España prorroga los Presupuestos por cuarta vez en cinco años
El Consejo de Ministros aprueba la extensión de las cuentas de 2018 para 2020. Los últimos Presupuestos de Montoro son los más longevos de la historia
El Consejo de Ministros aprobó ayer la prórroga para el próximo año de los Presupuestos de 2018. Será el tercer ejercicio consecutivo en que estas cuentas públicas estén en vigor, aunque sea por unos meses. Se trata de un proyecto diseñado por el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP), y aprobadas por la actual titular del departamento, la socialista María Jesús Montero. Es, además, la cuarta prórroga presupuestaria en el último lustro, fiel reflejo de la tremenda inestabilidad política que vive España desde 2015. La extensión provocará tensiones de liquidez en las comunidades autónomas, que, al no poder actualizarse los fondos del sistema de financiación, recibirán menos recursos de los esperados en los primeros meses del año.
Los Presupuestos Generales del Estado pasan por ser el principal instrumento de política económica de un Gobierno. Pero en los últimos años se han convertido también en un síntoma de la inestabilidad política: cuatro de los cinco últimos años han comenzado con las cuentas públicas prorrogadas por la dificultad del Gobierno de turno de aprobar un proyecto en el plazo legal. Esta incertidumbre ha limitado el margen de actuación de los diferentes Ejecutivos y ha retrasado el ajuste del déficit y la deuda pública.
El Consejo de Ministros aprobó ayer los criterios para prorrogar las cuentas de 2018 por segundo ejercicio consecutivo. “Los Presupuestos Generales del Estado se prorrogan para el próximo año en los mismos términos que figuraban en el Acuerdo de Consejo de Ministros del 28 de diciembre de 2018”, señala Hacienda en un comunicado. Serán los más longevos de la democracia y condicionarán la actuación del próximo Ejecutivo durante, al menos, los primeros meses del año, hasta que el que tome el relevo logre sacar adelante unos nuevos.
Tensiones de liquidez
Algunas comunidades autónomas han comenzado a advertir de que sufrirán problemas de liquidez y tensiones de tesorería en el arranque de 2020. Las administraciones regionales han hecho sus previsiones para el próximo año con los ingresos que les había comunicado oficialmente el Ministerio de Hacienda. Pero al prorrogar las cuentas públicas, esos recursos no llegaran hasta que se aprueben las nuevas, algo que no se espera antes de finales de mayo. Así que durante los primeros meses de 2020 las autonomías solo recibirán los ingresos de 2018, muy inferiores a los que realmente les corresponden por una mejora de la situación económica que alimenta la recaudación. Es el mismo problema que se encontró el Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2019 y que llevó a Hacienda a encargar un informe a la Abogacía del Estado para intentar desatascar el bloqueo.
La prórroga también afectará al saneamiento de las cuentas públicas. Aunque los gastos contemplados en 2018 son inferiores, la aprobación de los decretos de los viernes sociales, la subida de las pensiones del 0,9%, prevista para principios de enero —en cuanto se constituya formalmente el Gobierno—, y la subida del sueldo de los funcionarios dificultarán el cumplimiento de la meta de déficit comprometida con Bruselas para 2020, una cifra equivalente al 1,1% del PIB. Para acercarse a ese objetivo, el Ejecutivo tendrá que aprobar a lo largo del próximo año ajustes, ya sean subidas de impuestos o recortes de gastos, por más de 9.000 millones.
El ciclo de prórrogas presupuestarias comenzó en 2017. Ese año se inició con las cuentas extendidas del año anterior por las dificultades de Mariano Rajoy para formar Gobierno. No fue hasta mediados de ese ejercicio cuando se aprobaron las cuentas públicas ordinarias de ese año.
El escollo del procés
El procés también ha influido en la prórroga de las cuentas de los últimos años. El 28 de junio de 2018, con seis meses de retraso, se aprobaron los Presupuestos Generales de ese mismo año. El Gobierno de Rajoy decidió retrasar la tramitación de las cuentas públicas, que debía iniciarse en septiembre del año anterior, por el recrudecimiento del pulso secesionista tras el convulso 1-0 en Cataluña. Y aunque esas cuentas de 2018 fueron diseñadas por Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda que más tiempo ha ocupado el cargo y que ha participado en la elaboración de más Presupuestos (15), el proyecto legal fue aprobado finalmente por el Gobierno de Pedro Sánchez, que llegó a La Moncloa tras la moción de censura.
El socialista no logró sacar adelante el proyecto de 2019, lo que desembocó en la convocatoria electoral. Ahora habrá que esperar a la próxima primavera para ver si se alcanza cierta estabilidad política que alcance a los Presupuestos.
Un millar de Ayuntamientos modificarán el IBI en 2020
Cláusula de salvaguarda
El Real Decreto Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros incluye la aprobación de los coeficientes de actualización de los valores catastrales de inmuebles urbanos para 2020 como ha ocurrido en los tres últimos años. Esta medida permitirá a 1.092 municipios actualizar el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), su principal fuente de financiación propia, desde el próximo 1 de enero. Sin embargo, no todos estos Ayuntamientos subirán el impuesto: la actualización también servirá para que algunos lo reduzcan. “Las subidas y bajadas medias globales en conjunto alcanzan un 3%. El incremento máximo no supera el 5%”, explicó ayer el Ministerio de Hacienda a través de un comunicado.
En los próximos días el
Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicará la lista de municipios que subirán o bajarán el IBI. La medida sólo afecta a inmuebles urbanos y solo se implicará a los consistorios que lo hayan pedido. Los alcaldes que hayan solicitado la actualización solo podrán hacerlo si han transcurrido al menos cinco años desde el último procedimiento de valoración. Y solo si existen grandes diferencias entre los valores de mercado y los catastrales. El valor catastral es aproximadamente la mitad del valor de mercado.
Los impuestos sobre la vivienda —el IBI, la plusvalía municipal y el de transmisiones patrimoniales— están entre los más elevados de las economías desarrolladas, según la OCDE, el
think tank
de los países ricos. En España, la recaudación del IBI se ha multiplicado por ocho desde 1990.
Por otra parte, el decreto también recoge la prórroga de la cláusula de salvaguarda de las pensiones. Es decir, garantiza el año que viene el mantenimiento de la normativa previa a la reforma de la Ley de la Seguridad Social de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011. El Gobierno de Mariano Rajoy limitó esta cláusula hasta 2018, pero Pedro Sánchez la prorrogó 12 meses más.
La norma permitía que trabajadores despedidos antes de la reforma de agosto de 2011 accedieran a una jubilación con las condiciones establecidas antes de la reforma, o después como consecuencia de ERE previos a la misma. La prórroga también permitirá que algunos trabajadores despedidos con 54 o 55 años antes de 2011 puedan jubilarse en las mismas condiciones que había antes de la reforma de Zapatero.
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