La explotación de petróleo en el mar argentino choca contra los ambientalistas

El petróleo está en su precio más alto desde 2014 y las empresas productoras buscan nuevos territorios para conquistar. El mar argentino es uno de los codiciados: el Gobierno de Alberto Fernández tiene sobre la mesa al menos 15 peticiones para exploración petrolífera en sus aguas, según la Secretaría de Energía. En la última semana de diciembre, autorizó esta actividad en tres bloques de la Cuenca Argentina Norte (CAN) ubicados a entre 307 y 443 kilómetros de la costa de la ciudad de Mar del Plata.

Sin embargo, ese desarrollo choca contra la creciente preocupación por el medio ambiente en Argentina, un país de gran extensión y vastos recursos naturales. Los detractores al proyecto han organizado manifestaciones de protesta y han intentado paralizar también el proyecto en la justicia. Tras un primer fallo a favor de los ambientalistas, otro juez lo dejó en suspenso este viernes hasta que un tribunal de segunda instancia resuelva la cuestión de fondo, dejando abierta la puerta a una actividad que divide aguas en Argentina.

Las autoridades del país sudamericano aseguran que el objetivo es recuperar la soberanía energética y disponer así de las divisas que hoy se usan para comprar gas en el extranjero. En 2021, las importaciones de combustible y lubricantes fueron el 11% del total, por un monto de 5.843 millones de dólares, y el déficit energético ascendió a casi 700 millones de dólares. Consideran también que, en caso de encontrarse petróleo, sería una gran fuente de nuevos puestos de trabajo.

“Hoy nuestro país ha alcanzado el pico de producción de crudo y gas convencional. Dependemos del desarrollo de los recursos no convencionales de Vaca Muerta y de los recursos de la plataforma submarina”, dice la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, al defender el proyecto. La búsqueda de petróleo en alta mar corre en paralelo con la mejora de las infraestructuras de transporte energético, como la construcción de un nuevo gasoducto que tiene previsto entrar en funcionamiento en el invierno de 2023.

Videla subraya que Argentina hace ya 50 años que realiza explotación de hidrocarburos offshore en la cuenca austral, es decir, frente a las costas de Tierra del Fuego y de Santa Cruz (en el extremo sur del país), y de allí procede casi el 20% del gas que se produce hoy en Argentina. El yacimiento Hidra, el más antiguo de todos, está a sólo trece kilómetros de la costa.

La nueva concesión estatal permitirá a la petrolera noruega Equinor explorar tres áreas, aunque en la mayor de ellas, CAN 100 —de 15.000 kilómetros cuadrados— lo hará en asociación con la empresa estatal argentina YPF y a la anglo-holandesa Shell y en otro, CAN 114, sólo a YPF.

Quienes se oponen a la iniciativa denuncian que no se puede comparar la explotación existente —realizada a una profundidad inferior a los cien metros— con la proyectada en la Cuenca Argentina Norte, donde la exploración autorizada es en aguas de más de 1.500 metros de profundidad. Los ambientalistas destacan también que la iniciativa va a contracorriente de la transición energética hacia la que se dirigen la mayoría de países del mundo y de los compromisos medioambientales adquiridos por Argentina.

En enero, más de 300 artistas e intelectuales expresaron su rechazo a la iniciativa. “Eso no es soberanía. Soberanía es cuidar nuestro mar, nuestras poblaciones y nuestros territorios”, señalan en un documento firmado por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, el actor Ricardo Darín y las escritoras Gabriela Cabezón Cámara y Samanta Schweblin, entre otros.

“Vos no cierres los ojos, mirá”, advierten. “Mirá las promesas repetidas de funcionarixs y empresarixs en la tele cuando te dicen que ‘ahora sí hay un Ministerio que va a controlar’ ‘que esto ya se hizo muchas veces, que no se va a notar, que el petróleo a las playas no va a llegar, que nada malo va a pasar, que no hay animales ahí a donde van a bombardear para luego perforar’”. Recuerdan que en la audiencia pública previa a la autorización estatal, más de 400 personas, entre ellas científicos marinos, advirtieron que “la intensidad del sonido de los bombardeos acústicos para las exploraciones sísmicas es suficiente para destruir los tímpanos, y que ahí, donde las quieren estallar, existe un corredor biológico en el cual se alimentan ballenas, nadan delfines, migran pingüinos”.

Desde la Secretaría de Energía admiten que la exploración tiene consecuencias negativas para la fauna marina y para la actividad pesquera, pero subrayan que los estudios de impacto ambiental incluyen planes para minimizarlas todo lo posible.

El pre-acuerdo negociado con el Fondo Monetario Internacional para reestructurar la deuda de 44.000 millones tiene entre sus bases el impulso a las exportaciones, por lo que es esperable que el Gobierno incentive actividades como la explotación hidrocarburífera y la minería pese al importante rechazo social que generan. El año pasado, protestas multitudinarias en la provincia de Mendoza (oeste) y en Chubut (sur) obligaron a las autoridades provinciales a dar marcha atrás a proyectos mineros. El Ejecutivo nacional no parece dispuesto a ceder.

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