Las finanzas que corroen la industria
Urge evitar que la salvación de la empresa Celsa con dinero público suponga un enriquecimiento tan injusto para los especuladores
Todo lo que han escrito Steve Keen, Marc Chesney y Michael Hudson, sobre los daños de la financiarización de la economía, la perversidad de los paraísos fiscales y la impotencia de los Gobiernos ante los fondos especulativos, queda ejemplarizado en el caso Celsa. Una siderúrgica creada en 1967 por los hermanos Francisco y Josep María Rubiralta en Castellbisbal (Barcelona). Su actividad principal es la fabricación de acero a partir del aprovechamiento de chatarra. Un material básico para la producción de hormigón armado en la construcción y cables para puentes colgantes. En 2003 inició su internacionalización y hoy cuenta con 120 centros de trabajo en siete países, fabrica ocho millones de toneladas de productos reciclados, factura más de 4.000 millones de euros anuales y cuenta con 28.592 puestos de trabajo directos e indirectos. La mayor parte de los beneficios han sido reinvertidos.
La compañía entró en dificultades en 2017 y se vio abocada a reestructurar su deuda. Los bancos acreedores, de acuerdo con la normativa europea, vendieron sus préstamos a entidades de inversión y fondos especulativos que los adquirieron con descuentos de hasta el 80%. Los aprovechados fueron Deutsche Bank y Goldman Sachs, entidades con un largo historial de sanciones por irregularidades, y los fondos Attestor, Golden Tree, Cross Ocean, SVP Global y Sculptor, entre otros.
La viabilidad de la compañía depende de la ayuda pública que ya cuenta con la luz verde de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por un montante de 550 millones de euros. El acuerdo está pendiente de la autorización de la Comisión Europea y del Gobierno.
El objetivo de los fondos no es recuperar su inversión, sino obtener el máximo valor de los créditos que adquirieron a precio de saldo, una vez la compañía normalice su actividad, lo que podría comportar ganancias de hasta el 500%. Los fondos apuestan con una clara ventaja. Saben que en última instancia el Gobierno intervendrá por responsabilidad y no dejará caer una compañía con tantos miles de empleos. Los fondos han mostrado su disposición a donar 50 millones de euros a fondo perdido a cambio de quedarse con el 75% de la compañía. Una propuesta que revela la distinta lógica del capital industrial que precisa más de 70 años para consolidar una gran empresa y la de capital financiero que puede quedarse con una compañía en una jugada de casino en dos o tres años.
La catadura de los fondos ha quedado también al descubierto con la exigencia de que la futura sociedad tenedora de las acciones de Celsa tenga su sede en Luxemburgo, por motivos fiscales.
En este conflicto hay dos historias enfrentadas. Por una parte, una industria que trabaja, que cuenta con el apoyo de los sindicatos y del Gobierno y, por otra, un mundo financiero amparado por una regulación que permite dramáticos desmanes. Hay dos misiones urgentes: Acabar con una legislación tan permisiva para los abusos financieros y evitar que la salvación de la empresa con dinero público suponga un enriquecimiento tan injusto para los especuladores.
