienen entre algunos trabajadores a los que representan. Muchos advierten en ellas una voluntad de acortar procesos de forma apresurada y de no reconocer el origen profesional de las dolencias. Tanto UGT como CC OO priorizaron la lógica de que son recursos públicos desaprovechados, y que si pueden repercutir en una mejora de la salud de los trabajadores, merece la pena. En todo momento las centrales se han esforzado en recordar que la decisión sobre la alta y la baja seguirá dependiendo del médico de la sanidad pública, un punto de partida que cristalizó en el acuerdo con el Ejecutivo.

Sindicatos de menor representación y que no participan en el diálogo social, como CGT, CIG o LAB, les han criticado por este pacto, que creen que “profundiza en la privatización de la gestión de la incapacidad temporal”. Son argumentos similares a los emitidos por los partidos nacionalistas de izquierdas ERC, BNG y Bildu, muy críticos con el acuerdo de Gobierno y agentes sociales. Ese rechazo no pone en peligro el nuevo planteamiento para las mutuas, dado que no exige la votación favorable del Congreso. La formación de la comisión tripartita de seguimiento de este nuevo papel de las mutuas, así como los cambios en la jubilación activa y la parcial, sí requieren cambios legislativos que necesitan la luz verde de la mayoría del Congreso.

Nueva negociación

Este lunes, 14 de octubre, sindicatos y patronales iniciarán el diálogo con el Gobierno para reformar la incapacidad temporal. En una de sus últimas comparecencias, el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, no ahondó en la propuesta de bajas flexibles, pese a la insistencia en las preguntas. “Es una cuestión muy sensible”, dijo sobre los índices de incapacidad temporal en España, “y lo que hay que hacer ahora mismo es una aproximación técnica a este asunto, trabajar discretamente, como hacemos siempre. A medida que tengamos resultados los iremos compartiendo”.

De cara a esa reunión, los sindicatos ya han marcado una clara posición contraria. “Nosotros no vamos a permitir el menoscabo del derecho a la salud de los trabajadores ni un centímetro. Si de lo que hablamos es de que ya en alta la vuelta al trabajo sea paulatina, eso es otra cosa”, opina Cristina Estévez, secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT. Por su parte, CC OO dijo en un comunicado que acudirá a la reunión del lunes, pero anticipa un rechazo (como UGT) al planteamiento del ministerio: “Genera escepticismo, ya que los prolegómenos, en los que se han anunciado medidas espontáneas, no elaboradas ni discutidas y menos acordadas, no han sido el mejor comienzo”.