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Bruselas desafía todas las críticas y otorga a la nuclear y al gas la etiqueta de energías verdes

La Comisión Europea incluye a ambas fuentes en la taxonomía que clasifica las actividades sostenibles a efectos de inversión. España se reserva el derecho a aplicar sus propios criterios, más exigentes

Una planta de energía nuclear en Grohnde, Alemania.
Una planta de energía nuclear en Grohnde, Alemania.picture alliance (dpa/picture alliance via Getty I)

Nuclear, sí, por qué no. Y ya puestos, gas también. Tras meses de titubeos y consultas con las capitales, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha logrado aprobar este miércoles el proyecto de reglamento que clasificará a la nuclear y al gas como energías que pueden contribuir a la lucha contra el cambio climático y, por tanto, merecedoras de una etiqueta verde que puede atraer inversiones multimillonarias. Von der Leyen ha asumido la polémica decisión a sabiendas de que contradice la opinión de la mayoría de los técnicos consultados y de que se expone a una denuncia de varios socios de la UE ante el Tribunal de Justicia europeo. El Gobierno español, uno de los más beligerantes contra la propuesta, se ha reservado el derecho de aplicar sus propios criterios, con estándares más exigentes de lo que pretende Bruselas.

La comisaria de Mercados Financieros, Mairead McGuinness, ha asegurado tras aprobarse la medida que “la UE está comprometida con lograr la neutralidad climática en 2050″. “Y necesitamos todos los instrumentos disponibles”, ha añadido. La comisaria ha recordado que para lograr ese objetivo se requieren inversiones multimillonarias y para ello “hace falta acelerar la inversión privada”. La taxonomía es el instrumento elegido por la Comisión para señalar a los inversores las actividades que pueden ser calificadas como sostenibles o que contribuyen a reducir las emisiones.

La propuesta de Von der Leyen ha salido adelante, pero provocando fisuras en el colegio de comisarios. McGuinness ha reconocido que se ha tenido que someter a votación, algo relativamente excepcional en un organismo que suele decidir por consenso. Y aunque la comisaria asegura que se ha aprobado “por una abrumadora mayoría”, varios comisarios no han dudado en votar en contra. Entre ellos, el vicepresidente de la Comisión y jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, según confirman fuentes comunitarias. La comisaria portuguesa, Elisa Ferreira, responsable de los fondos de cohesión, también figura entre las voces discrepantes, un grupo del que forma parte, además, el comisario de presupuestos, el austriaco Johannes Hahn.

La decisión de este miércoles clasifica a la energía nuclear y al gas entre las tecnologías de transición, es decir, las que no pueden ser reemplazadas todavía por otras tecnologías bajas en emisiones y más sostenibles. En el caso de la nuclear, esa etiqueta se concederá a los proyectos que sean aprobados antes de 2045. Dados los plazos de construcción de tales infraestructuras y su vida útil, los nuevos reactores nucleares podrían estar en funcionamiento hasta finales de este siglo o principios del siglo XXII. En gas, la fecha de corte para inversiones compatibles con la taxonomía es 2030 y está supeditada a condiciones, con un límite de emisiones de 270 gramos de CO₂ por kilovatio hora (Kw/h).

McGuinnes ha subrayado que “la taxonomía no es un instrumento de política energética, cada Estado sigue siendo libre de elegir su mix energético”. La comisaria recuerda que la taxonomía “no ordena que haya inversiones en ciertos sectores, ni impide que haya inversiones en actividades no recogidas en la clasificación. Es un instrumento voluntario”.

Los últimos meses han sido un fuego cruzado de declaraciones suscritas por uno o varios países de la UE a favor y en contra de la propuesta de Von der Leyen. España se mantiene en el grupo de países más beligerantes con la propuesta de taxonomía de Bruselas. “No envía las señales adecuadas a la inversión en energía limpia, desde el momento en que otorga el mismo tratamiento al gas y la nuclear que a fuentes indiscutiblemente limpias, como la eólica o la solar”, critican desde el Ministerio de Transición Ecológica. Este departamento teme que pueda “distraer fondos e inversiones que podrían destinarse en la dirección correcta: las tecnologías renovables”, informa Ignacio Fariza. Tanto es así, que el Gobierno se reserva la posibilidad de aplicar un estándar mejorado, “aplicando la propuesta original, como ya hizo España con su primera emisión de bonos verdes en verano de 2021″. Austria y Luxemburgo, incluso, han anunciado que llevarán una eventual inclusión de la nuclear a la justicia europea.

“Teníamos que elegir entre incluir la nuclear y el gas como energías de transición sujetas a criterios estrictos o dejarlas fuera y que se prolongara el debate”, defiende una fuente comunitaria la decisión. Von der Leyen ha optado por zanjar la polémica con un reconocimiento de la necesidad de contar de manera temporal con inversiones en dos fuentes de energía que parecían condenadas a un rápido abandono. Ambas logran un respiro que podría prolongar su contribución al mix energético hasta mediados o finales de este siglo.

Decisión polémica

El proyecto de reglamento entrará en vigor de manera automática el próximo 1 de enero, salvo que el Consejo de Ministros de la UE o el Parlamento Europeo lo veten. Las dos instituciones disponen de un plazo de cuatro meses, prorrogable hasta seis, para someter el texto a escrutinio. Pero la división entre partidarios y detractores de una y otra energía hace prácticamente imposible que en alguna de las dos Cámaras se alcance la mayoría necesaria para devolver el texto a la Comisión.

La decisión se anuncia como una de las más polémicas de la actual Comisión y la primera que en dos años de mandato de Von der Leyen amenaza con dañar la autoridad y credibilidad de una presidenta, que ha optado por una férrea disciplina en la gestión del organismo comunitario. Pero la dirigente alemana ha impuesto su decisión salomónica de incluir tanto la energía nuclear como el gas en la llamada taxonomía, la clasificación que identifica con una etiqueta verde a las actividades económicas que contribuyen a la reducción de emisiones de CO₂. El etiquetado pretende orientar a los inversores y canalizar el capital hacia los sectores y actividades más sostenibles.

La propuesta no satisface por completo a ninguno de los países de la UE, pero tiende un puente entre las posiciones más extremas. Francia reclamaba un reconocimiento expreso de la energía nuclear como fuente libre de emisiones de CO₂, y Alemania, la inclusión del gas como fuente necesaria para la transición hacia un sistema basado en las renovables.

La diversidad del mercado energético europeo y la dependencia de fuentes no renovables ha hecho que, finalmente, Bruselas optase por incluir ambas energías. La nuclear todavía supone casi el 27% de la generación de electricidad en la UE y en Francia llega al 75%. El gas es esencial en países como Italia, Holanda, Grecia o Portugal

La batalla a favor y en contra de ambas fuentes de energía se inició tan pronto como la Comisión inició en 2018 la preparación de su taxonomía, una clasificación pionera a nivel mundial y que aspira a convertirse en la referencia para los inversores. El reglamento de la taxonomía se aprobó en 2020. Y en junio de 2021 la Comisión aprobó los criterios para otorgar la etiqueta verde en el sector energético, pero dejó fuera el gas y la nuclear por falta del consenso necesario.



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