Juan Alfonso Ruiz Molina: “Hay que garantizar el mismo nivel de servicios en todo el territorio”

Juan Alfonso Ruiz Molina (Toledo, 59 años) lleva desde 2015 al frente de la consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha (PSOE). Con un largo recorrido en distintas administraciones, asegura que la pandemia ha puesto de manifiesto que las comunidades necesitan más recursos. Reclama una reforma del sistema de financiación autonómico que tenga en cuenta el sobrecoste de prestar los servicios públicos en áreas despobladas y envejecidas y apoya una armonización fiscal que garantice “que se tributa según la capacidad económica y no en función de donde se resida”. Cree que hay que hacer “más pedagogía de que los impuestos sirven para financiar” el Estado del bienestar y que es necesario un amplio consenso político para reformar el sistema fiscal. “Debemos bajar el tono y sentarnos juntos, con independencia del partido al que pertenezcamos”, afirma durante una entrevista en su despacho en Toledo.

Pregunta. ¿Están más cerca la normalidad y la recuperación económica?

Respuesta. Lo fundamental es terminar de combatir la pandemia. Cuando el porcentaje de población vacunada esté ya en un grado elevado tenemos que volver a la normalidad, fundamentalmente para todos aquellos establecimientos que siguen cerrados. Creo que las expectativas tienen que ser buenas.

P. En 2020 lograron superávit por primera vez en muchos años.

R. Además lo hemos hecho compatible con ser la comunidad que más gasto ha destinado a la lucha contra la pandemia y con un importante paquete de ayudas a pymes y micropymes.

P. También ha sido posible gracias a los recursos extra del Estado.

R. Por supuesto, han contribuido. Lo que se ha puesto de manifiesto es que había una insuficiencia de recursos del sistema de financiación.

P. Son de las comunidades peor financiadas. ¿Qué les perjudica más del actual sistema?

R. El modelo actual es muy sensible al ciclo económico y en ese sentido nos ha perjudicado enormemente. Desde Castilla-La Mancha reclamamos un nuevo modelo. Primero que haya suficiencia de recursos, que se inyecten más. En segundo lugar hay que pelear por la equidad vertical y horizontal. La equidad vertical significa ver cuáles son los recursos que necesita cada nivel de administración según las competencias que tiene asignadas, y en función de eso hacer el reparto equitativo. Después hay que mejorar la equidad horizontal, de manera que se tenga en cuenta el coste real que supone la prestación de los servicios en cada territorio. No hay una distribución justa de los recursos entre el Estado y las comunidades, teniendo en cuenta que las comunidades financiamos el Estado de bienestar, y debemos garantizar en todo el territorio nacional un mismo nivel de servicios.

P. ¿Es más caro prestar los servicios en Castilla-La Mancha?

R. Tenemos peculiaridades como la superficie, la densidad de población, la despoblación o el envejecimiento. Prestar los servicios es mucho más caro que en otras comunidades. Por ejemplo, Fuenlabrada, que es un municipio de la Comunidad de Madrid, necesita siete centros de salud para prestar la atención primaria; la provincia de Cuenca, con la misma población, necesita 33. Incluso dentro de la comunidad tenemos problemas de esa índole. Hay que pelear para que se tenga en cuenta un conjunto de variables que ponen de manifiesto el sobrecoste que supone prestar esos servicios en Castilla-La Mancha.

P. ¿El modelo actual ha frenado la convergencia territorial?

R. No ha ayudado. Ha motivado además un incremento no justificado del endeudamiento. Nos gustaría que se diferenciara aquella parte que es consecuencia de una infrafinanciación de lo que se debe a decisiones que han ido adoptando los diversos Gobiernos regionales. Castilla-La Mancha es una de las comunidades que más carga de deuda tiene relación al PIB, en torno al 40%. Ahora están los tipos bajos, pero es una espada de Damocles.

P. ¿Qué propone hacer con esa deuda debida a la infrafinanciación?

R. Un cambio de titularidad. El 70% del endeudamiento que tenemos es con el Estado como consecuencia del fondo de liquidez autonómica.

P. Acaban de aprobar una ley para luchar contra la despoblación.

R. Introducimos importantes ventajas fiscales, porque consideramos que la política fiscal también tiene que estar al servicio de los objetivos de política socioeconómica. Al comité de expertos en materia tributaria que está trabajando para el ministerio le haré llegar también consideraciones de este tipo, para que se tenga en cuenta que las comunidades tengamos capacidad normativa para regular los impuestos en estos territorios.

P. ¿Quiere decir tener competencias sobre impuestos como el IVA?

R. Da igual que lo haga el Estado o la comunidad. El IVA tiene mayor dificultad, pero en el impuesto de sociedades o en el IRPF sí que debería haber mecanismos para incentivar que las empresas y las personas se instalen en esos territorios.

P. En 2022 llegarán las liquidaciones negativas del sistema de financiación.

R. Espero que la Administración del Estado sea consecuente y establezca medidas para que no tengamos esa merma de recursos, que en Castilla-La Mancha puede ser de unos 330 millones. Estoy seguro de que el Gobierno estará a la altura de la situación.

P. Han aparcado un proyecto de ley de armonización fiscal.

R. Creo que es mejor esperar qué dice el comité de expertos. Además, a las comunidades se nos ha pedido que hagamos aportaciones.

P. ¿Qué significa armonizar?

R. Significa también que se haga efectivo el principio de igualdad, que se garantice que se tributa en función de la capacidad económica del contribuyente y no en función de donde se resida. Es perfectamente compatible con la autonomía financiera. No decimos que todos los tributos en todas las regiones sean exactamente iguales, pero que nos manejemos en unas bandas, porque resulta que decisiones que adoptan determinadas comunidades autónomas afectan a las finanzas del resto.

P. ¿Les afecta estar tan cerca de Madrid?

R. Es la capital. Las decisiones que se adoptan en Madrid tienen influencia en las comunidades limítrofes, negativas y positivas. A muchas empresas que les gustaría implantarse en Madrid lo están haciendo en el corredor del Henares, en Guadalajara, o en el de La Sagra, porque ofrecemos estabilidad y precios e incentivos económicos muy importante.

P. Hay quien defiende que bajando impuestos se recauda más.

R. Bajar tipos y aumentar la recaudación científicamente no está demostrado. Para el que menos gana tiene un doble efecto negativo: se beneficia muy poco de la rebaja y si se bajan impuestos hay que reducir el gasto. Va en deterioro de los servicios públicos fundamentales como sanidad, educación y servicios sociales, que son los que las rentas altas no utilizan. Si no se explican las consecuencias, todos queremos pagar menos impuestos. Hay que hacer menos demagogia y más pedagogía de que los impuestos sirven para financiar los servicios públicos.

P. ¿Qué le parece la creación de un comité de expertos para la reforma fiscal?

R. Se va a revisar todo el sistema tributario. No me parece mal. Para eso se necesita en cualquier caso consenso político y afrontar el sistema fiscal como un asunto de Estado. Debemos bajar el tono y sentarnos juntos, con independencia del partido al que pertenezcamos, para ver de qué manera entre todos podemos llegar a una solución que satisfaga lo más importante: permitir financiar los servicios públicos que prestamos a los ciudadanos.

P. Han reclamado el IVA de 2017 en los tribunales.

R. Las decisiones que tomó Cristóbal Montoro en relación con el IVA no se discutieron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se informó a posteriori, cuando el daño ya estaba hecho. Las medidas paliativas que defendía la ministra actual de Hacienda no las consideramos adecuadas, porque consistían en aumentar el déficit de las comunidades y en consecuencia un mayor endeudamiento. Reclamamos la devolución de ese importe, que estimamos en unos 130 millones. Entendemos que con la sentencia del Supremo en relación con Castilla y León y Galicia la Audiencia Nacional tiene que fallar a nuestro favor.

P. ¿Qué proyectos tienen para los fondos europeos?

R. Tenemos el Plan Avanza, en el que hemos incluido los fondos del Next Generation junto con el marco financiero de fondos europeos. Son unos 5.000 millones para proyectos públicos y público-privados que podríamos gestionar de aquí a 2027, que se corresponden con las 10 políticas tractoras del plan de recuperación. Estos fondos tienen que servirnos para dar un cambio radical a nuestro sistema productivo. A lo único que quizás pongo pegas es al plazo excesivamente corto para acometerlos.

P. También las ayudas directas a empresas se tienen que ejecutar en tiempos cortos.

R. Hemos sido muy ágiles. En este momento desde la consejería de Economía, Empresas y Empleo ya se está tramitando la convocatoria para poder hacer efectivas las ayudas.

P. Si no se comprometen o ejecutan para el 31 de diciembre hay que devolverlas.

R. Las vamos a ejecutar.