Hacienda advierte de que vigilará con lupa las devoluciones en Sociedades tras la sentencia del Constitucional

La Agencia Tributaria ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero correspondiente al ejercicio 2024. En el documento, además de detallar los puntos sobre los que pondrá la lupa durante este curso, el Ministerio de Hacienda repara en el reciente fallo del Tribunal Constitucional por el que se tumba buena parte de la reforma que llevó a cabo el exministro del ramo Cristóbal Montoro, la cual endureció las deducciones previstas en el impuesto de sociedades. El fallo del tribunal de garantías, que supone un jarro de agua fría para el fisco español, tendrá un coste de varios miles de millones en concepto de devoluciones a las grandes empresas. Y la Agencia Tributaria, consciente de ello, reconoce que vigilará todas estas compensaciones.

“La planificación del ejercicio 2024 y previsiblemente de futuros ejercicios va a verse afectada por la sentencia de 19 de enero de 2024 del Tribunal Constitucional dictada en relación con las modificaciones del Impuesto sobre Sociedades introducidas por el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre”, recoge el citado plan dentro del capítulo dedicado a la investigación y a las actuaciones de comprobación del fraude tributario.

Estas modificaciones, que se anulan tras la sentencia del Constitucional, son la fijación de topes más duros para la compensación de bases imponibles negativas; la introducción ex novo de un límite a la aplicación de las deducciones por doble imposición; y la obligación de integrar automáticamente en la base imponible los deterioros de participaciones que hayan sido deducidos en ejercicios anteriores. Las dos primeras medidas, prosigue la Agencia Tributaria, solo son aplicables a las grandes empresas, mientras que la tercera puede afectar a cualquier contribuyente del gravamen.

El Constitucional, al tumbar la reforma que el Gobierno del Partido Popular hizo en 2016, acotó los futuros reintegros a que las empresas —con anterioridad a la sentencia— hubiesen hecho uso de su derecho a instar la rectificación de cada una de sus autoliquidaciones y tengan por ello un procedimiento administrativo o judicial abierto. La mayoría de las grandes compañías del Ibex afectadas, coinciden todos los expertos consultados, se encuentran en esa situación, por lo que el coste de las devoluciones se presupone muy elevado. La agencia vigilará con lupa todos estos números y, según reconocen fuentes del organismo, la “complejidad” del caso consumirá muchos recursos humanos, entre técnicos e inspectores.

Esta no será la única novedad en el control asociado al impuesto sobre sociedades. La Agencia Tributaria también explica que, tras la reciente modificación normativa de los procesos de comprobación limitada, se ha reforzado la capacidad de vigilancia desde el punto de vista práctico. Ello permitirá intensificar “el control sobre rentas que tengan su origen en el desarrollo de actividades económicas por entidades jurídicas”. En consecuencia, durante el año 2024 la inspección “incidirá en expedientes en los que existan bases imponibles negativas, créditos fiscales en base o cuota pendientes de compensar o de aplicar”.

En el plan, Hacienda también hace un repaso sobre otras actuaciones que ya se han convertido en rutinarias dentro del control hacia las empresas. Así, la agencia incide en que corroborará que la aplicación de las deducciones fiscales previstas en el impuesto de sociedades esté ligada al desarrollo de actividades reales dirigidas a tales fines, así como que los importes sean correctos para evitar “el abuso en el posible traslado de beneficios fiscales”. Otro de los riesgos identificados es la posibilidad de beneficiarse de deducciones e incentivos de forma indebida por parte de entidades carentes de actividad, “cuyo principal motivo de existencia es el aprovechamiento indebido de estos beneficios fiscales”.

La Agencia Tributaria también pone el foco en el tratamiento dispar que dan el IRPF y el impuesto sobre sociedades a rentas procedentes de la misma fuente, que ha sido aprovechado por los obligados tributarios para conseguir una menor carga impositiva. Por eso, las operaciones clásicas que rodean a cualquier sociedad de capital —como pueden ser la constitución, aumento y reducción de capital, disolución y liquidación o separación de socios— serán objeto “de un seguimiento particular al objeto de que no sirvan de cobertura para disimular las capacidades económicas de sus propietarios en el IRPF, o sirvan de refugio de rentas opacas”, precisa el texto.

Nuevos impuestos

En el plan de control tributario, la agencia también recuerda que tiene capacidad investigadora para supervisar y analizar el impacto recaudatorio de los tres nuevos gravámenes diseñados por el Gobierno: los impuestos extraordinarios a banca y energéticas, por un lado, y el impuesto de solidaridad de grandes fortunas, por otro. “La Agencia Tributaria fue el órgano encargado de la aplicación de dos nuevos gravámenes temporales y el nuevo impuesto temporal introducidos en el ordenamiento jurídico para los ejercicios 2023 y 2024″, señala el documento.

En el ejercicio 2024, continúa, se autoliquidarán tanto el pago anticipado como la liquidación definitiva de los gravámenes empresariales y, también, la autoliquidación del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Por eso, durante este ejercicio “se realizarán actuaciones para el análisis y, en su caso, comprobación” de estas tres figuras, a las que se le añaden el impuesto sobre determinados servicios digitales y el impuesto sobre transacciones financieras.

Lujo y patrimonio

Como viene sucediendo desde hace años, la agencia también pondrá el foco en la falsa afectación a la actividad económica de bienes de lujo —tales como viviendas o segundas residencias, aeronaves, embarcaciones o automóviles de alta gama— y de los servicios relacionados con el sector. Todo ello, para vigilar a personas jurídicas cuya actividad no se encuentre vinculada con el aprovechamiento o arrendamiento de tales bienes.

Además, respecto a los grandes patrimonios, se ampliará el control a la posible simulación de residencia fuera de España o en una autonomía distinta de la real; se avanzará en la búsqueda de nuevas fuentes de información que puedan ser objeto de una explotación masiva mediante técnicas de explotación de datos; y se reforzarán los análisis patrimoniales globales para evitar divisiones artificiales de actividad, al igual que el uso abusivo de formas jurídicas para canalizar rentas personales. El objetivo es combatir “conductas extremadamente lesivas para los intereses de la Hacienda Pública relacionadas con la simulación de la residencia fiscal”, especialmente en casos de personas físicas que intentar beneficiarse de una tributación efectiva inferior a la debida.

Algo similar sucede con los extranjeros que viven en España, permaneciendo en el país durante más de 183 días, pero que no tributan como residentes por su renta mundial, sino que lo siguen haciendo a través del impuesto sobre la renta de los no residentes. Se ha observado “un cierto número de personas” en esta situación y “estos comportamientos serán objetos de comprobación”.

Los planes de control de la Agencia Tributaria también intensificarán la vigilancia sobre las empresas intermediarias en la inversión y pagos con criptomonedas y sobre los neobancos. En el caso de las entidades de pago electrónico y virtual, el objetivo es evitar que su utilización suponga una fuga de información y dé pie a la elusión o el fraude.

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