Raquel Sánchez defiende el derecho a la vivienda cuya ley no pudo sacar adelante su antecesor Ábalos

Raquel Sánchez tomó este lunes posesión como nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana adulando a su antecesor, José Luis Ábalos, pero haciendo una férrea defensa del derecho a la vivienda. Esa ha sido precisamente la ley que no ha podido sacar adelante por falta de acuerdo con Unidas Podemos el hasta ahora número tres del PSOE, defenestrado de ambos cargos en el Gobierno y en el partido en la remodelación adoptada el pasado fin de semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Para la nueva ministra de Transportes —antiguo Ministerio de Fomento— la vivienda es un derecho del ciudadano, y “no hay dignidad sin vivienda”, por lo que hay que garantizar su disponibilidad a “precios asequibles”. Lo cierto es que el ministerio que dirigió Ábalos ha sido incapaz de sacar adelante la prometida ley de vivienda que permita el acceso a cualquier ciudadano, independientemente de su nivel de renta, como le exige Unidas Podemos, el socio de Gobierno de Pedro Sánchez, cuyas cinco carteras han permanecido intactas.

“Muchísimas gracias por tu trabajo y, desde luego, espero estar, como mínimo, a la mitad de tu altura”, dijo la nueva ministra en su toma de posesión a Ábalos. El ya exministro dijo estar “muy contento” de que tome el testigo, confesándose admirador de su trabajo en Gavà, de donde era alcaldesa, y subrayando la valentía de las regidoras socialistas en Cataluña.

Más allá de las declaraciones protocolarias, la nueva ministra lo tiene difícil para negociar con sus socios del Ejecutivo. Su interlocutora en la materia, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ya ha advertido de que la última propuesta de Ábalos de limitar el precio del alquiler a un 10% de subida en las zonas tensionadas (aquellas donde el precio puede dispararse) no cumple con el acuerdo de Gobierno. Eso supone que “un alquiler de 1.000 euros se podría poner en 1.100 euros”, ha dicho. Unidas Podemos quiere ir más allá y que se permita fijar el precio desde el Gobierno.

Raquel Sánchez, hasta este domingo alcaldesa de Gavà (Barcelona), se acogió en mayo a la ley catalana de alquileres para que su municipio fuera declarado zona de mercado tensionado y limitar las rentas durante cinco años. Sin embargo, parece complicado que se pueda trasladar la política regulatoria de un municipio catalán de 47.000 habitantes a todo el país.

Ampliación del aeropuerto de El Prat

No será el único asunto espinoso que tenga que afrontar Raquel Sánchez, acostumbrada a lidiar con los nacionalistas catalanes, en particular ERC, que han hecho bandera de la oposición, por motivos medioambientales, a la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat planeada por Aena.

La nueva ministra ha manifestado públicamente que lo ve como “una oportunidad”, atendiendo a la inyección de dinero que supone y a la creación de puestos de trabajo que implicaría. Pero, en el caso de que esa opción quede finalmente bloqueada, para ganar capacidad Aena podría jugar el comodín de variar el rol con que operan las pistas —actualmente, una para aterrizajes y otra para despegues—, una opción que penalizaría plenamente a Gavà porque las maniobras de aproximación de los aviones pasarían a sobrevolar los tejados de barrios residenciales.

Peajes

La ministra tiene otra asignatura sobrevenida: los peajes. Acostumbrada a escuchar las quejas de sus ciudadanos de Gavà por el alto precio que deben pagar cada vez que salen a la carretera, ahora tiene encima de la mesa el plan remitido a Bruselas para cobrar a todos los ciudadanos —también a los catalanes— por el uso de las autovías hasta ahora gratuitas a partir de 2024. Y esta propuesta, a diferencia de la vivienda, no es un brindis al sol, sino un documento oficial remitido a la Comisión Europea para que apruebe la concesión de ayudas y fondos para la recuperación supeditadas a un control fiscal.

La propuesta por escrito del Ministerio de Transportes es el cobro por el uso mediante arcos electrónicos que detecten el paso a partir de 2024, pero los socios catalanes prefieren el sistema de la viñeta, es decir, el pago por un periodo de tiempo, independientemente del uso que se haga. Además de los socios independentistas catalanes, el resto de fuerzas políticas están en contra de que se cobre por algo que hasta ahora es gratis y que supondría un lastre añadido para la recuperación económica.