Iberdrola demanda a ‘El Confidencial’ por 17,5 millones por sus informaciones del ‘caso Villarejo’

La empresa Iberdrola, epicentro de una línea de investigación del caso Villarejo, ha anunciado este martes que ha presentado una demanda por “vulneración del derecho al honor” contra la sociedad Titania Compañía Editorial, editora del periódico El Confidencial. La eléctrica acusa al diario de emprender una “campaña de desprestigio y acoso mediático” contra ella, a través de una “sobreinformación y el tratamiento tendencioso de los hechos”, cuyo daño cifra en 17,5 millones de euros. Esta iniciativa se produce después de que el presidente de la energética, Ignacio Sánchez Galán, declarase como imputado por la contratación del comisario José Manuel Villarejo para seis supuestos encargos de espionaje; y después de que el juez instructor Manuel García-Castellón preguntase a la Fiscalía Anticorrupción si imputa también a Iberdrola como persona jurídica.

La eléctrica ha emitido este martes una nota para explicar su decisión, que ha provocado la reacción de la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España) y de la APIE (Asociación de Periodistas de Información Económica). Ambos colectivos han publicado un comunicado conjunto en el que “defienden el derecho fundamental de información, partiendo del presupuesto de que la información de este medio digital es veraz”: “La jurisprudencia sostiene que la libertad de información legitima la actuación de los medios y de sus periodistas, al tiempo que hace prevalecer el derecho a las libertades de expresión y de información sobre otros derechos cuando la noticia cuestionada es veraz, se refiere a asuntos de interés general o de relevancia pública, está verificada y debidamente contrastada con fuentes fiables”.

Según mantiene Iberdrola, su demanda se basa en dos informes periciales sobre la supuesta “campaña” de El Confidencial, al que también acusa de publicar “noticias que son directamente inexistentes o contrarias a la verdad”. La compañía detalla que el periódico ha publicado “75 informaciones anuales sobre Iberdrola” relacionadas con el caso Villarejo. “Esa publicación de noticias se hace aplicando una técnica de sobreinformación o saturación, pues los períodos de tiempo que median entre cada información son extremadamente cortos”, afirma la compañía, que añade: “Todas tiene un mismo enfoque y sesgo. Son agresivas, tendenciosas e incluso directamente falsas”.

Iberdrola y Sánchez Galán se encuentran en el punto de mira de la Audiencia Nacional desde hace meses. El juez instructor del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, imputó al presidente de la eléctrica al considerar que existen suficientes indicios de que conocía la contratación por parte de la compañía de Villarejo, que cobró más de un millón de euros por supuestos encargos de espionaje. El comisario accedió presuntamente a bases de datos confidenciales, con el objeto de recabar datos de las víctimas que después facilitaba a la empresa. Según el magistrado, se han encontrado 15 facturas emitidas y abonadas por la energética a Cenyt, la red empresarial del policía, con conceptos “manipulados” para ocultar la verdadera finalidad de los trabajos encargados a la trama.

Iberdrola y su presidente no solo han arremetido hasta ahora contra El Confidencial, también lo han hecho contra el magistrado, al que han acusado de traspasar todas “las líneas inimaginables”, de generarles un “daño reputacional” y de “añadir imaginativamente” datos para mantenerlos bajo sospecha. La eléctrica también ha abierto una batalla judicial contra José Antonio del Olmo, un antiguo ejecutivo de la compañía que, según el juez, comunicó a sus superiores en 2004 “diversas irregularidades detectadas”, y que depositó un informe en una notaría sobre ellas, que se encuentra incorporado al sumario. García-Castellón, que considera clave su testimonio, ha planteado que Del Olmo quede amparado por la directiva europea para proteger a denunciantes de corrupción.