El Banco Santander reclama a Hacienda la conversión de otros 642 millones por créditos fiscales

El Banco Santander reclama a Hacienda la conversión de otros 642 millones de euros por créditos fiscales para compensar pagos futuros, una cuantía que deriva de las pérdidas cosechadas en 2020. La normativa fiscal española permite que las entidades financieras se anoten contablemente las pérdidas registradas en años anteriores que no pudieron deducirse y las incluyan en el balance como activos fiscales diferidos (DTA, acrónimo de defferred tax assets, en inglés). En realidad, se trata de derechos de cobro frente a la Administración, que los bancos se van deduciendo en los ejercicios siguientes.

“En la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2020, como consecuencia de las pérdidas incurridas en dicho ejercicio, el grupo fiscal consolidado en España ha consignado la conversión en crédito exigible frente a la Administración de activos monetizables por importe de 642 millones de euros. Esta declaración de impuestos está sujeta a revisión por parte de las autoridades fiscales”, explica el Santander en su último informe financiero.

Por tanto, todavía no se ha descontado esta cantidad ni parte de ella en el pago de impuestos del año pasado, cuando el banco desembolsó en España 399 millones de euros. Los 642 millones siguen figurando como DTA monetizable hasta que el grupo reciba el visto bueno de Hacienda. Solo entonces se realizaría la conversión en el balance y se haría efectivo. El Santander perdió hace dos años 8.771 millones por los saneamientos y provisiones que llevó a cabo por la crisis del coronavirus. Sobre la aportación fiscal del Santander en el ejercicio 2020, el país donde tuvo que hacer frente a una cuantía mayor fue Brasil (1.385 millones de euros). El banco ya ejecutó un ajuste similar con los DTA cuando compró el Popular por un euro en junio de 2017: entonces se anotó unos 450 millones de activos fiscales diferidos.

Más gasto en auditoría

El ejercicio 2021 ha supuesto el de un paulatino retorno a la normalidad. Por un lado, el grupo ha vuelto a beneficios —8.124 millones, los mayores en la última década— y, por otro, el gasto en servicios de auditoría se ha recuperado respecto al año de la pandemia. En concreto, pagó 103,7 millones a PwC, a lo que se tiene que añadir la contratación de servicios a otras firmas de auditoría por 263,8 millones. En total, 367,5 millones, frente a los 271,8 de 2020 y los 330 millones del año previo a la covid. Según fuentes del sector, la diferencia no se explica por algún trabajo extraordinario como podría ser el estudio de operaciones corporativas en Estados Unidos o México, sino a un incremento de los trabajos e informes solicitados tras el parón que hubo por la pandemia. Otro concepto en el que se ha registrado un aumento ha sido en el beneficio obtenido por la Financiera el Corte Inglés, de la que el Santander tiene un 51%, que ganó el año pasado 59 millones frente a los 52 millones del ejercicio anterior.

Por otro lado, la normalidad aún no ha regresado al gasto en dietas y desplazamientos, muy por debajo de los desembolsos que había en 2019. El último ejercicio el banco gastó en este concepto 69 millones de euros, una cantidad menor que los 73 millones de 2020 y un 69,5% más baja que los 226 millones del año previo al coronavirus. En este caso la explicación es una drástica reducción de la movilidad y los viajes en favor del teletrabajo y las reuniones en remoto a causa de las restricciones sanitarias.

Además, el Santander ha modificado la política de retribución de la presidenta, Ana Botín, y del consejero delegado, José Antonio Álvarez, a los que pagará una parte del variable en acciones de PagoNxt, su plataforma de pagos. Así, el banco trata de potenciarla, vinculando hasta un 10% de la remuneración variable a títulos de la plataforma: “Se prevé que la presidenta y el consejero delegado puedan recibir restricted stock units (RSUs) de PagoNxt, S.L., con el fin de alinearles con el éxito de esta unidad. (...) Concretamente, recibirían con cargo al ejercicio 2022 el equivalente a 608.000 euros en RSUs, en el caso de Ana Botín, y el equivalente a 410.000 euros en RSUs, en el caso de José Antonio Álvarez, bajo el plan de incentivos a largo plazo de la indicada sociedad”, recoge el informe financiero anual.

Sobre litigios, en la memoria aparece el que hace referencia al contencioso abierto con Andrea Orcel por su fichaje frustrado: “Mediante auto de 13 de enero de 2022, el Juzgado subsanó y complementó su sentencia reduciendo el importe total a pagar por el Banco a 51,4 millones de euros debiéndose abonar parte de esta cantidad (18,6 millones de euros) en acciones del Banco Santander y sujeta a la aplicación de los términos previstos para ejecutivos (de modo diferido y de conformidad con el plan aplicable de acuerdo con la oferta). El Banco interpondrá recurso de apelación contra la sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid. Se estima que las provisiones registradas son suficientes para cubrir los riesgos asociados a esta reclamación”. El grupo no especifica en este caso a cuánto ascienden estas provisiones.