El alza de precios atenaza decenas de proyectos de obra pública

El 23 de noviembre de 2021, la Consejería de Salud del Principado de Asturias declaraba desierta la licitación de las obras de ampliación del Hospital Universitario de Cabuelles, en Gijón. Ninguna empresa había concurrido al no poder asumir el precio ofertado debido al encarecimiento de los materiales de construcción. Un mes después, el Gobierno asturiano se veía obligado a actualizar al alza el precio de los pliegos, de los 45 millones de euros iniciales hasta 85 millones, para atraer licitantes. Como el hospital asturiano, otro medio millar de obras públicas se han quedado en la cuneta por el alza del coste de las materias primas. El Gobierno ultima una norma para reequilibrar los precios de manera automática, según ha adelantado Europa Press.

Mientras se aprueba, comunidades autónomas como Galicia y Extremadura han aprobado las suyas. Andalucía ha actualizado la base de costes de la construcción y el Ministerio de Transportes ha incorporado la cláusula de revisión de precios en sus futuros contratos. Las administraciones no quieren que se paralicen obras estratégicas ni comprometer con ello la llegada de fondos europeos de las que muchas dependen.

“Los precios de los contratos de obra pública ahora mismo están desfasados. Las nuevas licitaciones están saliendo con precios de 2017 o 2018, cuando había una estabilidad, pero ahora con esta variación tan importante a ninguna empresa le sale rentable concursar”, explica Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). De acuerdo con el informe de su organización, entre noviembre del año pasado y los primeros 20 días de enero de 2022, 484 concursos de obras públicas, con un importe total de 230,15 millones de euros, quedaron desiertos. La mayoría (200), en Cataluña, seguidos de Galicia (96) y Andalucía (46). “Si seguimos sin actualizar los precios, sin tener un sistema que dé tranquilidad a la administración y al contratista, el problema con la llegada de los fondos europeos va a ser mucho más importante”, advierte.

“La primera licitación del hospital quedo desierta por la incertidumbre de la evolución ascendente de los precios y la escasez de materiales, que repercuten en el precio final y no permiten tener un precio estable razonable para una obra de 29 meses de ejecución”, indica a EL PAÍS un portavoz de la Consejería asturiana de Salud. Muchas de las obras que se han quedado en tierra de nadie, como el caso del hospital de Gijón, tienen que ver con infraestructuras escolares, sanitarias o hídricas.

En el caso de Andalucía, la tercera comunidad, tras Cataluña y Asturias donde las obras sin ejecutar alcanzan mayor cuantía, la Consejería andaluza de Fomento aprobó el 1 de febrero la revisión de la base de costes de la construcción para actualizar los precios de referencia, inalterada desde 2017. Apenas una semana antes, ese departamento había anunciado la construcción de 33.000 viviendas sostenibles en las que se iban a invertir 373 millones de euros de los fondos Next Generation. La de Educación también comunicó que destinaría 233 millones de esos mismos fondos a obras de bioclimatización en los colegios.

“Si no se consiguen licitantes, esos fondos corren un serio riesgo, y eso justificaría la actualización”, sostiene Roberto Galán, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla. Desde la Junta se explicó que la medida atendía a la “preocupante” situación las empresas licitadoras “derivado de los escuetos márgenes de beneficios resultantes de los precios de mercado actuales”.

Asturias también está realizando una actualización de los presupuestos de las obras que no han sido ejecutadas para evitar situaciones como las del hospital de Cabuelles. Y la Comunidad de Murcia va a hacer lo mismo después de que la Dirección General del Mar Menor diera por desistida la licitación para la construcción de 15 balsas desnitrificadoras en la desembocadura de la rambla del Albujón para limpiar los caudales, un proyecto presupuestado en 2,5 millones de euros.

“La subida de los precios no es nueva. Viene de antes de que estallara la pandemia, si bien la crisis de la covid la ha agravado”, apunta Ana Chocano, presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública de Andalucía. A diferencia de otras situaciones en el pasado, cuando el incremento de los precios se circunscribía a un material, ahora se ha extendido a todos a la vez.

Durante la pandemia, China hizo uso de sus propios materiales y el precio del transporte se encareció. Con la nueva normalidad, se produjo una inyección de liquidez generalizada en todo el mundo. Esta impulsó la demanda de unas materias primas que se producen en países con un índice de vacunación mínimo, lo que, a su vez, provoca contagios y el cierre de la producción, ahondando en su escasez. “Una tormenta perfecta”, como indica Fernández Alén, que ha conducido a subidas del 104% en el acero, el 81% en el aluminio, el 77% en el cobre, el 74% en el cemento o el 49% en la madera.

Una fórmula para los sobrecostes de las obras en curso

La actualización de los precios es una solución para allanar el camino para las futuras contrataciones, pero no resuelve el encarecimiento en las obras ya adjudicadas, cuyo sobrecoste medio es del 22,2%, según los datos de la CNC. La reforma de la Ley de Contratos del Sector Público en 2017 eliminó la obligatoriedad de incluir mecanismos de revisión de precios en los contratos de obra pública y desde entonces ninguna administración las incluye en sus pliegos. En una coyuntura en la que los precios de los materiales no se han estabilizado, los constructores han pedido al Gobierno un cambio en la ley que recupere la obligatoriedad de esa cláusula. El Ejecutivo está a punto de aprobar, además, un real decreto que habilita un mecanismo de reequilibrio para compensar los sobrecostes de las obras en curso y que garantice que los trabajos en ejecución no se paralizan o ralentizan. En la CNC han calculado que un 40% de las obras adjudicadas en años anteriores están siendo afectadas por la subida exponencial de los materiales de construcción.

El borrador del Real Decreto establece un mecanismo de reequilibrio de precios a los contratistas para compensar el alza. Este mecanismo se limita al 20% del presupuesto y solo se aplicará para las empresas que lo soliciten en un plazo de dos meses, siempre que en los pliegos no se hubiera estipulado otra cosa. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha sido el primero en reaccionar. En verano incluyó la revisión de los precios en los contratos nuevos en Adif y en diciembre la extendió al resto del departamento.

Hay comunidades que no han querido esperar a este cambio normativo que podría marcar una senda unitaria en todo el territorio y han aprobado sus propias normas de reequilibrio. Es el caso de Galicia, la primera en hacerlo en noviembre del año pasado; y de Extremadura, que siguió esa senda a principios de este año. Ambas fijan el periodo de revisión a los contratos en ejecución desde el 1 de enero de 2021, el mismo que se baraja en el borrador del Gobierno central y establecen el mismo tope del 20%. “Extremadura adoptó esta decisión para evitar los efectos de la alteración extraordinaria de los precios en los hogares, las pymes, la industria, las administraciones públicas y, en consecuencia, al sector público”, señala a este diario un portavoz del Ejecutivo extremeño, que advierte de los “importantes trastornos para el funcionamiento de buena parte de los órganos de la Junta, cuyas consecuencias hubieran acarreado no solo perjuicios económicos, sino especialmente sociales y de gestión pública”.

“Inicialmente, se estimó que con esta medida se podría dar viabilidad a 170 obras en ejecución con más de 130 empresas implicadas y 5.300 puestos de trabajo asociados”, explica un interlocutor de la Consellería de Infraestructuras y Movilidad de la Xunta de Galicia. Estas fuentes alertan de que recientemente se ha conocido que la obra de renovación ferroviaria entre Ourense y Lugo ha quedado desierta. “Esto supondrá un enorme retraso en la planificación de mejora de la línea y un riesgo para la ejecución de los fondos europeos”, advierte.

“Es necesario adoptar medidas regulatorias urgentes y extraordinarias que corrijan los efectos de la inflación y protejan los servicios de la administración y a los ciudadanos”, señalan desde la Junta extremeña. Los constructores están atentos a los efectos de las normas aprobadas por Galicia y Extremadura. “Hay cosas que nos gustan y otras no, pero damos por hecho que tendremos que negociar medidas similares con los Gobiernos autonómicos”, explica Jorge Fernández-Portillo, secretario general de Fadeco, la Organización Empresarial Andaluza de los Constructores. El empresario advierte de que el importe medio de las 500 obras objeto de licitación desiertas es de menos de 500.000 euros. “Estamos hablando de un tejido empresarial que no afecta a las grandes empresas, sino a muchas pymes”, señala.

La CNC calcula que, pese a la inflación, el sector, que supone el 5% del PIB español y está generando el doble de empleos que la media del país, crecerá en torno a un 7%. Pero Fernández-Portillo alerta sobre las consecuencias de una ralentización debido a la inflación: “La construcción tiene un efecto transversal. Para que funcione tiene que tirar del 20% de la producción industrial del resto de sectores”.