La OCDE diseña una ‘tasa Google’ para que las multinacionales tributen donde tengan sus usuarios
La organización plantea un impuesto unificado para 134 países y espera aprobarlo el año que viene
¿Está más cerca la creación de una tasa Google global? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha dado un paso más en el diseño de una estrategia que aborde los retos de la economía digital. Un informe publicado este miércoles, fruto de una iniciativa en la que participan 134 países, señala que el organismo propone que las grandes corporaciones tributen donde estén sus usuarios, sin importar el domicilio fiscal de las compañías. La OCDE prevé aprobar en 2020 una medida concreta, que no afectaría solo a las grandes tecnológicas.
“Las reglas actuales se remontan a la década de 1920 y ya no son suficientes para garantizar una asignación equitativa de los derechos fiscales en un mundo cada vez más globalizado”, reza el documento de la OCDE publicado este miércoles. El organismo, que en marzo de 2017 aceptó el encargo del G20 de reformar las normas de la fiscalidad internacional ante los retos de la digitalización, se refiere a que las normas fiscales en vigor hoy en día establecen que las grandes multinacionales paguen impuestos solo si tienen presencia física en el territorio. Y dejan muchos resquicios porque apenas regulan la nueva economía digital en un mundo cada vez más conectado donde los datos son parte del mercado.
La propuesta presentada este miércoles revolucionaría este concepto: el organismo plantea que las grandes corporaciones tributen allí donde estén sus usuarios, con independencia de que tengan presencia física en el territorio. La medida no solo afectaría a empresas como Google o Facebook; también alcanzaría a grandes multinacionales de otros sectores cuyo negocio esté orientado a los consumidores, según señala de manera muy genérica el documento.
“Al final afectaría a toda la distribución”, resume Javier Fernández Carcedo, socio de PwC Tax & Legal Services. Explica que esta disposición responde a la necesidad de buscar un equilibrio entre todos los países que participan en la iniciativa, sobre todo EE UU, donde tienen su matriz las grandes tecnológicas. “La valoración es buena, porque hay que encontrar una solución a los retos de la economía digital, pero su implantación es complicada”, advierte.
El organismo, que someterá su propuesta a consulta pública el próximo noviembre, tiene el objetivo de lograr un enfoque conjunto en enero de 2020 y aprobar la medida a finales del año que viene. De momento, su propuesta solo traza unas líneas genéricas, pero con un planteamiento muy claro para cumplir con esta misión.
El documento de la OCDE plantea que una parte del beneficio extraordinario de las multinacionales se reparta entre los países donde estén sus clientes, sin definir de manera clara cómo se calcularían estas partidas. Pero la idea es clara: evitar que el grueso de los beneficios se desvíe a países con tratamientos fiscales más favorables. Por ello, también propone mantener los precios de transferencia, el que las matrices cobran a las filiales por derechos y patentes que les permiten trasladar artificialmente beneficios a países con menor carga fiscal, una estrategia legal, aunque plantee corregirlos. Asimismo, el documento sugiere implantar mecanismos de prevención y resolución de conflictos “legalmente vinculantes y efectivos” a los que puedan tener acceso los Gobiernos y las multinacionales que se vean envueltas en un conflicto.
De momento, solo Francia y el Reino Unido tienen aprobada una tasa Google para evitar perder recaudación fiscal. Bruselas propuso, sin éxito, gravar con un tipo del 3% el volumen de negocio de las plataformas de publicidad online, intermediarias o de venta de datos con una facturación superior a los 750 millones de euros a nivel global y 50 millones en Europa, un esquema parecido al que propuso el Gobierno español.
La difícil búsqueda de un equilibrio
La propuesta lanzada este miércoles por la OCDE no alteraría mucho la recaudación global, según Javier González Carcedo, socio de PwC. “Si esta propuesta se pusiera en marcha, se produciría un traspaso entre países”, comenta. “España es una incógnita porque es un país intermedio con muchas matrices que exportan bienes”, añade. La Comisión Internacional para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRIT, por sus siglas en inglés), una organización sin ánimo de lucro que vela por la justicia fiscal, lamenta que la propuesta planteada este miércoles es un avance, pero podría dar lugar a una reasignación limitada de la recaudación, que beneficiaría más a los países desarrollados y aumentaría la desigualdad con los más pobres.
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