Nadie debe escabullirse

La lucha contra la inflación desmesurada se ha convertido ya en una de las principales prioridades de la política económica. Y de la sociedad española.

Porque erosiona el poder adquisitivo de salarios, ahorros, activos. Y porque el alza de precios de la energía, que fue su origen, empieza a trasladarse a los precios de otros productos y servicios: hasta febrero incluido, la espiral se contuvo. En marzo, menos.

Así que la inflación asedia el consumo. Amenaza el —hasta ahora— primer objetivo indiscutido de la política económica, el crecimiento y el empleo. Más aún: cierne la sombra de la que alertó Luis Ángel Rojo tras la primera crisis del petróleo de 1973: “toda inflación intensa acaba desembocando en una recesión dolorosa” (Inflación y crisis en la economía mundial, Alianza, 1976).

Nuestros gobiernos han reaccionado con distintos (y similares) planes de respuesta: paquetes de carburantes, electricidad, paliativos sociales, vivienda... En el caso español se han planteado dos cuestiones de calendario.

Una, el período que irá desde el reciente acuerdo hispanoportugués de un tope de 30 euros el megavatio hora al gas utilizado en generar electricidad, a fin de bajar a la mitad el precio de la luz (a unos 120 euros) a familias y empresas, hasta que la Comisión lo valide hacia final de mes.

Lisboa y Madrid estiran el precio para abajo. A Bruselas la presionarán otros para que lo rebobine hacia arriba. No por temor al contagio directo de unos precios bajos en el vecindario. Ese tema lo resolvió el Consejo Europeo con un doble baremo ibérico: para exportar, y para la Península.

Sino por aprensión a que una sustantiva rebaja ibérica de la luz incentive a otras poblaciones a exigirla. Lo que voltearía el mecanismo de fijación de precios que no se quiso reformar, por inercia, interés u obcecación. Convendría actuar por todas las vías para disipar esas aprensiones y blindar lo conseguido en la cumbre.

La otra cuestión de calendario es una lección aún caliente. La crítica de que España ha llegado tarde solo es acertada respecto al anuncio, tardío y con fórceps, de la rebaja a los carburantes. Pero esta opera desde el mismo 1 de abril que en nuestra vecindad. Además, el Gobierno solo podía lanzar todo el paquete tras conocer el resultado de la cumbre europea del día 29 de marzo.

Pues si los demás no hubiesen asumido la excepción ibérica, habría tenido que engordar más las ayudas públicas. En suma: rapidez ante chalecos amarillos; contención y tiempo para diseñar medidas lo más adecuadas posible.

Combinar determinación y contención es también buena receta para agentes sociales, económicos, consumidores. No conviene que la referencia para actualizar precios y rentas —por ahora, hasta que se aclare algo el panorama—, sea el 9,8% de la inflación de marzo (7,5% en la eurozona). Mejor será usar, de forma flexible, la inflación subyacente, que es menos volátil (no cuenta gasolina ni alimentos): del 3,4% en España, pocas décimas más que en la eurozona.

Por fortuna, una buena pauta para el pacto de rentas —salarios y beneficios repartibles— está disponible en el discurso del gobernador del Banco de España del 15 de marzo: flexibilidad; evitar fórmulas de indiciación automática; compromisos plurianuales de salarios y empleo; moderar los márgenes empresariales (y, añadamos, los obscenos sueldos de algunos altos ejecutivos).

O sea. Repartir las cargas: si todo recae en los trabajadores, a la larga también caería la demanda y “sufrirían las empresas”; si solo en las empresas, “muchas se verían abocadas al cierre”, argumenta Pablo Hernández de Cos.

Y los consumidores. Es hora de una movilización individual, asociativa y pública (municipios, defensores del pueblo...) que incentive el ahorro energético, desentrañe y controle facturas abusivas o abstrusas, acelere el autoconsumo... En tiempos abruptos, nadie debe escabullirse.