Los peajes de las autopistas subirán hasta un 4% en 2024

Las tarifas de las autopistas de peaje se incrementarán hasta un 4,03% a partir del 1 de enero de 2024, según han solicitado las concesionarias de estas vías, de acuerdo a la fórmula de revisión anual automática de las tarifas de las vías de pago, que está ligada al Índice de Precios al Consumo (IPC) y a otras variables, confirmaron este miércoles fuentes de las empresas.

No obstante, la última palabra la tiene ahora el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que deberá decidir antes de que acabe este año si aplica toda la subida que sale de la fórmula o solo una parte. En este último caso, deberá compensar a las empresas concesionarias por la pérdida de ingresos. Este fue el mecanismo que aplicó para 2023, ya que la fórmula arrojaba un incremento del 8,4%, pero el Gobierno decidió limitarla al 4% para paliar el efecto en los usuarios, e incluso congelarla en las autopistas gestionadas por el Estado. A cambio, el Ministerio se comprometió a resarcir a las empresas concesionarias mediante pagos entre 2023 y 2026. Solo para este año reservó una partida de 23,3 millones de euros.

El cálculo de la fórmula, que se lleva aplicando desde 2002, resulta de aplicar un coeficiente de variación a las tarifas de peaje de las autopistas igual a la variación de la media de los índices de los precios de consumo correspondiente a los 12 meses anteriores (noviembre 2022 a octubre 2023) respecto a la media de los trece meses precedentes (noviembre 2021 a octubre 2022), corregido para cada autopista en función de la variación del tráfico. El aumento previsto para 2024 es superior a la inflación en el mes de octubre, que fue del 3,5%, y al 3,2% de IPC interanual de noviembre.

La mayor subida anual de los peajes de las autopistas estatales tuvo lugar en 2007, cuando alcanzó el 4,5%. Hasta el pasado ejercicio, el aumento medio en los 17 años de aplicación del sistema de revisión vigente había sido del 2,1%. Las concesionarias en España están en manos de grandes operadores como Abertis, Ferrovial, Itínere y Globalvia, y fondos de inversión y de pensiones como Meridiam, Vauban, Aberdeen y Bestinver Infra,

Litigios de Abertis

Precisamente Abertis, participada al 50% por ACS y la italiana Mundys (antigua Atlantia), ha desvelado este miércoles, que recurrirá judicialmente la nueva tasa impuesta por el Gobierno francés sobre los beneficios de las concesionarias de infraestructuras, y que le supondrá un impacto de 80 millones de euros al año, según señalaron fuentes de la compañía.

Asimismo, la compañía que dirige José Aljaro espera poder iniciar próximamente las negociaciones con el nuevo Gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, para zanjar una disputa internacional que mantiene abierta sobre sus dos autopistas en el país por la no aplicación de la revisión de tarifas de acuerdo a la inflación, y que se valora en 750 millones de dólares. El anterior Gobierno peronista de Alberto Fernández arrebató las dos concesiones de autopistas, argumentando que el contrato firmado durante el periodo de Mauricio Macri no era legítimo.

Con todo, el litigio de mayor importancia es el que le enfrenta al Gobierno español de Pedro Sánchez, al que exige más de 4.000 millones de euros por el presunto incumplimiento de un contrato con el Estado firmado en 2006 por el que la empresa debía recibir una compensación si el tráfico era menor de lo presupuestado en la AP-7, entre Tarragona y la frontera francesa. El Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 9 de enero la fecha para la deliberación y fallo del pleito, según fuentes de Abertis.

El origen del conflicto es el acuerdo firmado en 2006 entre la empresa y la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La concesionaria se comprometió a realizar varias inversiones en la autopista y a asumir descuentos en los peajes. A cambio, el Estado debía indemnizarle por las inversiones y firmar además un seguro de riesgo por el que se comprometía a pagar a la concesionaria una cantidad si el tráfico no crecía lo suficiente entre 2006 y 2021. Con el estallido de la crisis financiera en 2007, esas previsiones de crecimiento de tráfico pactadas con el Gobierno socialista se convirtieron en papel mojado, y Abertis reclamó la compensación millonaria.

Tras la reversión al Estado en agosto de 2022 de ese tramo de la AP-7, el Gobierno aceptó pagar los 1.070 millones de euros por las inversiones pero no reconoció el resto hasta los 4.000 millones, sobre el que en enero dictaminará el Tribunal Supremo. Si el fallo es favorable a Abertis, se tratará de la mayor indemnización que afronta el Estado en un pleito con una empresa privada, superando a los 1.350 millones que debió abonar por el almacén de gas Castor en Castellón al consorcio encabezado por ACS.

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