El Parlamento Europeo pide rebajar las condiciones para acceder al fondo de recuperación

La mayoría de los grupos del Parlamento Europeo alcanzaron este viernes un acuerdo para fijar su posición sobre el fondo de recuperación europeo. El texto pactado atiende varias demandas clave de países como España al relajar la exigencia de reformas estructurales y eliminar la potestad que se atribuía la Comisión para suspender el desembolso de fondos en caso de vulnerar las reglas fiscales, según explicaron fuentes parlamentarias a EL PAÍS. El documento, una vez sea respaldado por el pleno de la Eurocámara, deberá ser pactado con el Consejo de la UE, que se decanta por fijar más condiciones para los gobiernos que quieran acceder a esos recursos.

Más de 200 horas de negociación han sido necesarias para que salga adelante la posición que el Parlamento Europeo defenderá sobre el Instrumento de Recuperación y Resiliencia, que con una dotación de 672.500 millones de euros es la pieza central del paquete comunitario de reconstrucción. El texto final tiene el respaldo de los grupos del Partido Popular Europeo (PPE), los Socialistas y Demócratas (S&P), los liberales de Renew y Los Verdes. Esos cuatro grupos suman 497 de los 705 escaños de la Cámara. Aun así, también parte del grupo conservador y de la Izquierda Unitaria apoyan esa propuesta, según fuentes parlamentarias. El texto fijará la posición de la Eurocámara en las negociaciones finales de ese fondo de reconstrucción

El documento, que se prevé que se vote por el pleno del Parlamento en noviembre, coincide con tres de las aspiraciones de España: eliminar la condicionalidad macroeconómica, rebajar la exigencia de reformas vinculadas con el Semestre Europeo y lograr más anticipos de los fondos. La posición de la Eurocámara elimina, de entrada, el artículo por el que la Comisión podría retirar los fondos a países que incumplan con las reglas fiscales.

“Los países activaron la cláusula general de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, por lo que hemos acordado que cuando se desactive la Comisión nos haga una propuesta. Hasta entonces, esa disposición no se aplica”, sostiene la diputada Eider Gardiazábal, que ha sido ponente y negociadora de ese texto por parte de los socialdemócratas. En concreto, el documento señala que cuando la UE reactive las reglas fiscales, el Ejecutivo de Ursula von der Leyen deberá presentar, en un plazo de tres meses, una propuesta de enmienda que vincule el instrumento a una “gobernanza económica sana”.

El otro caballo de batalla de los países del sur, entre ellos España, era tratar de desvincular la recepción de los fondos de las reformas que se exigen dentro del paquete de deberes llamado conocido como Semestre Europeo. Alemania y el resto de los halcones, sin embargo, se han venido resistiendo a esa retirar esa fórmula, a la que también se opone Irlanda al poner en riesgo su sistema de baja tributación. El acuerdo de los partidos establece que los planes de recuperación deben responder a las seis prioridades fijadas en el reglamento, y no elimina la referencia al Semestre Europeo, pero determina que se deberán cumplirse las recomendaciones que estén “en línea” con el ámbito del instrumento de recuperación.

Pacto Verde e igualdad de género

“Hemos sido mucho más flexibles que el Consejo y la Comisión. Los países tendrán que cumplir con las recomendaciones que sean relevantes para los objetivos del programa. Y hemos decidido que esas prioridades deben estar perfectamente fijadas de antemano porque se trata de un programa de financiación europeo”, sostiene Gardiazábal. La Comisión Europea había fijado el Pacto Verde y la digitalización como los dos ámbitos en los que debían focalizarse la mayoría de las inversiones. La propuesta fija los seis ámbitos a los que deben ir los fondos: cambio climático, digitalización, pilar social, juventud, industria y apoyo a las pymes y administración pública. Si ese criterio llegara a materializarse en el pacto final, España no debería reformar el sistema de pensiones para acceder a los fondos, pero sí focalizarse en reducir la tasa de abandono escolar, por ejemplo.

Aun así, los grupos conservadores y liberales de la Eurocámara sí han querido atar que los países lleven a cabo las reformas vinculadas a los objetivos definidos. La Comisión evaluará las reformas con un sistema de calificaciones. El documento propone que, en caso de que un país obtenga mala calificación más de tres de ellas, se puedan reducir sus fondos en un 2%. La Eurocámara, además, pide su lugar dentro de esa gobernanza. “Pedimos que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre los planes nacionales”, apunta Gardiazábal.

El acuerdo entre los grupos parlamentarios también recoge demandas en las que pusieron su empeño Los Verdes, como elevar el porcentaje de inversiones verdes del fondo. El documento recoge que ese gasto será del 40%, en lugar del 30% que pidió el Consejo, y que los fondos respondan a los criterios que establece la taxonomía sobre finanzas sostenibles que la UE ha lanzado este año. “No hay financiación para combustibles fósiles”, dice con rotundidad Gardiazábal. Además, la propuesta exige a los gobiernos que presenten planes “coherentes” con los “principios” de la Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025 y especifique cómo contribuirá a la lucha para la promoción de la igualdad de genéro y contra la discriminación.

El documento será votado en comisión el próximo 9 de noviembre y ese mismo mes se prevé que, si nada se tuerce, se someta a la opinión del pleno. A partir de ahí, empezará la negociación con la presidencia de turno de la UE, que está en manos de Alemania. Aun así, la Comisión Europea prevé que, como muy pronto, se empieza a emitir deuda en verano de 2021, lo cual retrasaría hasta la parte final del año los desembolsos. La Eurocámara pide, por ello, que se den anticipos del 20% de los recursos que los países pueden pedir y que se pueda financiar gasto en el que se ha incurrido desde febrero de 2020.