La gran industria española pide más agilidad a la Administración en los trámites burocráticos

Casi 18 meses para obtener una licencia de obra —cuando el plazo legal son tres— o 26 meses para una declaración de impacto ambiental. La Administración es una maquinaria lenta y las empresas de la gran industria española se quejan de que esto está comprometiendo muchas de sus inversiones. La Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha presentado este miércoles un informe en el que recoge las principales dificultades burocráticas a las que se enfrenta el gremio en su trato con la Administración. Principalmente, la asociación se queja de los retrasos que acumulan en la obtención de permisos, de la falta de requisitos armonizados en el territorio y de la escasa digitalización. “El tiempo es un elemento clave para la competitividad de las empresas”, afirmó el presidente de la Agrupación de Fabricantes de Cemento, Aniceto Zaragoza. La principal queja de los industriales es que esta lentitud compromete el atractivo de España como espacio de inversión y dificulta conseguir inversores.

El informe, elaborado por la consultora KPMG, se basa en los datos de 145 empresas pertenecientes a 9 sectores industriales. En él se recoge que el tiempo medio de retraso en la tramitación de licencias de actividad alcanza los 13,3 meses —cuando su plazo legal son seis— o que en la obtención de autorizaciones ambientales integradas se retrasa hasta 15,1 meses sobre un plazo legal de medio año. Según el documento, en todos los trámites listados el plazo real de resolución casi triplica los plazos legales, con más de dos años de espera en algunos casos. Algunas de las causas de estos retrasos están en la duplicidad de trámites o en la ausencia de protocolos armonizados en todas las comunidades. En este sentido, han aludido a la necesidad de alinearse con las políticas europeas, en concreto con algunas medidas de fijación de plazos de resolución y de simplificación burocrática recogidos en el European Green Deal.

“Queremos que se acorten los plazos, no que se reduzcan los márgenes de seguridad jurídica”, matizó el presidente de la Alianza, Carlos Reinoso. Que también pidió una ley de Industria que recogiese estas necesidades. De hecho, algunas comunidades ya cuentan con regulaciones. El informe destaca el caso de Galicia, donde en 2021 se publicó una ley de simplificación administrativa; Aragón, que reguló en 2022 el cumplimiento real de los plazos establecidos; Extremadura, que cuenta con un procedimiento telemático para reducir los plazos en la tramitación y el registro administrativo sobre el cumplimiento de normas de seguridad industrial; Andalucía, donde la Junta puso en marcha en diciembre de 2019 la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) para agilizar la tramitación de iniciativas empresariales consideradas estratégicas y, finalmente, Cataluña, dónde se estableció el año pasado un reglamento para agilizar los trámites administrativos de las empresas.

Sobre las soluciones, los representantes de industria apuntaron que sus peticiones “no requieren de un gran cambio legal”, pero sí de más medios por parte de la Administración, que actualmente supone “un cuello de botella” para algunos proyectos de inversión. También han pedido un mayor respaldo para los funcionarios, con asesoramiento y seguimiento de las tareas, además de una menor carga de responsabilidad en caso de errores, para facilitar la toma de decisiones.

La digitalización es otra de las palancas que la Industria solicita a la Administración. Piden una ventanilla única que aúne los trámites en la misma Plataforma. Si bien no han dado cifras sobre el coste que pueden tener los retrasos, sí han comentado el “grave coste de oportunidad”. En este sentido, Reinoso, apuntó que la industria se encuentra en un momento decisivo, ya que debe abordar un proceso de descarbonización y digitalización, por lo que atraer inversiones es clave: “No nos podemos permitir que la maraña administrativa nos haga perder oportunidades de inversión”, concluyó.

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