Los proveedores piden a las Administraciones 68.000 millones pendientes de pago

Las Administraciones Públicas deben a sus proveedores 68.073 millones de euros, un 15% más que hace un año y una cifra equivalente al 5,5% del PIB. Expertos y patronales sostienen que agilizar el pago de estas facturas brindaría liquidez justo cuando las empresas más la necesitan en plena crisis del coronavirus. Máxime cuando el Tesoro puede financiarse bajo el paraguas del BCE. A su vez, permitiría que las grandes también pagasen a las pequeñas. Algunos Ayuntamientos han anunciado que abonarán todo ipso facto, pero se trata de pocas iniciativas y muy desperdigadas. En 2012 ya se hizo con el Fondo de Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

“No se trata de hacerle un regalo a las empresas. Simplemente es una cuestión de que se les abone cuanto antes el servicio prestado para permitirles contar con recursos. El pago a proveedores es un mecanismo que aprovecharía la liquidez que pueda captar el Estado gracias al BCE, y que la trasladaría con comunidades y ayuntamientos a las empresas. La medida iría al corazón del problema: la falta de liquidez empresarial en el actual contexto económico”, explica Ricardo Martínez Rico, presidente de Equipo Económico. Esta iniciativa se antoja más fácil llevarla a buen puerto en la medida en que el Banco Central Europeo ha prometido que no permitirá que las primas de riesgo se desboquen, y por tanto ahora mismo el Tesoro tiene mucho más fácil acudir al mercado y financiarse que cualquier empresa. Además, tiene la ventaja de que no aumentaría el déficit y la deuda pública al tratarse de gastos ya realizados.

Esta cifra de 68.073 millones en deudas comerciales está fechada en el tercer trimestre de 2019, y se actualizará este martes con los datos que publica el Banco de España de cierre de 2019. Aun así, las cantidades no serán muy distintas. El desglose del crédito comercial pendiente por Administraciones es el siguiente: 34.813 millones se corresponden con la Administración central; 8.240 millones con la Seguridad Social; 6.218 millones con las Comunidades Autónomas y 18.802 millones con las Corporaciones Locales.

El grueso de estas deudas las acumula el Estado central. Curiosamente, los Ayuntamientos arrastran bastante a pesar de contar en su conjunto con unas cuentas saneadas, alcanzando un superávit cercano a los 5.000 millones. El grado de demora también se aprecia en el periodo medio de pago a proveedores: los municipios pagan en un promedio de 66 días; las autonomías en 40; la Administración central en 35 días, y la Seguridad Social en 14, según datos del Ministerio de Hacienda. Y, por supuesto, existe mucha disparidad entre territorios. Hay comunidades como Cantabria, Murcia o Baleares que pagan a más de 50 días. Y otras como País Vasco o Galicia que rondan los 20.

El Fondo de Pago a Proveedores ya se puso en marcha en 2012 y sirvió para dar liquidez a las empresas en un momento de asfixia financiera, con la prima de riesgo superando los 600 puntos. Ahora no llega a los 110. En 2012, la cifra de facturas sin pagar era bastante mayor: ascendía a los 90.000 millones, el 8,6% del PIB. Además, había muchas sin contabilizar en cajones o en la llamada cuenta 413, un apunte extracontable que servía para contabilizar necesidades según iban surgiendo, sobre todo de la sanidad, y que en aquel momento se convirtió en un pozo sin fondo. Ahora se ha desarrollado un mayor control y las facturas son electrónicas. Y como ha destacado en varias ocasiones la Autoridad Fiscal, los ayuntamientos disponen en la actualidad de unos 30.000 millones depositados en cuentas bancarias.

Entre mayo y junio de 2012, en las peores semanas de la crisis del euro, el Estado abonó 27.000 millones en facturas de comunidades y consistorios. El Fondo de Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica facilitaron una liquidez que escaseaba y el mecanismo se juzgó como un éxito. Así lo consideró, por ejemplo, el FMI. Entre 2012 y 2014, se desembolsaron 65.852 millones para sufragar solo facturas, según cálculos de Martínez Rico.

“Deberían sacar un decreto mañana para obligar a todas las Administraciones a pagar al contado a sus proveedores. Lo importante es que no se rompa la cadena de pago entre cliente y proveedor. Sería el triple que la línea de avales aprobada hasta ahora y se garantizaría que llega a las empresas”, afirma el economista José Carlos Díez.

Uno de los efectos benéficos atribuidos a estas líneas de pago es que no solo ayuda a las grandes. También hay mucha pyme. Y además se consigue que las compañías de mayor tamaño liquiden a su vez con sus subcontratas y suministradores. De lo contrario, el pequeño se quedará fuera tan pronto como la cadena de pagos se ponga en duda, subrayan los expertos.

Diversos consistorios han empezado ya a acelerar los pagos. Murcia, Logroño y Sevilla lo han anunciado. También lo están reclamando muchas patronales.

España aún aplica medidas muy tímidas

Se acabó el tiempo para ahorrar. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha declarado que ahora hay que hacer cuanto se pueda para respaldar la actividad. Según datos del informe trimestral del Banco de España y otros similares que maneja el FMI, solo Portugal ha puesto hasta ahora menos medidas fiscales que España en porcentaje del PIB. Los gobiernos español e italiano han anunciado iniciativas por valor del 1,4% del PIB. Si bien el Banco de España anticipa que en general se esperan muchas más. Con paquetes del entorno del 3% o superiores, sobresalen Alemania, Austria, Corea del sur y Australia. La comparativa no incluye los dos billones de dólares que aprobó Estados Unidos. Tampoco el esfuerzo fiscal de China, el país que lleva más gastado, en torno a un 6% del PIB según Deutsche Bank. El gradualismo de la vicepresidenta Nadia Calviño tiene que ver con esto. De todas formas, hoy se esperan nuevas medidas que entrañarían más gasto, como una nueva prestación para colectivos vulnerables que se han quedado sin ayuda pública.