El Gobierno vinculará la tarifa regulada de la luz a los precios de futuro para frenar la volatilidad

El Ejecutivo ha sacado este miércoles a consulta pública el nuevo método de cálculo de la tarifa regulada para reducir la volatilidad en la factura de la luz de uno de cada tres de hogares españoles. Esta tarifa, también conocida como PVPC, es la que más ha sufrido el estallido de precios de la electricidad ocasionado por la escalada del gas natural en los últimos meses. Y es, también, uno de los principales causantes del abrupto incremento de la inflación: es la única que incorpora el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el cálculo del IPC. El objetivo del Gobierno es que los nuevos parámetros entren en vigor a principios de 2023.

La propuesta del Gobierno pasa por rebajar de un 27% a un 17% la oscilación en el precio de la luz entre las horas más caras y las más baratas del día. Los cambios permitirán, según la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, “reducir la volatilidad, permitiendo que las referencias de los precios de la electricidad a futuro, que en principio son más bajos que los actuales, nos aseguren una estabilidad mayor”. El Ejecutivo calcula en algo más de 297 millones de euros el ahorro para la economía en su conjunto si este nuevo sistema se hubiese aplicado entre en los cuatro últimos años.

El proyecto de decreto, adelantado por la Cadena SER, busca pasar del esquema actual, en el que la tarifa regulada depende íntegramente de los precios mayoristas, a una cesta en el que los precios futuros (mensuales, trimestrales y anuales) supongan el 25% del coste para estos hogares en 2023; el 40% en 2024; y el 55% en 2025. De esa parte, el 54% beberá de la referencia anual —la menos cambiante—; el 36%, de la trimestral; y el 10% restante, de la semanal.

En mayo, en el marco de la negociación de la excepción ibérica, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se comprometió con Bruselas a tener listo el nuevo método del cálculo del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) antes del 1 de octubre para evitar que estos hogares —entre ellos, los más vulnerables, que cuentan con el bono social— se viesen tan expuestos a las vicisitudes del mercado mayorista, en el que las fluctuaciones son muy acusadas. Estos cambios fueron condición sine qua non para que la Comisión Europea diese su visto bueno final al tope al gas.

El Gobierno quiere aprovechar que el mercado de futuros arroja ahora precios más bajos en España que en el resto de Europa —gracias a la citada excepción ibérica y al auge de las renovables— para reducir el coste de la electricidad de los más de nueve millones de clientes acogidos al mercado regulado. “Nos permitirá modular el impacto tan grande que estamos sintiendo”, ha remarcado Ribera en A Coruña, donde se celebra la cumbre hispanoalemana. “La tarifa regulada ha sido la que mejores precios ha ofrecido desde su creación, porque estaba directamente vinculada con el precio de la electricidad en el mercado mayorista. Pero cuando este está tan distorsionado, como ahora, los precios se disparan”, ha reconocido.

El aspecto más negativo de la reforma es que, al depender menos del mercado mayorista —que fluctúa hora tras hora—, la señal de precios se debilitará: los consumidores tendrán un menor incentivo para consumir en los tramos en los que la producción eólica y fotovoltaica es mayor y la cotización del megavatio hora se desploma, y —en sentido contrario— para reducir su demanda cuando los combustibles fósiles son los que marcan precio y la fracción de renovables (más baratas y libres de emisiones) en el mix es menor.