La juez notifica la legalidad de los contratos de varios inquilinos de Riba-roja que la Sareb cuestionaba

La juez de primera instancia número 3 de Llíria notificó este martes a varios vecinos de un edificio propiedad de la Sareb que tienen “derecho a ocupar el inmueble”, según consta en el auto de uno de ellos. La sociedad privada con el mandato público de vender los préstamos e inmuebles adquiridos a entidades en crisis había recurrido al juzgado al no tener constancia de la legalidad de los contratos de alquiler de las viviendas del inmueble que adquirió el 20 de octubre por impagos del promotor. Consideraba que podían estar en fraude de ley y pedía el desalojo de los inquilinos. La vista tuvo lugar en dos jornadas, el 1 y el 5 de febrero. Y esta mañana la magistrada envió seis resoluciones a otros tantos implicados, que suman en torno a 18 familias, según el vecino y abogado Juan Antonio Toledo. Los inquilinos esperan recibir el resto de autos próximamente.

La amenaza de expulsión había causado un fuerte rechazo entre los vecinos que veían peligrar de repente su vivienda de renta, aunque seguían desembolsando el alquiler de entre 400 y 500 euros al mes a la inmobiliaria del mismo propietario que la promotora, Nuevo Hogar Mediterráneo, explica Toledo. El alcalde la localidad, el socialista Robert Raga, y los vecinos se movilizaron el pasado fin de semana y el lunes y dieron a conocer a los medios de comunicación su preocupación por la situación. Raga contactó con el vicepresidente valenciano y consejero de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, de Unides Podem, que este miércoles visitará Riba-roja para mostrar su apoyo y hablar con los vecinos.

El lunes, un representante del llamado banco malo ya contactó con el alcalde para mostrar su disposición a llegar a una acuerdo. Esta tarde, fuentes de la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria reiteraron a este periódico su intensión de negociar, con la novedad de que había dado “un paso atrás para desjudicializar” el caso, pidiendo a la juez que suspendiera la vista, motivo por el que presentó un escrito. “Se ha llegado a una situación desafortunada a la que nunca se tenía que haber llegado”, indicaron. Esas mismas fuentes aseguraron que desconocían las resoluciones del juzgado, notificadas a última hora de la mañana, y que las esperaban más tarde. Añadieron que, en cualquier caso, la disposición a negociar es la misma con el objeto de solucionar la situación de los inquilinos y así se la comunicaron con anterioridad al alcalde y al consejero a los autos de la jueza. La duración de los contratos es variable, con un máximo de siete años.

Juan Antonio Toledo, vecino y abogado, mostró esta tarde su satisfacción por la decisión de la juez y aseguró que él y otros vecinos “valoran el gesto de la Sareb, del alcalde y el consejero”. También el alcalde señaló a este periódico que lo importante es que las familias tienen un contrato legal y que la Sareb ha mostrado su intención de llegar a acuerdos. “Creo que los vecinos ya pueden estar tranquilos y ahora la Generalitat, el Ayuntamiento y Sareb debemos sentarnos a ver qué arreglo podemos encontrar”, agregó.

La mayor parte del capital de la Sareb (no llega al 55%) proviene de entidades privadas, si bien el principal accionista es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), de titularidad pública, que posee un poco más de 45% del capital de la compañía. “La Sareb nació para desinvertir los bienes transferidos de las antiguas cajas de ahorro y contribuir a la recuperación de la economía”, indica en su web. Su mandato expira en 2027 y su primer objetivo es desprenderse de su cartera de activos antes de esa fecha.

Sareb mantiene una buena relación con la Generalitat, como muestra la venta el pasado diciembre a la Generalitat de 75 viviendas, que pasan a su parque público y social, en una transacción cuyo precio se acerca a los cinco millones de euros. Sareb también ha confirmado hoy que ha dado marcha atrás y renovará el alquiler a 245 familias de Torrent y Alfafar que iba a desalojar de viviendas sociales, tras negociar también con los ayuntamientos y la Generalitat.