El Gobierno saca adelante la renovación de la CNMC con el apoyo del PNV y de ERC
La nueva presidenta, Cani Fernández, se compromete a abstenerse si surgen conflictos de intereses
El Gobierno ha logrado sacar adelante los nombramientos de los cinco candidatos al consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con el apoyo de PNV, ERC, Unidas Podemos y PSOE y el voto en contra de PP, Vox y Ciudadanos. La oposición no dudó de la idoneidad para los cargos, pero sí su independencia, sobre todo en el caso de la presidenta, Cani Fernández, por los conflictos de intereses que puedan surgir con empresas que defendió mientras estuvo al frente del despacho Cuatrecasas. El debate entablado, al que no acudió nadie del Grupo Plural ni de EH Bildu, reflejó la crispación existente en el Parlamento entre el Gobierno y los partidos de la derecha, así como la sintonía con los grupos que ayudaron a la investidura.
La Comisión de Economía del Congreso repartió las intervenciones para analizar la idoneidad e independencia de los elegidos en tres fases. Una primera de los candidatos a vocales (Carlos Aguilar, Josep María Sala y Pilar Sánchez) y luego dos individuales para los candidatos a vicepresidente, Ángel Torres, y presidenta, Cani Fernández. Ello obligó a que los representantes de la oposición tuvieran que repartir su munición en las tres intervenciones. Mientras los representantes del PNV, ERC, Podemos y PSOE señalaron “la suficiente legitimación de origen respecto a la idoneidad y que no se incurrió en conflicto de intereses”, los del PP, Vox y Ciudadanos reseñaron sus dudas en cuanto a la independencia. Al final, Cani Fernández y Carlos Aguilar recibieron 19 votos a favor y 16 en contra y los tres vocales, 19 votos a favor, 15 en contra y una abstención (la de Ciudadanos).
Fernández se comprometió, después de hacer un repaso exhaustivo de sus 33 años de profesional como docente y abogada especializada en competencia en Cuatrecasas, a “dotar de la máxima independencia a la CNMC e impulsar una regulación eficiente y garantista que aporte reglas de juego claras que valgan para proteger a los consumidores y a las empresas”. Asimismo, reconoció su vinculación a muchos casos de defensa de empresas ante la CNMC, lo que provocará su inhibición en el consejo del organismo si surge conflicto de intereses. “Nunca se producirá conflicto de intereses, me abstendré ante cualquier duda”, manifestó Fernández, que, posteriormente en las respuestas a los diputados, defendió su independencia de criterio: “Pueden contar con ello”. “El denominador común en mi carrera ha sido el de la independencia de criterio y así seguirá siendo”.
Esa independencia se convirtió en el principal elemento de enfrentamietno de la oposición, que le preguntó también por los conflictos que pueden derivar de su marido, que trabaja en el despacho especializado en competencia Lexecom Compass. “Que usted reconozca que se va a abstener es suficiente razón para oponerse”, dijo el diputado de Vox Víctor González Coello de Portugal, que le preguntó con cuántas empresas ha tenido relación (algo que Fernández no contestó) y si conoce a Paolo Vasile (presidente de Mediaset, empresa a la que ha defendido y que ha recibido una multa de 77 millones acusada de oligopolio junto a Atresmedia). Fernández aseguró que no le conoce, aunque haya defendido a su empresa.
Más contundente fue Mario Garcés, portavoz del PP, que destacó que “si tuviera tantas incompatibilidades y se tiene que abstener no puede ser presidenta” y le preguntó: “¿Está en condiciones de dedicarse a su actividad sin abstenerse de manera genérica?” Garcés había trasladado, previamente, el malestar de su grupo por haber sido excluido de la renovación del organismo. “No cuestionamos la profesionalidad de los candidatos, pero sí la deriva antidemocrática que se produce cuando se fragmentan los equilibrios”, afirmó Garcés, que recordó que el PP intentó llegar a un acuerdo con el PSOE en 2013 (cuando se constituyó la CNMC) y no fue posible por el rechazo socialista al modelo elegido. “Hoy, sin embargo, se produce un asalto a las instituciones que provoca la captura del regulador y del regulado”, añadió Garcés, que no se quedó ahí: “Se ha producido una adulteración muy importante de uno de los organismos más significativos de la Administración, sobre todo por parte del Gobierno”.
Tanto Garcés como González y la representante de Ciudadanos, María Muñoz Vidal, preguntaron a los candidatos si eran militantes de los partidos que les proponían. Solo Aguilar, según reconoció, milita en En Comú Podem, formación por la que fue candidato en las elecciones de 2019, el resto aseguró no pertenecer a ningún partido. A Aguilar, que reconoció no ser ningún experto en competencia, se le atribuyó una cercanía al empresario Jaume Roures, que él negó (“Jamás he visto al señor Roures”, dijo) al tiempo que subrayaba que “el pensamiento personal no debe estar comprometido con la actividad profesional”. A Torres, que prometió “profesionalidad, independencia, imparcialidad y honestidad” y pidió más recursos para la CNMC, se le achacó que su relación profesional de funcionario haya sido siempre con Gobiernos del PSOE. Mientras a Josep María Sala le preguntaron cómo cuadra representar a un partido independentista en un organismo nacional, a lo que este contestó que ha colaborado para distintos grupos políticos.
La nota caliente del debate llegó de la mano del portavoz del grupo socialista, Antonio Hurtado, que enfatizó, dirigiéndose a Vox y al PP, que los candidatos eran a propuesta del Gobierno, no de los partidos. “Ustedes confunden la independencia del órgano con lo que evaluamos aquí que es la idoneidad. Están por destrozar lo que puedan y más, son unos patriotas de pacotilla”, atacó, creando un enfrentamiento con los portavoces de los dos grupos conservadores que llegó hasta el final.
Sobre la firma
