Bonos verdes y cambio climático
Parece innegable la necesidad de un mayor desarrollo en el mercado de renta fija sostenible
Según la Unión Europea, la financiación de la transición hacia una economía más sostenible de aquí a 2030 rondará los 260.000 millones de euros al año. Y de esta cantidad, un porcentaje muy significativo será destinado a la mitigación y adaptación del cambio climático, como consecuencia de la urgencia que impone este desafío frente a otros objetivos sociales (educación de calidad, igualdad de género, sistemas de salud universales…) o medioambientales (gestión eficiente del agua, de los recursos naturales, impacto en la biodiversidad…). El elevado endeudamiento de los Estados y las mayores exigencias de capital a las entidades de crédito hacen que los mercados de capitales y el sector privado cobren un papel muy importante en la gestión de la crisis climática. En los últimos años, hemos visto cómo el patrimonio en estrategias de inversión sostenible (comúnmente conocidas como ISR) no deja de batir récords en volumen de activos bajo gestión. La inversión sostenible y responsable continúa creciendo exponencialmente en todas las categorías de instrumentos, pero, sin duda, uno de los activos sostenibles que mayor reconocimiento sigue cosechando en los mercados cotizados es el bono verde. Según datos de Climate Bonds Initiative, en 2020 se alcanzó la cifra de 270.000 millones de dólares en emisiones verdes. Y es que, desde que se realizara la primera emisión de esta tipología de bonos en 2007, la tendencia se ha mantenido al alza, permitiendo así alcanzar a cierre de 2020 un volumen total emitido desde sus orígenes de un billón de dólares. Sin embargo, y siendo conscientes del enorme reto que plantea la transición hacia una economía baja en carbono, ¿podemos decir que los bonos verdes son suficientes en la lucha contra el cambio climático, o debemos ampliar el universo de emisiones de deuda que aborden este desafío desde otra perspectiva?
Tal y como se señalaba anteriormente, las emisiones de deuda con carácter ambiental han sido uno de los activos con mayor protagonismo entre aquellos participantes del mercado financiero que buscaban ligar sus inversiones con la sostenibilidad. Los denominados bonos verdes tienen como objetivo la financiación de actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente o la lucha contra el cambio climático. Es decir, los fondos recaudados a través de estos bonos deben ir necesariamente destinados a la financiación de proyectos que contribuyan positivamente a la conservación del medio ambiente. Sin embargo, esta tipología de bonos no garantiza que la actividad del emisor sea necesariamente “verde” o que tenga un bajo impacto carbónico. De este modo, podemos encontrarnos con emisores que pertenezcan a sectores muy contaminantes o empresas que, incluso desarrollando una actividad con un impacto ambiental moderado, no integren la sostenibilidad y la gestión climática como pilares clave en su estrategia de negocio. Adicionalmente, debemos destacar que, generalmente, los proyectos de carácter medioambiental en los que las compañías pueden invertir cumpliendo con los estándares de bonos verdes pueden verse reducidos a un número limitado en función del sector, condicionando así la capacidad del conjunto de la economía de contribuir positivamente a la transición climática a través de estos instrumentos. De hecho, para dar respuesta a esta deficiencia, surgieron hace unos años los denominados transition bonds, emisiones con el objetivo de ofrecer financiación a aquellos proyectos que contribuían de manera positiva a la transición climática, pero que no llegaban a alcanzar los requisitos técnicos establecidos por los Principios de Bonos Verdes (GBP, por sus siglas en inglés), lanzados por ICMA.
También, en los últimos años, hemos visto cómo la industria financiera tiende a asumir erróneamente que la emisión de bonos verdes ya hace “sostenible” al emisor. Y mucho más lejos de la realidad, la valoración sobre el perfil de sostenibilidad y el compromiso de este con un desarrollo sostenible debe realizarse a través de otras herramientas, como el análisis ASG (criterios referidos a las exigencias ambientales, sociales y de gobierno corporativo).
Estas limitaciones no implican que los bonos verdes deban desaparecer del universo de inversión, o que no cumplan un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático. Y es que estas emisiones presentan una serie de ventajas que las avalan. Entre ellas, destaca el elevado grado de estandarización, del que muchas veces carecemos en el mercado de inversiones de carácter sostenible. Esto se ha conseguido, principalmente, gracias a los GBP que buscan promover la integridad de este mercado a través de una serie de pautas en términos de reporting y transparencia, que además ahora se verán complementadas por el estándar de bonos verdes desarrollado por la Comisión Europea bajo su Plan de Acción en Finanzas Sostenibles.
No obstante, parece claro que el mercado de renta fija debe evolucionar y desarrollarse para dar respuesta a una mayor alineación de la actividad empresarial con los desafíos climáticos, facilitar la adecuación de la actividad hacia un modelo de negocio menos intensivo en carbono, y ofrecer alternativas que permitan garantizar en mayor medida el compromiso del sector. En este sentido, aparecen los denominados bonos vinculados a sostenibilidad (sutainability-linked bonds, en inglés). Estas emisiones no destinan los fondos recaudados a proyectos sostenibles, sino que vinculan el nivel de cupón a la consecución de ciertos objetivos de sostenibilidad por parte del emisor. De esta manera, si el objetivo de sostenibilidad especificado en la emisión no se cumple, el emisor paga el cupón inicial acordado más un diferencial. Si, por el contrario, el emisor cumple con el compromiso de sostenibilidad especificado, se mantiene el cupón base.
¿Qué ventajas encontramos en esta tipología de emisiones? En primer lugar, permiten una mayor alineación del negocio de la compañía con los objetivos de sostenibilidad. Así, el impacto positivo no se limita a la emisión, sino que alcanza una mayor magnitud para involucrar directamente a la estrategia empresarial de la compañía en el medio y largo plazo. De este modo se consigue que aquellas empresas con mayor exposición a ciertos riesgos de origen medioambiental o las que a través de su actividad generen un elevado impacto negativo puedan mejorar estos aspectos a través del establecimiento de unos parámetros (KPI) de mejora con un claro incentivo económico. No obstante, hay que señalar que estas emisiones también presentan ciertas desventajas, ya que en estos casos suele ser la propia empresa quien define esos compromisos en materia de sostenibilidad y, por tanto, estos pueden ser más o menos ambiciosos, e incluso alargarse en el tiempo demasiado, disipando así la urgencia en su cumplimiento.
En conclusión, y respondiendo así a la cuestión inicial: parece innegable la necesidad de un mayor desarrollo en el mercado de renta fija sostenible que permita, por un lado, dar respuesta al incremento de demanda de los inversores con preferencias en sostenibilidad, y, por otro lado, fomente, desde una perspectiva más global y eficiente, la consecución de los objetivos de sostenibilidad. La buena noticia es que el sector financiero ya se está adaptando y que, a pesar de que el mercado de bonos vinculados a sostenibilidad es todavía pequeño (en torno a 40 millones de euros), en los últimos meses se viene observando un incremento del número de este tipo de emisiones, tendencia que se espera se mantenga al alza.
Claudia Antuña es analista de inversiones sostenibles en Afi.
