El juez aprueba que los fondos tomen el control de Celsa

Punto final a la batalla judicial por la propiedad del gigante siderúrgico Celsa. El magistrado Álvaro Lobato, titular del juzgado mercantil número 2 de Barcelona, ha emitido este lunes la sentencia sobre el caso, sobre la que no cabe recurso, y en la que homologa el plan de reestructuración elaborado por los fondos de inversión que tienen en sus manos la mayor parte de la deuda de la multinacional catalana. Con esta sentencia, una de las primeras que estrena la nueva Ley Concursal, el juez da vía libre para que los fondos acreedores se queden con la compañía sustituyendo a los fundadores y actuales propietarios, la familia Rubiralta, ya que el plan de reestructuración prevé convertir parte de la deuda que atesoran los fondos en el 100% de las acciones, mientras que el resto se podrá devolver en cinco años. El magistrado cree que la propuesta de los acreedores es “la única alternativa viable a medio plazo para la totalidad del grupo Celsa”, pero advierte de que deben cumplir “estrictamente” con sus compromisos, entre los que está la conservación de los puestos de trabajo.

El juicio sobre Celsa se celebró el pasado mes de julio, después de varios intentos de negociación fallidos y de un camino empresarial que desembocó en esta situación marcada por la elevada deuda del grupo siderúrgico. Celsa había basado su crecimiento en adquisiciones que financiaba gracias a préstamos de la banca. Los fondos compraron una parte considerable de esta deuda —con importantes descuentos— y, cuando vencieron los plazos sin que se abonasen los pagos, decidieron tomar cartas en el asunto, pidiendo la entrada en el capital de la compañía. En septiembre del año pasado fueron más allá y propusieron convertir una parte de la deuda en el total de las acciones, con el objetivo de desplazar así a la familia Rubiralta, que fundó la empresa en 1967. El punto central del juicio fue dirimir cuánto vale la compañía, ya que si el juez decidía que la empresa vale más que la deuda que poseen los acreedores, los Rubiralta podrían retener la propiedad; en cambio, si estimaba que la empresa vale menos que la deuda que tienen los fondos, entonces estos podrían ejecutar su plan y quedarse con Celsa.

La sentencia afirma que el plan de reestructuración cumple con los requisitos legales para ejecutarse, y que el importe de la deuda supera el valor de la compañía. La deuda vencida de Celsa asciende a 2.433 millones, según expresó el abogado de la compañía en el juicio, y el plan de los acreedores —Deutsche Bank, SPV Global, Sculptor Investment y Anchorage Capital (el acreedor Kutchabank se opuso al plan de reestructuración)— es convertir 1.352 millones de la deuda que poseen en acciones de la empresa. En su sentencia, el juez da credibilidad al informe de Lexaudit, nombrado experto independiente en este proceso —pese a que Celsa intentó excluirlo, ya que fue mediador entre las partes—, y lo habilita para pilotar este proceso de reestructuración. Lexaudit atribuía a la empresa un valor de entre 2.400 y 2.775 millones de euros (los informes de la parte de Celsa lo elevaban a más de 6.000 millones), lo que está por debajo de la deuda financiera bruta del grupo, que es de 3.988 millones. El magistrado afirma que los informes de Lazard y BDO, que situaban el valor empresarial por encima de la deuda, “sobreestiman muy acusadamente” esta valía. “En una moderna economía competitiva, el mercado es y debe ser el único árbitro de la supervivencia económica”, apunta.

Durante el juicio, los abogados de Celsa expresaron su temor de que los fondos se hiciesen con la propiedad del grupo (que genera 10.000 empleos directos y 30.000 indirectos, y el año pasado facturó 6.084 millones de euros el año pasado y obtuvo un resultado bruto de explotación de 867 millones) y vendiesen por partes la compañía para recuperar el dinero invertido. Para apuntalar la propiedad de Celsa, el Gobierno había aprobado un rescate millonario en el marco de los rescates de la SEPI a empresas estratégicas por la pandemia, de 550 millones de euros, que sin embargo no se llegó a ejecutar porque estaba condicionado a que hubiese una quita de deuda. Los abogados de Celsa aseguraron en el juicio que la empresa era solvente a pesar de haber pedido el rescate, pero el juez lo ve contradictorio: “Mantener este delicado equilibrio de Sísifo, entre la proclamación de la solvencia y la solicitud de ayudas financieras, constituye a largo plazo una dificultad insuperable”, apunta. En la sentencia, también define la consistencia del plan de negocio de Celsa de enero de 2023 como “escasa” por la disparidad de proyecciones que había hecho la dirección en los meses previos. En cambio, considera que el plan de viabilidad propuesto por los acreedores es correcto, ya que la ley “no exige una detallada enumeración de innumerables datos, variables y análisis”, como sucedería con un plan de negocio, sino garantizar la viabilidad de la empresa y evitar un concurso.

Los nuevos propietarios

Los fondos acreedores cuyo plan ha sido homologado definen en un comunicado la nueva situación: “Los nuevos propietarios de Celsa pasarán a ser instituciones financieras de prestigio internacional con acceso a capital, una amplia experiencia de gestión en empresas europeas y un horizonte de inversión alargo plazo”. Los fondos destacan que el plan reduce el endeudamiento, refuerza el balance y sitúan a Celsa en una posición solvente. También resalta que el plan es “una solución privada totalmente financiada”, por lo que rechaza el rescate por parte de la SEPI. “El siguiente paso para los nuevos propietarios de Celsa será trabajar estrechamente con todas las partes interesadas para garantizar que el proceso de implementación del plan se lleve a cabo de la mejor manera posible para todos los implicados, reconociendo la naturaleza estratégica de la empresa y su importancia para la economía española”, dice el comunicado, que expresa que los fondos “siguen comprometidos con el mantenimiento de las operaciones de la empresa en España”. “Algunas de las prioridades clave del nuevo consejo serán mejorar la gestión operativa de Celsa para convertirla en un líder europeo del sector, salvaguardar los puestos de trabajo y garantizar una sólida gestión financiera”, resume.

En la sentencia, el juez recrimina a las partes haber entrado en una “enconada y dilatada disputa”. “Acusar a los acreedores (...) de pretender una expropiación de los accionistas del grupo Celsa no es una descripción adecuada del escenario en el que nos encontramos”, asegura el magistrado, que también lamenta que los acreedores achaquen “mala fe y fraude procesal” a la familia Rubiralta por defender sus intereses en los juzgados. “En el escenario concreto del aquí y ahora, la única alternativa viable el grupo Celsa es el plan de los acreedores. Comprendo perfectamente que a los socios no les guste, pero, como ya he dicho antes, no son ellos, sino los acreedores quienes reparten las cartas”, recoge la sentencia.

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