Los avales hipotecarios del Estado para jóvenes sitúan en Madrid el precio tope más alto: 325.000 euros

El Gobierno ha colocado los problemas de acceso a la vivienda en el centro de la diana. Para aliviar su situación, el Ejecutivo prepara medidas que aumenten la oferta. Uno de los anuncios estrella en esta materia es la línea de 2.500 millones en avales públicos para que los jóvenes y familias con menores a su cargo puedan conseguir una hipoteca. Esta medida ya fue aprobada en Consejo de Ministros, pero está a la espera de que se firmen los convenios con los bancos. Los ciudadanos que accedan al aval, podrán solicitar una hipoteca superior al 80% y hasta el 100% del valor de tasación del inmueble gracias a la garantía del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Entre los requisitos a cumplir se encuentra un importe máximo de adquisición de la vivienda, una cifra que variará por comunidades: Madrid tendrá el precio tope más alto (325.000 euros) y Extremadura la cuantía más baja (200.000 euros), según un borrador del convenio al que ha tenido acceso EL PAÍS.

En el documento aparece el valor máximo de cada autonomía. En un segundo escalón, por ejemplo, quedan Cataluña, País Vasco y Navarra (hasta 300.000 euros), seguidas de Baleares y Aragón (275.000 euros). Por la zona baja, Andalucía, con un valor tope de 225.000 euros, es la segunda con una cuantía más baja, solo superada por Extremadura. En la práctica, el Estado avalará un 20% de hasta estas cifras como máximo —el 25% si la casa tiene altas prestaciones energéticas (calificación D o superior)—.

En el texto se incluye toda la letra pequeña de estos avales públicos, aunque todavía se trata de un borrador expuesto a cambios. De hecho, hay algunos escollos técnicos entre el ICO y los bancos, por ejemplo en la parte del impacto que pueda tener sobre sus cuentas, aunque fuentes financieras aseguran que habrá acuerdo. Entre los detalles se encuentra que estas operaciones se suscribirán en un único contrato de préstamo hipotecario (no en dos, uno por el 80% que otorga la banca como máximo habitualmente y otro por el 20% restante, como se había valorado). El convenio con las entidades, además, exige que los préstamos incorporen el logo del Gobierno de España y del Ministerio de Vivienda.

Sobre el valor máximo del contrato, en el borrador se indica que no podrá superar la cifra más baja entre el valor de tasación o el precio de adquisición. Y estos avales solo se podrán solicitar hasta el 31 de diciembre de 2025, aunque el Gobierno ya ha fijado la posibilidad de prorrogarlo por otros dos años. Por otra parte, el Ejecutivo y el ICO dejan a la banca como responsable del estudio de riesgo de los clientes: “La entidad financiera decidirá sobre la concesión de la financiación solicitada”, recoge el documento.

Otros requisitos

Entre los requisitos que recoge el borrador del convenio está que los solicitantes tengan hasta 35 años y, si lo superan, solo podrán aplicar en los casos de familia con menores a cargo. También deberán contar con unos ingresos anuales de hasta 4,5 veces el IPREM (el indicador público de renta de efectos múltiples), lo que equivale a 38.600 euros brutos anuales. Eso sí, si el préstamo lo firman dos personas, esta renta tope se duplicará (ambos deberán cumplir todos los requisitos). Y por cada menor a cargo se sumarán otros 2.520 euros brutos anuales. También hay excepciones para las familias monoparentales, en las que se ampliará el límite de ingresos hasta en un 70%.

Habrá otra serie de puntos a cumplir, por ejemplo, que el solicitante no disponga de un patrimonio de más de 100.000 euros. También deberá acreditar que es residente habitual en España desde, al menos, los dos años anteriores a la solicitud del aval. Y que el inmueble se destine a vivienda habitual, aunque en casos de divorcio o determinadas circunstancias que impidan vivir en esa vivienda, se hará una excepción. Además, los prestatarios no podrán ser propietarios de otra casa en territorio nacional, excepto si se trata de una herencia de parte de un inmueble o de nuevo en casos de separación matrimonial y circunstancias similares.

Según figura en el borrador, el aval tendrá una duración de hasta 10 años, independientemente de los plazos de amortización de la hipoteca. Es decir, el porcentaje extra que se concede perderá la garantía estatal tras ese plazo. Los bancos en cuestión podrán reclamar los impagos del principal al ICO de los clientes que no hayan satisfecho su cuota durante al menos 90 días. Y el Instituto abonará la parte porcentual del impago que haya avalado. Por otro lado, en caso de que la entidad consiga recuperar parte de la deuda reclamada, tendrá que devolver al ICO esa cantidad (descontando los gastos de recuperación).

El Gobierno calcula que con los 2.500 millones beneficiará a unas 50.000 personas. Esta cifra ha ido oscilando desde que la medida se anunció por primera vez en mayo del año pasado, durante la precampaña de las elecciones autonómicas y locales, en la que Pedro Sánchez y el PSOE hicieron numerosas promesas en materia de vivienda. Rodríguez ha insistido este martes en que su ministerio y el Ejecutivo seguirán trabajando en otras políticas, y como ejemplo ha puesto otra línea de avales que se llevará al ICO en próximas semanas para construir viviendas destinadas al alquiler asequible con fondos de los planes de recuperación europeos.

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