Doce meses para vaciar una empresa cárnica de 27 años: “Se han llevado hasta las taquillas”

Càrniques Ausa era hasta hace un año como otras tantas empresas especializadas en productos de cerdo que en las últimas décadas han florecido en la comarca barcelonesa de Osona. Empleaba a unos 70 trabajadores, en 2021 había facturado casi 25 millones de euros y ganado 267.000 euros. Son cifras propias de una modesta empresa, pero suficientes para convertirla en el faro económico de Montesquiu, un pequeño pueblo con poco más de un millar de habitantes. Según su último informe de gestión, tras realizar unas inversiones, 2022 tenía que ser un ejercicio mejor.

La realidad ha sido todo lo contrario: apenas queda hoy un empleado (el más veterano, recuperado porque un juez decidió hace una semana que su despido disciplinario era improcedente) y este jueves funcionarios judiciales han desahuciado a sus actuales gestores en un proceso que ha permitido descubrir lo que los ya extrabajadores y expropietarios sospechaban: dentro de la nave apenas quedaba nada. Máquinas, canales de transporte y miles de cajas han desaparecido.

“Hasta las taquillas se han llevado”, asumía con la impotencia escondida tras media sonrisa Antoni Auqué, cofundador hace 27 años de la empresa y propietario todavía de la nave y de parte de la empresa al no haber cobrado la mitad de una sociedad que se llegó a valorar en seis millones de euros. Consideraba que solo la maquinaria existente en el interior podía tener un precio por encima de los dos millones de euros.

Este pequeño empresario, junto a sus tres socios, se desprendió en 2018 de la compañía ante la falta de nadie en la familia que quisiera seguir el negocio. Lo asumieron cinco socios a través de la sociedad Five Meaters con la intención de hacerla crecer a través de las exportaciones a Rusia, China y Filipinas. Tres años después, por algunas diferencias, estos también decidieron salir del negocio. Buscaron una empresa de intermediación que les vendiera la sociedad y tuvieron fortuna: un inversor que se hacía llamar Antonio Sánchez tenía un plan. Pactó ejecutar la compra con un pago inicial y mensualidades durante los siguientes siete años. Avisó, no obstante, que su nombre no constaría en ningún documento de compra, si bien sí que lo estampó en las nuevas tarjetas de visita de la compañía, donde aparecía como consejero delegado, aunque apenas se le vio por las oficinas los primeros meses.

El mes de enero de 2021 todo fue bien, como los anteriores. Febrero, igual. Pero a partir de marzo las cosas empezaron a torcerse. La compañía dejó de pagar a sus proveedores de productos de cerdo que después se preparaban para la venta pese a que a los clientes se les exigía el prepago de la totalidad de la compra para ser servidos. Igual sucedió con algunos transportistas. Y en el área de administración se empezaron a detectar actuaciones extrañas con la operativa. Pese a todo, en abril la empresa empezó a tener más actividad de la habitual e incluso se llegó a plantear doblar el turno y superar los cien trabajadores. “Nunca había entrado tanta carne”, señala una extrabajadora. Esa situación duró dos semanas. Y después la actividad se vino abajo. “Los últimos seis meses pasábamos las horas sin hacer nada. Algunos días salía de aquí con un nudo en el estómago y pensaba que lo que tenía era ansiedad por la situación”, explica Gerard Figueras, delegado sindical e hijo de uno de los fundadores.

La plantilla vio cómo se empezaban a producir despidos y se repetían las llamadas de empresas reclamando su dinero. Los propietarios de la sociedad belga Nemegheer se presentaron en Montesquiu para reclamar el casi millón de euros que se les adeudaba, temerosos de que ese importe acabara con su empresa familiar. Habían sido víctimas de los impagos, como otros, pero su caso era crítico: no habían utilizado los seguros de crédito que el resto de empresas del sector utiliza para reducir los riesgos por impago. Fuentes de los trabajadores aseguran que las facturas impagadas podrían ascender a los 10 millones de euros. Sin embargo, pese a las peticiones de pago, no consta que ningún perjudicado haya instado el concurso de acreedores de la sociedad.

A tenor de lo que sucedía, en junio pasado la gestoría que se había encargado de los asuntos legales de la sociedad durante 20 años renunció a su trabajo aduciendo, entre otras cuestiones, un alto riesgo de impago e “inconformidad legal ante las actuaciones solicitadas por la empresa”. Hizo lo mismo un mes después el gerente, Manuel Roade, quien se desvinculaba “por discrepancias en las labores de administración”.

A Roade le sustituyó Miguel Sevil, quien ayer asistió al desahucio grabando a las personas presentes con su teléfono móvil. A la salida, eludió dar explicaciones y apenas culpó de la actual situación de la sociedad a “las irregularidades de los antiguos administradores”, contra quienes, dijo, habría iniciado acciones judiciales. Los expropietarios, que no descartan retomar lo que queda de la propiedad ante los impagos de la compra, aseguraban ayer desconocer esa vía judicial. Pero ellos, como los trabajadores, consideran que el origen de la crisis de Ausa está en Ángel Sánchez, de quien dicen que utilizó un nombre recortado para que no se le pudiera reconocer.

En este empresario, tras ver distintas fotografías, ven a José Ángel Arceiz Sánchez, un hombre que se publicita en algunos medios de comunicación como experto en fusiones y adquisiciones, en agricultura y en caballos, y que fue el dueño de la empresa zaragozana Walthon, que acabó cerrando en los años 2000 y en la que un juez detectó salidas de fondos a otras empresas inactivas. Este diario ha intentado sin éxito de contactar con el empresario a través de su teléfono móvil y teléfonos de empresas en las que figura como administrador.

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