Los desahucios caen a mínimos mientras los concursos de acreedores se disparan

Los juzgados españoles viven una avalancha de concursos de acreedores. Estos procedimientos, que personas o empresas declaran en reconocimiento de una situación de insolvencia que les impide afrontar sus deudas, crecieron el año pasado un 46,3%. En total, se presentaron en los órganos judiciales 27.632 concursos, la cifra más elevada desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comenzara a recopilar los datos en 2007. En la eclosión de casos influyó claramente el final de la moratoria concursal que el Gobierno aprobó en la pandemia y que estuvo vigente hasta el 30 de junio. Si en el primer y en el segundo trimestre los procedimientos crecieron un 7,9% y un 15,6%, respectivamente, a partir de la segunda mitad del año se dispararon con un 76,2% de subida entre julio y septiembre y un 91,7% en el último trimestre.

El grueso de los casos se produjo, como es habitual, entre personas naturales no empresarias, una modalidad a la que puede acogerse cualquier particular y en el que se incluyen los autónomos. Estos representaron 15.442 concursos en el conjunto de 2022, con un incremento del 54,2% sobre el año previo y una evolución que fue de menos a más (en el último trimestre, estos supuestos se elevaron un 145,2% con respecto al mismo periodo de 2021). En segundo lugar, por volumen, figuran los concursos presentados por empresas, que sumaron 7.053 y se incrementaron más moderadamente (31,2%) en el año. Aunque también son los que mostraron una actitud más reactiva al final de la moratoria concursal: en el tercer trimestre del año pasado mostraron un pico de aumento del 122% que en la recta final de 2022 ya se moderó hasta casi el 38%. La estadística la completan los concursos presentados por personas que se identifican como empresarios, que supusieron 5.137 casos y calcaron la media de crecimiento total: un 46,3% más que en 2021.

Por territorios, Cataluña lideró el número total de concursos presentados, 7.976 durante el año, al ser donde más se acogieron a este procedimiento las personas físicas. Si se observan solo los casos de empresas, Madrid fue la comunidad cuyos juzgados recibieron más expedientes de este tipo. En conjunto, cuatro autonomías (las dos citadas, más Andalucía y la Comunidad Valenciana) aglutinaron un 70% de todos los concursos que se presentaron.

Menos desahucios

La estadística de Efecto de la crisis en los órganos judiciales, que el CGPJ ha publicado este viernes con datos completos para 2022, permite hacer seguimiento de otros asuntos que afectan a la capacidad económica de las familias españolas a partir de su repercusión en los juzgados. El más evidente, y uno de los motivos por el que se empezaron a recoger los datos a partir de la Gran Recesión, son los desahucios. La cifras conocidas ahora confirman la tendencia a la baja de los últimos años. En total, el año pasado se practicaron en España 38.266 lanzamientos (el término jurídico con el que se denomina al acto en que se desaloja un inmueble, que equivale a lo que popularmente se conoce como desahucio), lo que supone un descenso del 7,5% respecto a 2021. Con la excepción de 2020, cuando muchos procesos se retrasaron porque la pandemia obligó a cerrar los juzgados durante unos meses, es la cifra más baja de la serie histórica que arranca en 2013.

Los inquilinos fueron, como es habitual desde hace años, los principales afectados por estos procedimientos de expulsión. Quienes viven de alquiler representan más de siete de cada 10 (un 71,9% exactamente) de los lanzamientos que se practican en España. En cifras absolutas, los desalojos relacionados con la Ley de Arrendamientos Urbanos (la que regula los alquileres de vivienda habitual) fueron 27.533. Y, pese a las medidas especiales que el Gobierno ha ido prorrogando desde la pandemia para aminorar estas situaciones, se redujeron menos (-5%) que la media general.

La escalada del euríbor, con el consecuente aumento de las cuotas hipotecarias, no deja rastro de momento en los lanzamientos por ejecuciones hipotecarias, que siguieron cayendo y se situaron por debajo de los 10.000 casos, algo que solo se había logrado el año de la pandemia. Concretamente, el año pasado fueron desalojados 8.509 hogares por impago del préstamos para pagar la casa, un 15,8% menos que en 2021. Los 2.225 casos que restan hasta completar el total de lanzamientos practicados se corresponden con otros motivos y apenas variaron (-1,7%) en relación con el año anterior.

Más de uno de cada cinco lanzamientos se produjeron en Cataluña (8.574, un 22,4% del total) que fue la comunidad con más desahucios. Le siguieron Andalucía (6.717), la Comunidad Valenciana (5.594) y Madrid (3.679). Aragón, sin embargo, fue el territorio donde más crecieron los desalojos (un 5,2% respecto a 2021). Estos también se incrementaron en otras tres comunidades (Andalucía, Asturias y La Rioja), mientras que retrocedieron en todas las demás.

Bajan los procesos por okupación

Por último, el CGPJ ha ofrecido datos de verbales posesorios por ocupación de vivienda. Se trata de casos que afectan a casas de particulares, organismos públicos o entidades de carácter social (no a las viviendas que poseen empresas) y que siguen un procedimiento civil (en casos de allanamiento también se puede ir por la vía penal). Los datos apuntan a un retroceso del fenómeno de la okupación, ya que los juzgados ingresaron 2.784 casos en los juzgados, un 20% menos que en 2021 y la cifra más baja de los últimos cuatro años. También bajaron el número de casos resueltos (2.963, un 10,2% menos que en 2021) y el de los que quedaron en trámite, que fueron 2.555 (-12,1%).

Otro fenómeno a la baja es el de las cláusulas abusivas en las hipotecas, un asunto que se disparó a raíz de la Gran Recesión y que ha ido remitiendo poco a poco, aunque sigue representando un enorme alud de procedimientos judiciales. La estadística judicial apunta que el año pasado ingresaron todavía 79.858 casos nuevos (un 31,3% menos que en 2021), mientras que se resolvieron 127.158. Como resultado de ambas cifras, el número de procedimientos en trámite bajó un 25,8% en un año, aunque en los juzgados españoles seguían pendientes 158.075 casos derivados de las condiciones de los préstamos para comprar vivienda, reclamaciones en que los clientes reciben la razón en un porcentaje abrumador de los procedimientos. El CGPJ ha advertido de que la huelga de letrados que se inició el pasado diciembre ha podido provocar alteraciones en toda la estadística presentada este viernes, ya que se han incluido estimaciones de 10 juzgados por falta de datos reales y se encuentran en revisión las cifras de otros 20 juzgados.

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