Sumar quiere más impuestos para las grandes empresas y los ricos: ¿cuánto pagan? ¿Es más o menos que en Europa?

La política ha entrado con fuerza en el terreno económico con la vista puesta en las elecciones generales del 23 de julio. La última ofensiva viene de la ministra de Trabajo y candidata a la presidencia con Sumar, Yolanda Díaz, que ha propuesto reformar en profundidad el impuesto de sociedades “para que las grandes empresas aporten más y las pequeñas mucho menos”, así como hacer permanente el impuesto a las grandes fortunas y más progresivo el IRPF, entre otras medidas. Pero, ¿cuánto pagan al fisco las mayores compañías y cuántas son? ¿Y los ricos?

La respuesta depende de con qué se comparen estas magnitudes y del modelo de Estado al que se aspire. Lo que emerge de los datos cotejables es que en España hay pocas compañías grandes, que estas tributan menos que las pequeñas, que el impuesto sobre el patrimonio recauda una cifra exigua sobre el conjunto de los ingresos fiscales y que con el paso del tiempo, la carga fiscal del impuesto de sociedades se ha reducido y se ha elevado la imposición sobre el trabajo, una tendencia compartida a nivel internacional.

Más del 99% del tejido productivo español está compuesto por pymes. De los casi 1,6 millones de empresas que en 2020 tributaron por el impuesto de sociedades, solo 3.591, un 0,1%, se consideraban grandes por tener más de 250 trabajadores; sin embargo, acaparaban más de la mitad del beneficio total declarado. Estas empresas son también las que soportan el tipo efectivo más bajo, tanto si se calcula sobre las ganancias (6,5%) como sobre la base imponible (19,9%). Las más grandes, con más de 5.000 empleados, son las que menos pagan: un 3,6% sobre beneficios y un 17,1% sobre base imponible. En el caso de las microempresas, la tasa es del 9,1% y del 22,5%, respectivamente; y para las pequeñas, del 17,5% y del 23,3%, según datos de la Agencia Tributaria.

Los tipos sobre los beneficios siempre son inferiores a los tipos sobre la base imponible. Eso es porque el beneficio es lo que la empresa gana, mientras que a la base imponible se llega tras una serie de minoraciones como las exenciones por doble imposición o la compensación de bases negativas. La base imponible también es la magnitud que se usa para calcular el impuesto de sociedades —cuyo tipo legal es del 25%— y la variable que el sector empresarial considera más ortodoxa para determinar su aportación al fisco, aunque hay cada vez más voces que defienden que no refleja lo que pagan verdaderamente en impuestos. Las compañías más internacionalizadas —que tributan en el extranjero— y que han tenido pérdidas en el pasado —que pueden compensar— son las que más potencial tienen para reducir sus bases.

Aunque 2020 fue un año atípico por la pandemia, las tendencias en las ratios de recaudación se han mantenido estables. Las compañías consolidadas en grupos, que solo son unas 6.200, son las que tienen el tipo más bajo sobre el beneficio, del 5,1%, frente a la media del 10,1% del conjunto. “Concentran el 46,9% de la facturación y el 58,4% del beneficio, pero solo aportan el 29,3% de la cuota líquida”, señala la nota que acompaña la última estadística de la Agencia Tributaria. En 2020, ganaron casi 114.000 millones, facturaron 995.000 millones y pagaron 5.800 millones en el impuesto de sociedades, menos de un tercio de la recaudación total por este tributo, que se acercó a los 20.000 millones. “Los mínimos se registran en los 36 grupos de entidades de crédito (3,5%) y en los 1.111 grupos del sector de la construcción y actividades inmobiliarias (4,2%)”. Las empresas que no están consolidadas en grupos, más de 1,5 millones, abonaron en cambio 14.104 millones al fisco tras obtener un beneficio de 82.037 millones.

Comparación internacional

Si la comparación se hace a nivel europeo, España se encuentra en la mitad baja de la lista. Los ingresos por este tributo alcanzaron el 2,7% del PIB en 2021, según Eurostat, frente al 2,9% promedio de la zona. Por delante están Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Irlanda, Suecia, Alemania y Francia.

Subir tipos no implica, sin embargo, recaudar más. En un mundo globalizado y digitalizado, en el que las grandes compañías tributan cada vez menos y los Estados compiten cada vez más para atraer inversiones, la única manera de volver a llenar de contenido el impuesto de sociedades —su aportación al fisco a nivel internacional ha caído en picado en las dos últimas décadas— es cambiando las reglas internacionales. La OCDE ya ha puesto de acuerdo a más de 130 países para que las mayores multinacionales paguen al menos un 15% de su beneficio al fisco, pero el modelo aún no está implementado.

España tampoco ha llevado a cabo la reforma fiscal completa que tenía planeada, debido a la incertidumbre causada por la guerra en Ucrania. Sí ha introducido retoques en el IRPF, con subidas para las rentas altas y reducciones para las bajas, creado nuevos impuestos permanentes —tasa Google y Tobin— y temporales —tributo a las grandes fortunas— y aplicado ajustes en el impuesto de sociedades, como la rebaja del tipo al 23% para pequeñas empresas o la limitación para los grupos consolidados a la compensación de pérdidas durante este año.

Imposición sobre renta y patrimonio

El IRPF es el impuesto más potente y más progresivo del sistema: quien más gana, más paga. Aun así, el grueso de su peso recae mayoritariamente sobre las rentas medias, ya que los más ricos suelen tener poca renta y mucha riqueza.

España es el único país de la UE que grava el conjunto de la riqueza —sí hay Estados que gravan determinadas manifestaciones, por ejemplo financieras o inmobiliarias— a través del impuesto sobre el patrimonio, un tributo estatal cuya gestión está cedida a las comunidades y que recauda poco más de 1.000 millones al año frente a los 100.000 millones del IRPF. Este año también se cobrará el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas —del que se puede deducir el primero—: su vigencia es temporal para dos ejercicios, está en las manos del Estado y es el que la ministra Díaz ha propuesto convertir en permanente. Se espera ingrese alrededor de 1.500 millones de euros y su objetivo es que también los residentes de las comunidades que bonifican el tributo sobre el patrimonio, que son Madrid (al 100%), Andalucía (100%) y Galicia (50%), paguen por su riqueza.

A diferencia del IRPF, la imposición patrimonial tiene un elevado tinte ideológico y un escaso potencial recaudatorio, al menos con las actuales reglas fiscales internacionales. Al igual que el impuesto de sociedades, las bases imponibles que grava son móviles —empresas, cuentas, dividendos— y los contribuyentes llamados a pagarlo tienen capacidad económica para encargar sofisticadas planificaciones fiscales. Por ello, hay una corriente cada vez más grande que pide un acuerdo de más alcance. Una de las últimas propuestas la ha lanzado un grupo de economistas, activistas, políticos y millonarios europeos, que ha registrado una iniciativa ciudadana para pedir a Bruselas que diseñe un impuesto comunitario sobre las mayores fortunas del bloque.

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