Macron prepara un paquete de 20.000 millones de euros de ayudas para proteger el poder adquisitivo de los franceses

El Gobierno francés ha presentado este jueves un nuevo paquete de medidas, estimadas en unos 20.000 millones de euros, para proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos, convertido desde hace tiempo, y pese a que Francia tiene una de las inflaciones más bajas de Europa —fue del 5,8% en junio—, en la principal preocupación de la población. Las iniciativas, dirigidas a contener el precio de la energía, ayudar a los hogares más vulnerables, nuevas ayudas al carburante o indexar las pensiones, constituyen también una prueba de fuego para el Ejecutivo de Emmanuel Macron ahora que ha perdido la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, la cámara que deberá revisar, y probablemente modificar, la mayor parte de las propuestas antes de aprobarlas.

“Las propuestas son realistas, serias, creíbles y conformes a las reglas presupuestarias europeas”, ha defendido el portavoz de Gobierno, Olivier Véran.

Entre las “acciones concretas para el poder adquisitivo” destacan la revalorización anticipada en un 4% de las jubilaciones y otras prestaciones sociales (también aumentan un 4% las becas estudiantiles basadas en criterios sociales) o la entrega de un “cheque alimentación” de cien euros a los hogares más vulnerables, al que se añadirán 50 euros más por cada hijo. Esta “ayuda excepcional”, que se hará efectiva a comienzos de septiembre, beneficiará, según el Gobierno, a ocho millones de hogares, unas 14 millones de personas. De igual modo, se mantendrá el precio de comidas a un euro para los estudiantes más precarios durante todo el curso 2022-23.

El Gobierno ha decidido además prolongar hasta septiembre el descuento en gasolinera de 18 céntimos vigente desde abril. Luego será progresivamente reducido (12 céntimos en octubre, seis en noviembre) hasta su desaparición a final de año. A cambio, se instaurará a partir de octubre una “indemnización carburante” de 100 a 300 euros para los trabajadores que necesiten su vehículo para llegar a su lugar de trabajo, medida que calcula beneficiará a 11 millones de hogares.

Los planes del Gobierno también prevén mantener el escudo tarifario sobre los precios del gas y la electricidad hasta finales de año y añadir uno nuevo: el precio de los alquileres no podrá aumentar más del 3,5% (por debajo de la inflación) hasta octubre de 2023.

“Responder a la urgencia del poder adquisitivo es nuestro primer desafío”, afirmó la primera ministra, Élisabeth Borne, en la presentación de la hoja de ruta de su gabinete ante la Asamblea Nacional, el miércoles. Un día más tarde, los proyectos de ley para atender a esta “urgencia” han sido presentados en el Consejo de Ministros, con el objetivo de que el paquete legislativo llegue lo antes posible a los diputados.

Una tramitación rápida que, no obstante, no supone automáticamente una aprobación igualmente veloz, dado que la pérdida de la mayoría absoluta del macronismo obligará al Gobierno a negociar numerosos puntos. Borne ha asegurado que está dispuesta a “escuchar”, mientras su equipo asegura que las inquietudes de la oposición están reflejadas en los dos proyectos de ley presentados. Estos, no obstante, no prevén, como reclama la alianza de izquierdas Nupes, un aumento del salario mínimo a 1.500 euros o, como exige la extrema derecha de Marine Le Pen, convertida con sus 89 diputados en una poderosa fuerza en el nuevo hemiciclo, la eliminación del IVA en una cesta de 100 productos de primera necesidad.

El coste estimado del nuevo paquete, unos 20.000 millones de euros hasta que acabe 2022 (que se une a otros 23.000 millones ya gastados desde finales del año pasado) ha hecho sonar la alarma a algunas instituciones financieras nacionales, que cuestionan las previsiones de déficit (5%), crecimiento (2,5%) e inflación (5%) del Gobierno para este año.

Lograr un crecimiento del 2,5% “es posible, pero se basa en hipótesis muy favorables”, ha advertido el jefe del Tribunal de Cuentas, Pierre Moscovici.

Por su parte, el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, ha subrayado la importancia de que estas medidas sean “en todo lo posible, temporales y focalizadas”, en vista, ha escrito en su tradicional “carta al presidente de la República”, del “coste presupuestario significativo” que van a tener.

El ministro de Economía, Bruno Le Maire, ha asegurado al respecto que el Gobierno está decidido a dejar atrás el “cueste lo que cueste” que guio sus ayudas durante la pandemia de coronavirus. En la emisora Europe1, ha señalado al respecto que precisamente la “indemnización carburante” responde a esa visión más “focalizada” de las ayudas. La medida costará unos 2.000 millones de euros al año, frente a los 800 millones mensuales del descuento generalizado en gasolinera, ha asegurado. “Es la prueba de que no queremos ya un cueste lo que cueste, nuestras finanzas públicas no nos lo permiten”, ha agregado.

El Gobierno insiste en que el paquete es “coherente” para proteger el poder adquisitivo de los franceses y se escuda en el éxito que, afirma, han tenido ya las medidas implementadas hasta ahora: el escudo tarifario que ha impedido que el precio de la electricidad suba más del 4% (defiende que, sin ese freno, se habrían disparado un tercio del precio), el bloqueo también del precio del gas, o las medidas para limitar el alza de los carburantes sin las que, dijo Borne en su discurso, “llenar el depósito de un coche de 60 litros costaría hoy en día 11 euros más”.