Alcoa pagará 70 millones a los exempleados de Alu Ibérica tras la confirmación de de los despidos por el Supremo
El alto tribunal ha desestimado las demandas de 17 trabajadores contra el acuerdo de octubre de 2022, que firmaron empresa y sindicatos
Han tenido que pasar 14 meses desde que se activase el despido colectivo y casi cinco años desde que Alcoa anunciase el cierre de sus plantas en Avilés y Coruña, para que los 270 trabajadores asturianos y los 350 gallegos de las plantas de Alu Ibérica puedan cobrar —previsiblemente antes de final de este mes— las indemnizaciones pactadas en 2022, y que supondrán para Alcoa —antigua propietaria de las fábricas— un desembolso global de cerca de 70 millones de euros.
Y el cobro será posible gracias a la sentencia del Tribunal Supremo que ha rechazado las pretensiones de 17 extrabajadores de la planta gallega que querían entrar en el acuerdo negociado por sus excompañeros, del que quedaron excluidos, principalmente, porque ninguno de los reclamantes estaba en la empresa cuando se establecieron y cerraron las negociaciones, en la primavera de 2022, con un acuerdo homologado en octubre de ese año.
Así se explica en la sentencia: “La causa extintitiva [de los demandantes] ha sido distinta en los acuerdos. Nueve extinguieron la relación laboral por decisión voluntaria, cuatro accedieron a la excedencia voluntaria y otros tantos fueron declarados en incapacidad temporal sin reserva de puesto”. Los demandantes solicitaban la nulidad del documento por entender que había sido adoptado en «fraude, dolo y mala fe» al suponer un claro perjuicio y discriminación para los trabajadores excluidos del mismo. Subsidiariamente, entre otras peticiones, solicitaban que fueran incluidos en el acuerdo alcanzado, con los derechos reconocidos en él.
La Sala rechaza todos argumentos y responde que no puede estimar esta pretensión, ya que se trata de personas cuya relación laboral no ha sido terminada por iniciativa de la empresa, ni por el Juzgado de lo Mercantil, sino que nueve trabajadores extinguieron la relación laboral por decisión voluntaria, cuatro accedieron a la excedencia voluntaria y otros tantos fueron declarados en incapacidad temporal sin reserva de puesto: “Si bien se mira, se está pidiendo algo que ningún acuerdo (mucho menos, un Auto) ha arrebatado a quienes lo impetran. Si hubieren permanecido en la empresa les sería aplicable el contenido reclamado. Lo que sucede es que en el momento de producirse la terminación de los respectivos contratos de trabajo todavía no se ha ejecutado el despido colectivo contemplado en los pactos de 2019 o que, esto es lo decisivo, la causa extintiva ha sido una distinta a la contemplada en tales acuerdos”
Como consecuencia, la Sala concluye que los demandantes vieron extinguidos sus contratos por causas diversas de la contemplada en el acuerdo colectivo, “por lo que carecen de legitimación material y no es posible examinar su reclamación”. Contra esta sentencia no cabe recurso y desaparece por lo tanto la última traba para que Alcoa, que había puesto como condición sine qua non para pagar la renuncia a toda vía judicial, abone unas indemnizaciones que rondan una media de cien mil euros por extrabajador. El acuerdo firmado establece una indemnización bruta equivalente a 60 días por año trabajado y, además, el pago adicional de 10.000 euros lineales. Los trabajadores calculan que el pago se hará efectivo en torno a finales de este mes de julio.
Dos ofertas para Avilés
Mientras tanto sigue el proceso concursal para las instalaciones de Avilés, después de que Rosonac e Ignis se adjudicasen hace unas semanas la planta de Alu Ibérica en Coruña para una crear una planta de grafito para baterías de vehículos eléctricos y otra de hidrógeno verde, respectivamente.
En el caso de la fábrica asturiana, la administración concursal tendrá que tomar una decisión en los próximos días sobre las dos ofertas que se han presentado. La avilesina Windar Renovables tiene especial interés en las naves de las líneas de electrólisis, además del muelle portuario. La oferta de Alueuropa ha puesto su objetivo en la nave de fundición con la intención de mantener producción aluminera.
Las fechas del conflicto
17 de octubre de 2018. Alcoa comunica a los representantes de los trabajadores de las plantas de La Coruña y de Avilés que había que iniciar el período de consultas encaminado a un despido colectivo de todos los trabajadores. Entre otras razones, por el alto precio de la energía eléctrica.
15 de enero de 2019. Sindicatos y multinacional acuerdan posponer el despido colectivo para intentar vender las plantas y la subrogación del personal.
31 de agosto de 2019. Alcoa vende las factorías al fondo de capital suizo sin experiencia en el sector del aluminio ‘Parter Capital’.
Abril de 2020. ‘Parter’ revende las fábricas a Víctor Rubén Domenech y a Alexandra Camacho, y pasan a llamarse Alu Ibérica. Las circunstancias de esta transmisión se están investigando en el Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional.
Primavera de 2022. Los trabajadores retiran sus reclamaciones contra Alcoa a cambio de que ésta abone el plan social.
7 de julio de 2023. El Tribunal Supremo cierra la vía judicial y los trabajadores podrán cobrar las indemnizaciones.
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