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El juez García-Castellón imputa a Víctor Calvo-Sotelo por presuntas subvenciones irregulares

El ex secretario de Estado de Telecomunicaciones habría concedido préstamos por valor de 48,8 millones entre 2011 y 2015 a la empresa Zed

Calvo-Sotelo, durante su toma de posesión.
Calvo-Sotelo, durante su toma de posesión.PACO CAMPOS (EFE)
Agencias
Madrid -

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado el próximo 26 de febrero como investigado al exsecretario de Estado de Telecomunicaciones entre 2011 y 2016 Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, en el marco de las pesquisas sobre presuntas subvenciones fraudulentas y préstamos irregulares al Grupo Zed del empresario Javier Pérez Dolset. En diligencia fechada el pasado 6 de febrero, el titular del juzgado central de instrucción nº 6 atiende la solicitud de la Fiscalía, que había pedido la declaración de Calvo-Sotelo como investigado por las sospechas de que Pérez Dolset y su círculo familiar hubieran obtenido de forma fraudulenta subvenciones del Ministerio de Industria.

Los hechos investigados dentro de la operación Hanta tienen relación con las subvenciones concedidas al grupo de manera presuntamente irregular por importe de 48,8 millones de euros entre los años 2011 y 2015. Dentro de esta causa se investiga la quiebra de Zed. La Fiscalía Anticorrupción cree que se habrían podido producir delitos de administración desleal, insolvencia punible, fraude de subvenciones, falsedad documental, tráfico de influencias, coacciones y amenazas.

El Ministerio Fiscal sostiene que "pudo haber" una suerte de "connivencia" por parte de algunos representantes de la Administración que pudieron acordar otorgar dichas subvenciones a la empresa de Pérez Dolset, a pesar de su carácter fraudulento, como demostraría una serie de correos electrónicos de 2012.

En concreto, cita uno del 23 de agosto de 2012, remitido por la María Rodríguez de la Rúa, en aquel momento directora de Gabinete del entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, a Calvo-Sotelo. En la misiva, Rodríguez de la Rúa le explica a Calvo-Sotelo que al ministro le han dado desde el diario La Razón un documento que le adjunta sobre la actividad de Zed, y que el secretario de Estado debe evaluar, para ver la conveniencia de otorgar o no subvenciones.

En otro correo, del 27 de agosto de 2012, la entonces subdirectora General de Fomento de la Sociedad de la Información, María Ángeles Barragán Zorrilla, indica al jefe de Gabinete del secretario de Estado, Juan Corro, que también figura como investigado, que le adjunto un documento con el título Grupo Zed & Iberdrola con los datos que le había pedido.

Ya el 30 de ese mes, Calvo-Sotelo remite un correo al ministro José Manuel Soria en el que valora la trayectoria de Zed y concluye que, tras un primer análisis "de los ocho proyectos presentados [por Zed], probablemente acabemos aprobándoles tres", por un importe de unos siete millones de euros.

Explicaciones

Para el magistrado, Calvo-Sotelo, que es quien resolvió los expedientes y en última instancia aprobó las subvenciones, debe aclarar por qué en un primer momento la intención era denegar subvenciones a determinados proyectos que finalmente sí las recibieron. Asimismo, el juez encuentra relevante que "pudiera explicar si recibió algún tipo de indicación para la concesión de alguna de las subvenciones concedidas en favor del Grupo Zed", y en caso de ser así, que identifique "por parte de quién"

Además de a Calvo-Sotelo, el juez ha citado como testigos para el mismo día a María ángeles Barragán y a José Ángel Alonso Jiménez, autor de un correo electrónico que envió a Barragán.

En junio de 2017, Pérez Dolset fue detenido junto a otras siete personas por un presunto fraude de subvenciones que ocasionó un perjuicio patrimonial de más de 100 millones de euros proyectado "directamente entre los accionistas de la compañía, las entidades que la financiaron y los organismos públicos que le concedieron subvenciones", según sostenía la Fiscalía Anticorrupción. Aproximadamente un mes después salió de la cárcel tras depositar una fianza de 60.000 euros.

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