Los impuestos sobre los beneficios caídos del cielo de las energéticas se extienden en Europa

El poder recaudatorio probablemente acabe siendo menor de lo deseado, pero el mensaje político y económico es contundente. Con los mercados energéticos en llamas y los consumidores afrontando facturas disparatadas, dos de los mayores países de Europa —el Reino Unido e Italia— han lanzado y aumentado, respectivamente, en las últimas semanas gravámenes específicos sobre los beneficios caídos del cielo de las empresas energéticas, los derivados de la brutal escalada de precios del gas, el petróleo y la electricidad. No están solos: Grecia y Hungría también han seguido esa senda. En el segundo caso, metiendo también en el saco a compañías de otros sectores, como bancos y aseguradoras.

La simbología es especialmente significativa por el color político de los gobiernos que han dado el paso. Dos de los cuatro países que lo han hecho (el Reino Unido y Grecia) están gobernados por partidos conservadores; otro (Hungría), por una formación ultraconservadora; mientras que el Gobierno italiano está comandado por el liberal Mario Draghi. Nada sospechosos, por tanto, de una intervención excesiva del sector público o de ir en contra de los postulados del libre mercado.

“Es una medida necesaria: hay un problema distributivo entre consumidores y empresas, y, si queremos corregirlo, no queda otra”, opina Natalia Fabra, catedrática de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. “Preferiría otras iniciativas encaminadas a evitar que se produzcan esos beneficios extraordinarios de las eléctricas, pero, como hemos visto en España, esos intentos se enfrentan a barreras para su implementación. Además, la fiscal parece la única vía posible para incluir también a las petroleras y las gasistas”, sentencia por teléfono.

Ganancias disparadas

De entre los grandes nombres del Viejo Continente, Italia ha sido uno de los más ágiles en aplicar un gravamen específico sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas. El Ejecutivo de Draghi lanzó en marzo un impuesto del 10%, que elevó un mes después hasta el 25%. El objetivo: ayudar a financiar el paquete de ayudas a consumidores y empresas por valor de 14.000 millones de euros aprobado para contener la escalada de la luz y los carburantes.

La medida italiana es retroactiva: afecta al período que va desde octubre de 2021 —cuando el estallido de precios ya era un hecho— a abril de este año. Los analistas, sin embargo, calculan que tendrá un impacto limitado en las cuentas de las compañías energéticas. Las empresas afectadas cuentan con un desembolso de entre 10 y 30 millones de euros cada una por este concepto, cifra que el banco privado de inversión Equita eleva hasta una horquilla de entre 25 y 75 millones. En ambos casos, son cuantías muy bajas respecto a las ganancias millonarias del sector: la mayor eléctrica del país, Enel, ganó 1.430 millones de euros solo en el primer trimestre de 2022, un 22% más que en el mismo periodo del año anterior. El gigante petrolero Eni se anotó, por su parte, un beneficio de casi 3.600 millones, cuatro veces más que un año antes.

Aunque quitando hierro al impacto de la medida sobre su cuenta de resultados, el sector se ha levantado en armas contra el Gobierno, que defiende la tasa como “una contribución de solidaridad”. Para las empresas de la energía —que podrán abonar las tasas en dos cómodos plazos: en junio, el 40%, y en noviembre, el 60% restante— se trata de “una medida injusta y punitiva que, además, crea una señal fuertemente negativa con respecto a la transición energética y las tecnologías renovables”, como han protestado en un comunicado conjunto las principales asociaciones energéticas del país, que engloba a empresas, públicas y productores y operadores de todo ámbito, desde el petróleo hasta las energías renovables.

Volantazo ‘tory’ en Londres

La semana pasada, el ministro británico de Economía tuvo que echar mano de un eufemismo para intentar disimular lo que claramente era un volantazo del Gobierno de Boris Johnson. Rishi Sunak anunció una “tasa finalista y temporal sobre los beneficios energéticos” del 25%. Se resistía a llamar por su nombre lo que la oposición laborista llevaba seis meses pidiendo: una windfall tax, o impuesto sobre los “beneficios caídos del cielo”, según la jerga de los economistas, para gravar las ganancias extraordinarias obtenidas por las empresas petroleras y gasísticas.

Downing Street expresó hasta el último minuto su oposición a una medida que, según argumentaba el equipo económico de Johnson, penalizaría la necesaria inversión para ganar en independencia energética. “No queremos hacerlo, no nos gusta”, había proclamado Johnson una semana antes en la Cámara de los Comunes en respuesta a los reproches de la oposición. “Las petroleras tienen intención de invertir más de 80.000 millones de euros en nuestro país en los próximos años, y ya pagan un tipo impositivo del 40%”.

La crisis del coste de la vida, con la que el líder laborista Keir Starmer martillea inmisericordemente a Johnson cada semana; la inflación galopante; y la arriesgada cuerda floja en la que camina el primer ministro a costa del escándalo de las fiestas en Downing Street durante la pandemia, han llevado al político conservador a protagonizar su enésimo giro político. “Los sectores del petróleo y del gas están obteniendo beneficios extraordinarios, no como resultado de asumir más riesgos, o incrementar su innovación o eficacia, sino a causa del incremento global del precio de las materias primas, debido en parte a la guerra lanzada por Rusia”, explicaba Sunak. El ministro prometió, asimismo, analizar “con urgencia” el exceso de beneficios obtenidos también por las empresas generadoras de electricidad, a las que también señaló como beneficiarias de la actual coyuntura. En su caso, sin embargo, no quiso aclarar qué tipo impositivo contempla.

Desde la época de la ex primera ministra conservadora, Theresa May, el consumo doméstico de energía en el Reino Unido tiene un límite promedio por hogar. Se denomina energy price cap (precio máximo de la energía) y se revisa dos veces al año, en abril y en octubre. El regulador energético británico, Ofgem, ya ha anticipado una subida de casi 900 euros en octubre, que situará el gasto medio por hogar en más de 3.200 euros anuales. Por eso, junto al impuesto de los beneficios extraordinarios, Sunak anunció ayudas de entre 500 y 700 euros para los hogares más vulnerables. Los ingresos para las arcas públicas se estiman en más de 5.800 millones de euros, pero los principales críticos de la medida señalan que en los cálculos precipitados del ministerio no se estimaron todas las deducciones que podrían lograr las grandes compañías energéticas.

Para suavizar las críticas del sector (y de la patronal, que ha arremetido contra el Gobierno), el ministro ha prometido a su vez deducciones fiscales de hasta el 80% para todas las inversiones que se realicen en nuevas extracciones de gas y petróleo en el Reino Unido. Las grandes empresas como BP o Shell, que en su día apostaron fuerte por los yacimientos del mar del Norte, apenas tienen ahora un 10% de su actividad en unas explotaciones que dan por amortizadas. Son empresas medianas, como Harbour Energy, Serica Energy o EnQuest, las que ya han calculado que la nueva tasa les supondrá pagar cerca de 3.500 millones de euros. La consultora Wood Mackenzie constató la semana pasada en un informe como las petroleras y gasistas que operan en el mar del Norte están logrando “más beneficios que nunca antes, en una era en la que la industria está en fase de declive progresivo”.