Las comunidades ejecutan menos de la mitad de los fondos europeos para energía

El desembolso de las ayudas autonómicas con cargo al plan europeo de recuperación pospandemia camina a menor ritmo del deseado. En el caso de las partidas energéticas, solo el 46% de los fondos comunitarios se han ejecutado ya, según los datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Las ayudas gestionadas por las comunidades incluyen las encaminadas a acelerar el despliegue del coche eléctrico, la aerotermia, la rehabilitación de edificios para aumentar la eficiencia o la instalación de paneles solares en el tejado de hogares y empresas, entre otras actuaciones.

Las llamadas ayudas territorializadas —es decir, aquellas de cuya gestión se encargan las administraciones autonómicas— suman alrededor de 4.700 millones de euros solo para actuaciones energéticas. Los datos disponibles hasta ahora ofrecen únicamente una visión general, de conjunto de todas las comunidades, sin estadísticas individuales; de ahí que no permitan establecer comparaciones de desempeño entre autonomías.

Los retrasos en la concesión de ayudas por parte de las autonomías son generalizados, pero especialmente importantes en el caso del Moves, que busca tanto la sustitución de los vehículos más viejos por otros más modernos y eficientes como —sobre todo— la electrificación del parque móvil español. También en el autoconsumo, un ámbito en el que tanto la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) como otras asociaciones sectoriales llevan meses denunciando retrasos de hasta dos años en la transferencia del dinero a los beneficiarios de algunas regiones.

Las comunidades que más fondos territorializados han recibido son Cataluña (710 millones), Madrid (525) y Andalucía (522), seguidas por Canarias (409), la Comunidad Valenciana (334) y Baleares (casi 280 millones). Aunque el principal criterio es la población, en ese reparto también influyen otros factores, como la diligencia de cada territorio a la hora de pedir una ampliación cuando identifica una alta demanda de una línea concreta de ayudas o, simplemente, cuando se agotan los fondos.

Patata caliente

El plan de recuperación es la mejor ocasión para transformar la fisionomía de un país a largo plazo: desde el maná de los fondos de cohesión tras la entrada de España en la Unión Europea. Pero esa realidad también tiene un envés: sin capital humano ni estructura suficientes para gestionar un volumen tan grande de recursos y proyectos en un corto periodo de tiempo, a las administraciones les ha caído una patata caliente sin precedentes.

La transformación del sistema energético es una de las partidas más importantes de los fondos europeos: suponen uno de cada siete euros de la primera fase del ambicioso Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por los Veintisiete en el verano de 2020. En el caso de las partidas gestionadas directamente por el Gobierno central, el IDAE —dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico— ha movilizado el 91% del total, algo más de 9.500 millones de euros, para más de 2.200 proyectos incluidos en 25 líneas de ayudas.

Cuatro veces más peticiones

La avalancha de peticiones ha sido abrumadora: según las últimas cifras disponibles, las solicitudes de ayudas de los programas territorializados cuadruplican el presupuesto inicialmente establecido. Hasta la fecha, unas 200.000 personas o empresas se han beneficiado ya de las ayudas.

La cantidad inicial, sin embargo, ha ido creciendo y seguirá haciéndolo a medida que se producen nuevos desembolsos desde Bruselas. En noviembre, por ejemplo, este diario adelantó que el Ejecutivo destinaría 500 millones más procedentes de la adenda (créditos blandos que se suman a las ayudas a fondo perdido) pactada con la Comisión Europea para que las comunidades ampliasen sus programas de ayudas al autoconsumo, ya agotados en muchos casos. Una medida que situaba el volumen total destinado a ese fin por encima de los 2.000 millones.

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