Hacienda obliga a Andalucía a hacer ajustes por el déficit de la Junta socialista

La Junta de Andalucía no podrá captar financiación en los mercados en 2020 por haber incumplido el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto en el ejercicio 2018, cuando la Junta estaba en manos de la socialista Susana Díaz. La comunidad tendrá, por tanto, que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un instrumento extraordinario de liquidez creado para facilitar la financiación de las autonomías más ahogadas por la deuda, que supone que las regiones beneficiarias establezcan medidas para corregir el desfase, a cambio de ajustar sus cuentas. La Ley de Estabilidad obliga al Gobierno central a dar este paso en caso de incumplimiento, pero la Junta, dirigida por el PP y Ciudadanos, ha acusado este lunes al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “intervenir financieramente” a la comunidad. El Ministerio de Hacienda está hoy en día dirigido por quien en 2018 era la responsable de las cuentas del Ejecutivo andaluz, María Jesús Montero. 

Para la Consejería de Hacienda andaluza, esta decisión, comunicada en una carta fechada el 5 de diciembre, implica una reversión de las medidas adoptadas en materia fiscal en el último año y de las previstas en los los Presupuestos de 2020, así como la obligación de realizar recortes. El Gobierno andaluz recuerda que las cuentas de 2018 por las que se les penaliza fueron elaboradas por anterior Ejecutivo regional socialista, cuando la responsable de las cuentas era Montero.

Hacienda niega por su parte que el contenido de la carta implique una intervención financiera y alega que se enmarca dentro del cumplimiento de la ley, además de negar que trate de bloquear la gestión del bipartito, como afirma la Junta. “Decir que una comunidad autónoma está intervenida por financiarse exclusivamente a través del FLA o de la Facilidad Financiera es faltar a la verdad y, de hecho, esta ha sido la situación que han atravesado la mayoría de comunidades autónomas y Andalucía desde 2012 hasta finales de 2018”, reza una nota enviada este lunes por Hacienda. 

También el líder del PP, Pablo Casado, ha criticado este lunes la decisión de Hacienda, ha pedido que Montero explique las razones de esta "intervención" y ha añadido que si el Gobierno fuera coherente tomaría la misma medida para comunidades gobernadas por el PSOE, como la valenciana. En respuesta a Casado, el presidente valenciano, Ximo Puig, ha mostrado su sorpresa por “el absoluto desconocimiento de cómo funciona el sistema autonómico” del líder del PP y del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA), informa Ferran Bono. Ha señalado que la Comunidad Valenciana ya ha realizado los ajustes exigidos a Andalucía y ha manifestado que sus palabras son un insulto a los valencianos. “En vez de pedir que se solucione la mala financiación de los valencianos, intenta enfrentar a los territorios”, ha manifestado.

Requisitos para acceder a los mercados 

En junio de 2018, el Gobierno de Sánchez estableció los requisitos para que las regiones acogidas al FLA pudieran abandonar este mecanismo y pasar a financiarse en los mercados: estar adheridas al compartimento de Facilidad Financiera —mecanismo de financiación dirigido a las autonomías que cumplen con las reglas presupuestarias, pero que no implica un control tan estricto de las cuentas como el FLA— y cumplir con los objetivos de déficit, deuda pública y regla de gasto.

Andalucía cumplía con estos requisitos en 2017 y abandonó el FLA para pasar a financiarse en los mercados y a través del mecanismo de Facilidad Financiera. También Galicia y Baleares empezaron a financiarse por esta vía, explican fuentes de Hacienda, que añaden que Andalucía ha sido la única de las tres en incumplir las reglas fiscales.

Esto implica que Andalucía tenga que volver al FLA, abandonar los mercados y presentar un plan de ajuste. “Hacienda no exige un plan de ajuste arbitrariamente a la Junta de Andalucía, sino que simplemente se limita a cumplir lo que marca la normativa”, reza la nota publicada por el ministerio.

El consejero de Hacienda andaluz, Juan Bravo, que esta mañana ha insistido, como el resto de los miembros del Gobierno regional, en enmarcar la decisión del ministerio como un ataque a la gestión económica y política de la Junta, ya advirtió el 9 de octubre de este año, sin embargo, de la posibilidad de no poder acudir a financiarse a los mercados, semanas antes del debate sobre la totalidad de las cuentas  autonómicas de 2020. "El incumplimiento del Gobierno anterior podría poner en peligro el retorno a los mercados, que tan buenos resultados nos ha dado en el año 2019 [...] En este punto no cabe otra opción que esperar la cooperación del Gobierno de la nación [...] Los andaluces no pueden ser penalizados y permitir que Andalucía con su nuevo Gobierno continúe con su estrategia de salir a los mercados", dijo entonces Bravo que no se refirió a esta circunstancia como una intervención estatal de la economía.

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria estipula que las comunidades autónomas en situación de incumplimiento deben presentar un Plan Económico Financiero en el que detallen cómo van a corregir los desfases. “Las comunidades son libres para determinar los ajustes que quieren realizar, desde el ministerio no se les obliga a que eliminen las rebajas fiscales o recorten en áreas concretas”, advierten. Andalucía ha sido una de las regiones que más se ha beneficiado de los mecanismos extraordinarios de liquidez, recibiendo más de 36.000 millones entre 2012 y 2019, solo por detrás de Cataluña y Valencia. Aragón, Castilla La Mancha, Extremadura, Valencia y Murcia siguieron recibiendo dinero del FLA en 2019, mientras que País Vasco, Navarra, Madrid y Castilla y León se financian a través de los mercados. 

Bravo también ha disipado el temor, propagado por su propio Ejecutivo, de que el plan de ajustes incluya recortes en sanidad o educación. “Este Gobierno no va a recortar nunca en educación, sanidad y dependencia, eso lo pueden tener seguro", ha afirmado en Canal Sur. El consejero ha dicho que aún queda margen para negociar y ha insistido en vincular la carta con un embate del Gobierno central a las políticas de la nueva Junta. 

En su época de consejera de Hacienda en Andalucía, Montero redactó y aprobó los Presupuestos de 2017 y 2018. La ahora ministra socialista es objeto de diana constante por parte del Ejecutivo bipartito y de sus partidos, que impulsaron su reprobación en el Parlamento andaluz por hacerla responsable de “bloquear” la entrega a la comunidad de 1.350 millones de euros por las entregas a cuenta de la financiación autonómica y la recaudación del IVA.

Objetivo de déficit

Andalucía cerró el déficit del ejercicio de 2018 en el 0,41%. A lo largo de 2019 se declararon gastos sobrevenidos imputados a 2018, lo que hizo que el déficit definitivo de 2018 se fuera al 0,51% (813 millones), por encima del objetivo fijado del 0,4%. Esos gastos sobrevenidos se deben al cumplimiento de sentencias judiciales condenatorias contra el anterior Gobierno socialista. Entre ellas, la del retraso de las obras de la Línea 1 del Metro de Sevilla (167 millones de euros, incluidos casi 38 millones por intereses) y la del llamado caso Nevada, por el que la Junta fue condenada a pagar 165 millones de euros a un promotor inmobiliario por paralizar su centro comercial en Granada.

Para el anterior consejero de Hacienda, el socialista Antonio Ramírez de Arellano, la carta enviada por el Ministerio de Hacienda plantea “una cuestión técnica” que no implica ni la “intervención” de la comunidad, ni obliga a esta a hacer “recortes”, como ha dicho el actual Gobierno de PP y Ciudadanos. “Eso son excusas absurdas”, ha comentado. “No hay ningún peligro de liquidez. Es lo mismo que se ha hecho siempre cuando no se cumplen los requisitos para emitir deuda pública”.