La injusticia fiscal alarma a la ONU

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, sorprendió el pasado agosto con una seria advertencia sobre la necesidad de tomar medidas ante el creciente malestar en los países en desarrollo por el injusto trato fiscal impuesto por las grandes potencias. La desazón que señala Guterres no es ajena a la inestabilidad que padecen los países más pobres de África reflejada en los sucesivos golpes de Estado en República Centroafricana, Malí, Burkina Faso, Níger y Gabón.

Naciones Unidas considera que los esfuerzos realizados hasta ahora por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el organismo que ha regulado esta materia, han sido insuficientes y propone un cambio en el sistema tributario internacional. El objetivo es impedir los flujos financieros ilícitos que esquilman a los países pobres. El asunto será tratado en la Asamblea General de Naciones Unidas de este mes. Un borrador del informe sobre el tema señala que “en los debates internacionales sobre cuestiones tributarias en Naciones Unidas ya ha surgido un consenso sobre la necesidad de: fortalecer la cooperación tributaria internacional para combatir la elusión y evasión tributaria y los flujos financieros ilícitos, que drenan los recursos necesarios, especialmente en los países en desarrollo, y construir sistemas tributarios más justos, inclusivos y eficaces, que son esenciales para generar confianza e impulsar la transformación prevista en la agenda global de desarrollo sostenible”. Las propuestas que baraja Naciones Unidas propugnan el establecimiento de una convención legalmente vinculante sobre la cooperación fiscal internacional.

Una reciente estimación de los perjuicios generados por los abusos fiscales transfronterizos realizada por Tax Justice Network eleva a 472.000 millones de dólares (437.000 millones de euros) las pérdidas de ingresos debido a abusos fiscales este año. En su informe Estado de la Justicia Fiscal en 2023, apunta como responsables de esta situación a las multinacionales y a los particulares que ocultan su riqueza y los flujos de ingresos en paraísos fiscales. El trabajo estima que las pérdidas globales ascenderán a 4,7 billones de dólares (4,35 billones de euros) durante la década actual.

Irene Ovonji–Odida, presidenta de Tax Justice Network, aboga por crear un organismo fiscal mundial bajo los auspicios de la ONU que permita “a los Estados protegerse de los abusos fiscales transfronterizos y recaudar ingresos para servicios públicos inclusivos y acabar con las desigualdades que marcan nuestras sociedades”. Según esta organización, el eje de la evasión fiscal está integrado por el Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo y Suiza, responsables del 50% del total. Los miembros de la OCDE y sus dependencias representan siete de cada diez dólares perdidos.

Un acuerdo en la ONU sobre una nueva arquitectura financiera global que impida seguir expoliando a los países pobres es el cimiento para que los países de África puedan levantar cabeza.

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