Los condenados por las tarjetas ‘black’ recurren en masa al Constitucional
El alto tribunal ha ido rechazando las pretensiones de los sentenciados, según fuentes del órgano
Los condenados en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia han recurrido en masa al Tribunal Constitucional (TC) para tratar de revocar sus penas. Según los datos recabados por EL PAÍS, al menos 25 de los 64 sentenciados por el Supremo han acudido ya al tribunal de garantías. Aunque, según han explicado fuentes de este órgano, tras elaborar los preceptivos informes técnicos, la Sección Primera ha ido rechazando paulatinamente sus pretensiones.
El alto tribunal sigue así la línea marcada el pasado abril, cuando desestimó el recurso presentado por Rodrigo Rato, expresidente de la entidad financiera y condenado a cuatro años y medio de cárcel por la trama —pena que cumple actualmente en la prisión de Soto del Real (Madrid)—. El exvicepresidente del Gobierno alegó que se habían vulnerado durante el proceso sus derechos a la intimidad, a la protección de datos, a un proceso con todas las garantías, a la presunción de inocencia y a la libertad personal. Pero el Constitucional rechazó esa tesis y no admitió siquiera a trámite su recurso por "carencia de trascendencia constitucional".
Entre los condenados que han acudido al TC se encuentran, por ejemplo, los cuatro que aún permanecen encarcelados: el propio Rato; José Antonio Moral, exconsejero a propuesta de IU; Francisco Baquero, de CC OO; y Estanislao Rodríguez-Ponga, ex secretario de Estado de Hacienda. Y también los 11 que se encuentran en régimen de semilibertad y que solo van a dormir a prisión.
Abstención de un magistrado
El magistrado Alfredo Montoya, que pertenece a la Sección Primera, pidió abstenerse en la decisión sobre esta batería de recursos. Según explican fuentes del alto tribunal, esta solicitud se debió a que conocía personalmente a algunos de los implicados.
En octubre de 2018, el Supremo refrendó las principales conclusiones de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en 2017 e impuso penas de entre tres meses y cuatro años y medio de cárcel para los acusados —. Los jueces insistieron entonces en que los responsables de la entidad y los beneficiarios de las tarjetas dispusieron "a su antojo" del dinero de la caja para gastos personales “sin control de ninguna clase y sin reflejo fiscal". Según los cálculos de la Audiencia Nacional, llegaron a gastar 12,5 millones de euros.
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