El Gobierno deja el IVA de la luz en el 10%, frente al 21% de antes de la crisis

El Gobierno ultima la prórroga del paquete de ayudas contra la inflación y la crisis energética desatada por la guerra de Ucrania. Entre las iniciativas que prepara figura dejar el IVA de la electricidad en el 10% frente al 5% actual y el 21% que tenía antes de que se disparasen los precios de la energía. Esta decisión podría incluso extenderse durante todo el año 2024, según fuentes conocedoras de las deliberaciones que se han mantenido en el seno del Ejecutivo y entre el PSOE y Sumar. El Ejecutivo había reducido el IVA de la luz del 21% al 10% en junio de 2021, al inicio de las turbulencias por la crisis energética. Un año después, en plena ofensiva rusa en Ucrania, volvió a recortarlo del 10% al 5%. Ahora emprende el camino de vuelta.

Al final, tras las presiones de Sumar, la actual subvención al transporte público podría quedarse igual que estaba. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya avanzó hace unas semanas que el transporte público sería gratis para menores, jóvenes y parados. Pero además, según señalan fuentes de Sumar, se continuará durante un año con los descuentos que ya se aplicaban junto a comunidades autónomas y Ayuntamientos. De esta bonificación, el Estado brinda un 30% y el 20% restante lo aporta la entidad regional o local encargada. Y seguirá igual la gratuidad de Renfe Media Distancia y Cercanías. Estas serán algunas de las medidas incluidas en el real decreto ley que el Ejecutivo prevé aprobar este miércoles con la renovación del paquete de ayudas a hogares y empresas.

En un momento de desaceleración económica y con la vuelta de las reglas fiscales, el Ejecutivo necesita disminuir el coste del escudo social para poder cuadrar las cuentas públicas. Pero también precisa contener el efecto que podría tener la eliminación de las medidas sobre los precios, como ya alertara el Banco de España. Será un ejercicio de sorber y soplar al mismo tiempo.

Los otros tres impuestos energéticos se irán recuperando progresivamente durante la primera mitad del año. El IVA del gas, madera y pellets estaba rebajado al 5% igual que el de la electricidad y volverá de manera escalonada al 21%. Lo mismo sucederá con el impuesto especial sobre la energía eléctrica (IEE), que había disminuido al 0,5% y retornará al 5,11%. Y el que grava el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE), que ahora se encontraba suprimido, recobrará su tipo habitual del 7%. La idea es hacerlo poco a poco con todas estas figuras tributarias para así limitar el impacto sobre la inflación.

Este martes se conoció, por otra parte, la prórroga durante un año más de las medidas para proteger a familias vulnerables de un desahucio. Así, en lo referente a vivienda, una parte del denominado escudo social que se configuró durante la pandemia estará vigente al menos hasta el 31 de diciembre de 2024. Se daba por hecho que, al tratarse de decisiones que no tienen un coste para las arcas del Estado, algunas de estas iniciativas se prolongarían. Ha sido Bildu, socio parlamentario del Ejecutivo, quien ha anunciado el acuerdo para hacerlo. En el mismo se incluyen la prohibición de cortes de suministros a hogares con dificultades económicas y la tarifa especial de gas para calderas comunitarias, aunque en el comunicado emitido por los nacionalistas vascos no queda claro si también se ampliarán todo un año.

La plana mayor del Ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez ha pasado buena parte de este martes terminando de cerrar la prórroga parcial del escudo social. El paquete, aprobado a raíz de la guerra de Ucrania y la crisis energética, caduca el 31 de diciembre. Entre las medidas que contempla se incluye la rebaja del IVA sobre los alimentos básicos, las mencionadas rebajas de impuestos energéticos y ayudas al transporte, así como otras medidas sectoriales. Se prevé que se suprima el grueso de estas últimas, que están destinadas sobre todo a transportistas, industria, agricultura, ganadería y pesca. El coste de las subvenciones a los combustibles profesionales asciende a los 1.600 millones, y el resto suponen otros 2.000 millones.

Fuentes de Sumar han explicado que las negociaciones entre los equipos de Hacienda y Trabajo fueron intensas durante la jornada de ayer, y precisan que, a pesar de que el grueso de las medidas vigentes serán prorrogadas, como las referentes al ámbito laboral, la imposibilidad de suspender los suministros básicos, la ampliación de los descuentos del bono social eléctrico, “otras siguen suscitando debate en el seno del Gobierno de coalición, como las medidas relacionadas con la gratuidad del transporte público o el impuesto a la banca y a las energéticas”.

Respecto a las medidas antidesahucio, “EH Bildu había solicitado al Gobierno que se incluyese esta medida y, tras la negociación y el acuerdo alcanzado, será incluido en el decreto”, señala la formación abertzale. Estas llevan vigentes, con ligeras modificaciones, desde la pandemia y básicamente dificultan los procedimientos de expulsión cuando una familia que no puede pagar el alquiler o la hipoteca acredita que está en situación de vulnerabilidad y no tiene otra casa donde irse a vivir. Los supuestos amparan algunos casos de ocupaciones irregulares y supuestos penales (judicialmente, un desahucio se puede intentar por la vía civil o la penal), aunque solo cuando hay menores en el hogar, personas dependientes o una situación de violencia de género.

La última vez que se prorrogaron estas medidas fue en junio, cuando se decidió extenderlas por seis meses, hasta acabar este 2023. Entonces el Ejecutivo lo justificó porque la ley de vivienda aprobada en mayo, que cambió de manera permanente los procedimientos de desahucio siguiendo el mismo espíritu, todavía no había tenido tiempo de desplegar sus efectos. Pero la norma era un poco menos ambiciosa y el hecho de que los socios del Gobierno hayan insistido en esta prórroga muestra que para muchos la ley se quedó corta en ciertos aspectos. Y es con ese contexto de fuerte inflación e incertidumbre económica derivada de la guerra de Ucrania (a lo que se ha añadido el conflicto en Oriente Próximo) por lo que el Ejecutivo justifica la decisión de mantener vigentes todas las protecciones que ya existían.

No es la primera vez que Bildu anuncia un acuerdo sobre vivienda. Hace algo más de un año ya se anotó el tanto de la prórroga del tope del 2% para las actualizaciones del alquiler. Después esta medida fue recogida igualmente en la ley de vivienda, que fija para 2024 que ese máximo (que se aplica solo a contratos en vigor que tienen que recalcular la renta mensual) será del 3%. Por lo tanto, ya no es necesario incluirla en el decreto que aprobará el último Consejo de Ministros del año, aunque los nacionalistas sí han aprovechado para reivindicar ese logro en su comunicado de este martes.

Menos claro estaba qué pasaría con la tarifa regulada de gas para comunidades de vecinos. Esta se aprobó al dispararse los costes energéticos, y con ello los gastos de las calderas comunitarias, por lo que los administradores de fincas habían pedido reiteradamente su extensión. De acuerdo con el anuncio de Bildu, el Gobierno dará ese paso también el miércoles. Y se incluirá igualmente la prohibición de corte de suministros básicos (luz, agua y gas) a hogares vulnerables, otra medida que se puso en marcha durante la pandemia de covid-19 y que desde entonces se ha ido prorrogando. Sin embargo, sobre ambas iniciativas no queda claro cuál será el plazo de extensión y el Ejecutivo ha declinado hacer comentarios al respecto hasta que el decreto quede validado este miércoles.

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