El convulso negocio gasístico de una empresa de la Xunta en Malta

Malta, ese pequeño archipiélago de la Unión Europea de laxa fiscalidad e instituciones salpicadas por graves acusaciones de corrupción, tiene una empresa registrada por cada cinco habitantes. La constitución de nuevas sociedades es tan frenética que los abogados más fecundos llegan a hacerse un lío. Eso le ocurrió al despacho de Stuart P. Blackburn cuando ejerció como representante en la isla mediterránea de Reganosa, una empresa con sede en Mugardos (A Coruña) de la que la Xunta de Galicia posee un 28% y cuya propiedad comparte con el grupo privado Tojeiro (59%).

Blackburn, relacionado con decenas y decenas de firmas, fue el encargado de tramitar en octubre de 2016 la constitución de Reganosa Malta, una filial que la multinacional gallega creó tras recibir un contrato para operar y mantener la planta de regasificación del país. El consorcio que le subcontrató la gestión está ahora salpicado por una trama de corrupción en la que incluso se investiga el asesinato de una periodista.

La propia creación de la filial gallega en Malta ya arrastra alguna irregularidad desde su origen. En el certificado que el abogado entregó en el Registro Mercantil de Malta, para demostrar que Reganosa había aportado 1.410 euros de capital y tasas, hizo constar que el dinero había sido transferido por una misteriosa empresa: Galapagos Investments Limited. Esta sociedad con sede en Malta es además propiedad del propio Blackburn a través de dos firmas interpuestas (Osiris Trust Limited y Osiris Holding Limited), según consta en el registro.

KPMG, la consultora a la que recurrió la empresa participada por la Xunta para resolver el papeleo de su aterrizaje en el archipiélago, sostiene en una carta facilitada por Reganosa que la aparición de Galapagos Investments Limited se debe a un error y que "no hay absolutamente ninguna conexión" entre la gasística con sede en Mugardos (A Coruña) y esa sociedad. La consultora internacional alega que el "empleado" que hizo el trámite "usó sin darse cuenta como base el documento de Word que se utilizó para el certificado de otra compañía” que también estaba registrando por aquellas fechas “para otros clientes totalmente ajenos a Reganosa Malta”. Y se olvidó de borrar de esa plantilla la denominación de la anterior sociedad.

La documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS confirma que Reganosa sí transfirió los fondos a KPMG para constituir su filial en Malta. Fue al ser preguntada por este periódico sobre su relación con Galapagos Investments Limited cuando la multinacional gallega descubrió el error del abogado colaborador de KPMG, que fue subsanado el pasado 18 de noviembre en el Registro Mercantil del país mediterráneo. Reganosa explica que otorgó a Blackburn un poder para que le representara solo durante los trámites de constitución de su filial maltesa y alega que se lo concedió a él porque así se lo indicó KPMG. Los responsables de la gasística no lo conocen ni tenían entonces información sobre su trayectoria, afirman. Con él, añaden, ya no mantienen ningún vínculo.

La frenética actividad profesional de Blackburn, relacionado desde los años ochenta con medio millar de empresas según el registro mercantil de Malta y la base de datos Offshore Leaks de The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), salió a la luz en las investigaciones periodísticas de los conocidos como Los Papeles del Paraíso. El diario digital El Confidencial lo señaló en 2017 como director de 250 empresas y como supuesto testaferro de millonarios de Azerbaiyán. Este país caucásico también está relacionado con el contrato de Reganosa en Malta. La planta de Delimara (en el sureste de la isla principal) que opera la firma gallega fue adjudicada por el Gobierno maltés a un consorcio privado denominado ElectroGas Malta y del que forma parte -junto a Siemens y una firma local- Socar Trading, el brazo comercial de la petrolera estatal de Azerbaiyán. ElectroGas subcontrató a su vez a Reganosa para operar la terminal durante 18 años por una cifra que la gasística sitúa en 600.000 euros anuales.

El contrato de la regasificadora otorgado por el Gobierno de Malta a ElectroGas está envuelto en turbias sospechas de corrupción por presuntos sobornos de la empresa a miembros del Ejecutivo del Partido Laborista que esta semana se han agravado. Uno de los principales directivos de la compañía que contrató a Reganosa, el magnate maltés Yorgen Fenech, fue detenido el pasado miércoles como presunto cerebro del asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia. Caruana estaba investigando las conexiones entre ElectroGas y un ministro a través de empresas pantalla y testaferros cuando una bomba en los bajos de su coche acabó con su vida en 2017.

Tras el arresto, Reganosa señala que ha pedido explicaciones al consorcio maltés "sobre la situación y su alcance" y analiza si el golpe puede afectar a sus "intereses". Fuentes de la empresa gallega afirman que su "prioridad" tras lo ocurrido son la treintena de trabajadores que tiene en el archipiélago. El contrato obtenido en Malta fue celebrado en su día tanto por la gasística gallega como por la Xunta como un "hito" y un "impulso" para Reganosa en su salto al "mercado global".

Las sospechas de corrupción sobre el contrato que otorgó el Gobierno maltés a ElectroGas han llegado incluso al Consejo de Europa. Su Asamblea Parlamentaria aprobó el pasado junio una resolución que afirma que la adjudicación de la regasificadora maltesa al consorcio fue “altamente irregular”, ya que la empresa estatal de petróleo de Azerbaiyán obtuvo grandes beneficios suministrando el gas a la planta que opera Reganosa a un precio superior al promedio del mercado. Según el dictamen europeo, miembros del Ejecutivo que licitó el complejo iban a recibir pagos de personas vinculadas a ElectroGas a través de empresas radicadas en Panamá. La policía de Malta fue alertada pero, afirma el Consejo de Europa, nunca actuó contra los políticos señalados.