Los aires acondicionados de los comercios desafían el plan de ahorro energético

A las siete de la tarde, en plena ola de calor, en la calle comercial de Fuencarral (Madrid) ya se puede caminar a la sombra. Los potenciales clientes se refugian en el fresco del interior de las tiendas o caminan rápido de un local a otro. Los pocos que pasean se las arreglan como pueden: “Si caminas pegada a la puerta de las tiendas te da el fresquito”, comentan dos chicas que avanzan por la arteria comercial. Porque de hecho, pese a que el decreto de ahorro energético establece la obligatoriedad de mantener la temperatura controlada, la mayoría tiene las puertas abiertas y muy pocas sitúan los termómetros a la vista.

En Barcelona, pese a que es un martes de agosto a mediodía, el eje comercial de Portal de l’Àngel sigue repleto de compradores y los establecimientos de la calle tampoco se muestran rígidos con la aplicación de las medidas estatales de ahorro energético. En el exterior hay una temperatura ambiente de 28 grados, un grado por encima del mínimo permitido en los locales climatizados. Sin embargo, ninguna tienda examinada cumple con el límite de 27 grados mínimos (seis de diez), además de que casi la mitad no lo indican en ningún termómetro (solo cuatro de diez). Respecto a la obligatoriedad de tener los accesos cerrados para no despilfarrar el aire acondicionado, el 68% de los establecimientos mantienen sus puertas cerradas (15 de 22), la mayoría correderas automáticas.

La laxitud que se observa en algunos locales contrasta con las valoraciones que las autoridades hacen sobre el cumplimiento de los objetivos del decreto. Desde el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico señalan a EL PAÍS que el objetivo principal de la norma era “concienciar a la población en la necesidad de incrementar el ahorro de energía [...] más que perseguir su incumplimiento”. Además, apuntan que se ha reducido el consumo a nivel nacional y que el seguimiento de la norma es competencia de las comunidades autónomas. Así, en Barcelona, la Generalitat señala que la mayoría de establecimientos “cumplen con la normativa” y en Madrid, la Consejería de Medio Ambiente —quien tiene las competencias de control sobre el cumplimiento de la norma— no ha aportado datos a este periódico.

En el Portal de l’Àngel, una tienda de ropa dispone a la vista del cliente de un termómetro, que marca 24,3 grados. Una trabajadora explica que una oficina central regula la temperatura del local “en función de la afluencia de los clientes”. En un establecimiento cercano de lencería, otra empleada señala que están a unos 24 o 25 grados (aunque no tengan cartel), pero asegura que unos técnicos municipales le dijeron que “estaba permitido” y que no había ningún problema. El resto de establecimientos indican que una centralita controla los grados de la tienda o, simplemente, no responden.

Hay cuatro establecimientos con puertas de bisagra; todos abiertos de par en par. La dependienta de uno de ellos explica que la dirección de la franquicia les ha trasladado que “no era obligatorio tenerlas cerradas al 100%”, así como que tampoco han tenido problemas con la Generalitat ni ninguna Administración. Además, señala que su temperatura se sitúa “entre los 25 y los 27 grados”; también regulada por una centralita.

En Madrid, la mayoría de las tiendas que se sitúan en el eje comercial de Fuencarral son franquicias, y sus empleados declinan hablar sobre estas cuestiones técnicas. “La temperatura no la regulamos nosotras, pero dependiendo de la gente que haya dentro cambia mucho, por eso se nota más frío ahora”, señala la trabajadora de una tienda de ropa donde, en ese momento, no hay casi clientes. En general, las puertas permanecen abiertas. “Los clientes, al entrar y salir, la dejan abierta”, apuntan en otro establecimiento.

Respuesta de las Administraciones

La ley a la que se deben atener los comercios en materia de gasto energético echó a andar en agosto de 2022 con el fin de cumplir los objetivos de ahorro acordados con Bruselas. Además, en el marco de la invasión de Ucrania, y con un ojo puesto en optimizar las reservas de gas, el Real Decreto-ley 14/2022 estableció un paquete de medidas que incluía la regulación de la temperatura —el aire acondicionado no puede ser inferior a los 27 grados y la calefacción, en invierno, no puede superar los 19 grados—, el apagado de escaparates durante la noche y la instalación de sistemas automáticos de cierre en las puertas que dan a la calle. Por otro lado, en el texto, no se estipuló un régimen sancionador específico y se le aplicaba el recogido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

Desde el ministerio señalan que la norma “ha conseguido su objetivo último” y además de evitar la situación de alerta que habría generado una caída de las reservas de combustibles durante los peores momentos del invierno, se ha generado una dinámica de ahorro. En concreto, desde Transición Ecológica apuntan que “se ha reducido el consumo de gas un 21% (excluyendo exportaciones de electricidad) y un 23% (considerando la variación de saldos de flujos) hasta el 31 de marzo”. Entre el 1 de abril y el 14 de julio, la reducción de la demanda de gas respecto al período de referencia se estima en un 18%. En cuanto a la demanda eléctrica, baja un 7%, hasta el 31 de marzo, respecto al consumo medio de los últimos cinco años, lo que supone el equivalente a 24 días de consumo de gas, según los datos del Gobierno.

En la capital barcelonesa, el Departament de Treball es el responsable autonómico para velar por el cumplimiento del decreto de ahorro. Un portavoz del organismo indica que se han realizado 1.200 inspecciones en Cataluña entre el 1 de septiembre de 2022 y el pasado 31 de junio, acompañadas de “sensibilización sobre los requerimientos del decreto”. Treball apunta que la mayoría de establecimientos “cumplen con la normativa” y que hasta septiembre u octubre no se conocerán cifras más exactas. A partir de ahora, “se podrán iniciar expedientes informativos que pueden derivar en sancionadores”, concluyen.

Por su parte, el Consistorio barcelonés mantiene abierta desde el verano de 2022 una línea de subvenciones para los comerciantes que necesiten instalar puertas automáticas. La administración local costeará hasta 2.000 euros. La asociación BCNComerç, compuesta por locales de barrio de la ciudad, no ha notificado ninguna sanción impuesta a sus miembros por incumplir el decreto de ahorro energético. Desde BCN Oberta, que agrupa grandes ejes comerciales como Portal de l’Angel o Passeig de Gràcia, dicen que “no ha habido sanciones y tampoco hay mucho control”.

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